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Urge que Gobierno Federal instale la Comisión encargada de dar seguimiento a Ley de Amnistía

 

  • A más de un mes de la entrada en vigor de la nueva Ley, el Ejecutivo Federal no ha definido ni integrado la Comisión que dará seguimiento a las solicitudes de amnistía.
  • Urge concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas y aplicar la nueva norma para  despresurizar el sistema penitenciario en el contexto de crisis sanitaria por COVID-19  

 

28 de mayo de 2020. A más de un mes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el Ejecutivo Federal sigue sin integrar la Comisión que se encargará de recibir y aprobar las solicitudes de amnistía. 

Es urgente que la autoridad conforme dicha Comisión, sin agotar el plazo máximo de 60 días hábiles establecidos por la Ley, a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas, bajo el fuero federal. 

Esta medida tomaría particular importancia durante la pandemia por COVID-19, pues de aplicarse a la brevedad, la Ley de Amnistía contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles, y con ello disminuirá los riesgos de contagio y decesos por coronavirus en el sistema penitenciario. 

Tal como lo hemos señalado desde la sociedad civil, y en sintonía con algunos senadores y senadoras que aprobaron la Ley de Amnistía: despresurizar el sistema penitenciario constituye un primer paso crucial para proteger los derechos de las personas que se encuentran dentro y fuera de prisión.  

Al 26 de mayo, la CNDH había reportado 177 personas privadas de la libertad contagiadas de COVID-19 y 37 decesos, por lo que reducir la población penitenciaria resulta apremiante.

La pronta implementación de la nueva Ley constituirá un paso importante para garantizar el reconocimiento de derechos y acceso a la justicia de poblaciones históricamente criminalizadas y vulneradas; y, de la mano con los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) configuraría la oportunidad de otorgar beneficios más integrales y efectivos a la población penitenciaria en el país.

Lamentablemente, la falta de voluntad de los agentes estatales ha impedido la plena implementación de ambas normas.  

Por lo anterior, exhortamos al Ejecutivo Federal a que instale dicha Comisión lo antes posible, y empiece a resolver casos de manera expedita.    

Asimismo, llamamos a que se tome en cuenta lo siguiente, con objeto de garantizar que todas las personas potencialmente beneficiarias accedan a los beneficios:

  1. Definir a las y los operadores de justicia del Poder Judicial Federal que evaluarán lo que la Comisión determine.
  2. Publicar los procedimientos para la recepción y trámites de solicitudes de amnistía.
  3. Difundir dicho procedimiento en los centros penitenciarios, en un lenguaje accesible para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, que no saben leer o hablantes de otro idioma.
  4. Garantizar el acceso a defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen los trámites de las amnistías.
  5. Así como asegurar un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas beneficiarias. 

Celebramos la aprobación de la Ley de Amnistía porque contribuye a reconocer la deuda que se tiene con diversos grupos históricamente vulnerados y es un importante precedente para garantizar su acceso a la justicia, pero es imprescindible  avanzar en su implementación. La salud y la vida de miles de personas dependen de ello.

El tiempo es ahora. 

 

#AmnistíaYA 

 

Atentamente,

EQUIS Justicia para las Mujeres

Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.

Ven retroceso en traslado de reos sin orden

Por: Anotonio Baranda / Reforma

María Sirvent Bravo Ahuja, directora de «Documenta, Análisis y Acción para la Justicia», calificó como retroceso la propuesta del Gobierno federal de cambiar a reos de penal sin orden judicial.

En entrevista, la activista advirtió que si esa facultad recayera exclusivamente en las autoridades penitenciarias, no sólo se vulneraría el debido proceso, sino que se podría incurrir en abusos.

«Creemos que esta propuesta de reforma es un retroceso a la vanguardia que representa la Ley Nacional de Ejecución Penal», sentenció.

«Si nada más la facultad la va tener el sistema penitenciario, sin consultarle a la persona, sin escucharla, no se estaría garantizando el debido proceso y no estaría existiendo acceso a la justicia».

