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Imagen ilustrativa con un altavoz y la palabra "pronunciamiento"

Pronunciamiento: Sociedad civil llama a impulsar reformas que respeten los derechos de personas con discapacidad

  • Iniciativa presentada por Ricardo Monreal Ávila no contribuye a resolver de manera estructural la discriminación, criminalización y violaciones a derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial que se enfrentan al sistema de justicia penal.
  • Urge que México atienda las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto a la eliminación de las medidas de seguridad y la necesidad de reformar la figura de inimputabilidad.
  • OSC y activistas convocamos al senador y al Poder Legislativo a un diálogo abierto y democrático para revisar y construir en conjunto las reformas necesarias.

Ciudad de México, 30 de enero de 2020. Esta semana, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 67 del Código Penal Federal con la que busca que personas con discapacidad psicosocial e intelectual declaradas inimputables sean internadas en centros especializados con el fin de proveerles del “tratamiento penal correspondiente” y garantizar su derecho al acceso a la salud.

Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes coincidimos con la urgente necesidad de “implementar mejores prácticas y criterios en cuanto a la imposición de las medidas de seguridad y tratamiento para las personas inimputables”, como la iniciativa señala, sin embargo, consideramos que plantear la creación de instituciones especializadas como una solución refleja una mirada reduccionista sobre el problema de la salud mental y, peor aún, alienta la reproducción de un esquema de atención fallido que ha demostrado ser ineficiente y provocar aún mayores sufrimientos que los que busca resolver.

Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Relator sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, la Relatora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, reconocen el necesario y urgente viraje que debe tomar la atención a la salud mental: la institucionalización, la privación de la libertad, el rompimiento de vínculos sociales y la segregación distan mucho de ser una respuesta adecuada puesto que atenta por sí misma contra la salud mental. 

En ese sentido, cualquier iniciativa que aborde este tema debe alejarse de la creación de más espacios de aislamiento y pronunciarse por enfoques de recuperación en donde se privilegie la atención en la comunidad, la restitución de los vínculos sociales, el proyecto de vida y la inclusión en la sociedad. 

Si se busca dar una respuesta adecuada a la situación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que se enfrentan al sistema de justicia penal y penitenciario es necesario atender  las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el examen al Estado mexicano de 2014 y las vertidas en el dictamen del caso Arturo Medina vs. México en 2019 que señalan la necesidad de eliminar las medidas de seguridad que implican tratamiento médico-psiquiátrico forzoso en internamiento y reformar las legislaciones a nivel local, estatal y federal en relación con la figura de inimputabilidad. 

La intención de proteger los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito penal no debería traducirse en la creación de nuevos espacios de institucionalización, pues se trata de una respuesta que refleja los prejuicios que históricamente han llevado a su exclusión y aislamiento.

Los esfuerzos deben volcarse a garantizar su igualdad ante la ley; el acceso a la justicia mediante la implementación de ajustes de procedimiento y a garantizar su derecho a la libertad y seguridad personales, es decir, a que no sean privadas de la libertad en razón de su discapacidad ni sean sometidas a abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

En tanto logramos lo anterior, urge sin lugar a dudas garantizar condiciones de vida digna a las personas que actualmente han sido declaradas inimputables y se encuentran sujetas a medidas de seguridad a través del mejoramiento y monitoreo constante de sus condiciones de reclusión; la suspensión del control farmacológico excesivo y forzoso; la creación de planes de actividades adecuados a las necesidades de cada persona, la implementación de programas de apoyo para su recuperación, inclusión y reintegración comunitaria; así como la apertura de los centros penitenciarios a observadores externos que puedan coadyuvar a la promoción y respeto de sus derechos.

Exhortamos al senador Ricardo Monreal y al Poder Legislativo a abrir un diálogo con las personas con discapacidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas privadas de la libertad para revisar la iniciativa y, en conjunto, construir las rutas que garanticen el respeto pleno de sus derechos. 

 

Firman

Organizaciones:

Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C.

Colectivo Chuhcán A.C.

Elementa DDHH, A.C.

Disability Rights International

EQUIS Justicia Para las Mujeres A.C.

SinColectivo

Fundación Taiyari compartir por la inclusión A.C.

Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad S.C.

Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad A.C.

Familias y Retos Extraordinarios A.C.

Actúa DF

Progrésale A.C.

Jale Social A.C.

Fundación Progreso Paz y Equidad para la Familia A.C.

ReverdeSer Colectivo A.C.

Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex)

Cepaj A.C.

Mexicanos Haciendo Bola A.C.

Re-Code MX A.C.

Trisomía 21 México A.C.

Instituto RIA A.C.

Citizen Comision of Human Rights México S.A. de C.V.

Personas:

 

Grecia Guzmán Martínez

Renata Demichelis Ávila

Lisbet Brizuela Ochoa

Karina Salazar Negrete

Gabriela Aragón Zamorano

Iván Maceda Mejías

Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez

Roxana Pacheco Martínez

Martha Gabriela García Álvarez

María Teresa Fernández Vázquez

Margarita Garfias Hernández

Marialú Castro Zaragoza

Paula Méndez Azuela

Lina Marisol Lira Marín

Cintia Aguilar Delgadillo

Mariel Godoy Alcalde

Dulce Medina Estrada

Fátima Itzayana Reyes Osorio

Víctor Lizama Sierra

Nora Robledo Frías

Irma Gaxiola López, madre de un joven con discapacidad intelectual.

Manuela González, madre de un joven con discapacidad intelectual.

Vicente Salazar Melchor

Angélica Ospina-Escobar

Felipe Orozco Salazar

Rodrigo Martínez Lara

Alma Mendoza Orozco

Rebeca Dalia Mendoza Cruz

Zeferina Catalina Torres Cuevas

Cintya Laurel Loza

Agustín Marte Pérez Cordova

Ruth Carolina Rosales Flores

Paulina Domínguez Salazar

María Angelina Silveyra Baquedano

Laura Nohemí Acosta Martínez

Esther Negrete Pérez de Alba

Yamith Bátaz Carballo

Nancy Reyes, Accesibility Lab

Zara Snapp

Jonathan Balam Trejo Vázquez

Javier Reyes San Juan

Laura Cortés Hernández

José Adrián Velázquez Duque

Jonathan Bañan Trejo Vázquez

Ivonne Vike Tiscareño

Ilse Ivonne López

Ricardo Chávez

Ricardo Castillo Hernández

Óscar Miguel Lupa Estrada

Nancy Cerón Martínez

Marco Antonio Anguiano

Luis Antonio Resendiz Beldrán

Rogelio Gómez Huitrón

Natalia Santos Estrada

Raúl Montoya Santamaría

Eunice Díaz de la Vega Escobar

Ricardo Sánchez Aguilar

Isabel Cancino Licona

Sistema penitenciario, en focos rojos; falla reinserción

En la actualidad, el Sistema Penitenciario en México se encuentra con focos rojos, debido a problemas graves de hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno, lo que propicia que las personas que están privadas de su libertad padezcan de situaciones de tortura, advirtió la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), la cual urgió a que se revise el modelo actual y se de una salidas a la crisis que se vive en las cárceles del país.

En entrevista con El Sol de México, José Luis Gutiérrez Román, director de AsiLegal, indicó que derivado de diversos informes de instancias nacionales e internacionales, se ha documentado que los presos en las cárceles mexicanas son víctimas de tortura por lo que es necesario evaluar el Sistema Penitenciario para erradicar este problema.

Indicó que las autoridades penitenciarias deben dejar atrás el trato a los reclusos por sus perfiles delictivos y aplicar las reformas que aprobaron a partir de 2008 en el Sistema Adversario y el modelo de la reinserción social.

Autogobierno

AsíLegal expuso que en la mayoría de las prisiones del país existe un severo problema relacionado al autogobierno y la falta de personal preparado y capacitado para cumplir con lo que se establece en la Ley Penitenciaria y que va en concordancia a lo que dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2019.

La CNDH documentó el estudio de 203 de 309 centros de reclusión que existen en México, con lo que se abarcó el 94 por ciento de la población recluida en el país, ubicados en cárceles para varones, mujeres y mixtas.

De esto, encontró que uno de cada tres centros de reclusión tiene condición de autogobierno o cogobierno con las autoridades penitenciarias, lo que ha demostrado la incapacidad de las instituciones para aplicar la ley.

Además, el organismo identificó deficiencias importantes en la falta de prevención y atención a incidentes violentos en la mitad de los penales que fueron sujetos a evaluación, además de que se encontró que se realizan cobros indebidos y actos de corrupción.

Esta nota fue originalmente publicada en El Sol de México y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.