REFORMA publicó hoy que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca que el traslado de reos no dependa del Poder Judicial, sino que sea facultad de las autoridades penitenciarias.

La dependencia planteó a legisladores una reforma al Artículo 18 constitucional en ese sentido, misma que consideró prioritaria.

«Es un hecho (que habría abusos), de hecho ya se abusa, porque ya siempre se dice que se trasladó a la persona por cuestiones de seguridad», comentó Bravo.

«Nosotros entendemos que hay momentos en los que sí es cierto, pero hay muchos en los que no es cierto, y entonces se abusaría».

Bravo consideró que los posibles traslados sin autorización judicial también violentarían el derecho a la defensa del reo, y pondrían a éste en riesgo de sufrir violaciones de otros derechos.

Recordó que la ley ya permite que en casos urgentes o por cuestiones de seguridad se cambie al reo sin autorización previa.

No obstante, enfatizó, el juez tiene un plazo de 48 horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado.

«En estos casos urgentes o que se vulnere la seguridad, (se podría hacer) algo mixto, que se flexibilice, se agilice, pero que después se notifique al juez de ejecución, y que sobre todo se cumpla con salvaguardas, con garantías que velen por la integridad de las personas trasladadas», expuso.

«Que no se traslade durante la noche, que sí se le notifique a la familia, que la ley establezca ciertas garantías a respetar, porque si no se vuelven momentos completamente obscuros en los que la persona puede ser víctima de violaciones a muchísimos de sus derechos».

La directora de Documenta afirmó que, de aprobarse esta propuesta, se estaría dando un golpe más al sistema garantista.

Esta nota fue originalmente publicada por Reforma y es reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión original aquí.

Imagen ilustrativa con un altavoz y la palabra "pronunciamiento"

Pronunciamiento: Sociedad civil llama a impulsar reformas que respeten los derechos de personas con discapacidad

  • Iniciativa presentada por Ricardo Monreal Ávila no contribuye a resolver de manera estructural la discriminación, criminalización y violaciones a derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial que se enfrentan al sistema de justicia penal.
  • Urge que México atienda las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto a la eliminación de las medidas de seguridad y la necesidad de reformar la figura de inimputabilidad.
  • OSC y activistas convocamos al senador y al Poder Legislativo a un diálogo abierto y democrático para revisar y construir en conjunto las reformas necesarias.

Ciudad de México, 30 de enero de 2020. Esta semana, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 67 del Código Penal Federal con la que busca que personas con discapacidad psicosocial e intelectual declaradas inimputables sean internadas en centros especializados con el fin de proveerles del “tratamiento penal correspondiente” y garantizar su derecho al acceso a la salud.

Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes coincidimos con la urgente necesidad de “implementar mejores prácticas y criterios en cuanto a la imposición de las medidas de seguridad y tratamiento para las personas inimputables”, como la iniciativa señala, sin embargo, consideramos que plantear la creación de instituciones especializadas como una solución refleja una mirada reduccionista sobre el problema de la salud mental y, peor aún, alienta la reproducción de un esquema de atención fallido que ha demostrado ser ineficiente y provocar aún mayores sufrimientos que los que busca resolver.

Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Relator sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, la Relatora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, reconocen el necesario y urgente viraje que debe tomar la atención a la salud mental: la institucionalización, la privación de la libertad, el rompimiento de vínculos sociales y la segregación distan mucho de ser una respuesta adecuada puesto que atenta por sí misma contra la salud mental. 

En ese sentido, cualquier iniciativa que aborde este tema debe alejarse de la creación de más espacios de aislamiento y pronunciarse por enfoques de recuperación en donde se privilegie la atención en la comunidad, la restitución de los vínculos sociales, el proyecto de vida y la inclusión en la sociedad. 

Si se busca dar una respuesta adecuada a la situación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que se enfrentan al sistema de justicia penal y penitenciario es necesario atender  las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el examen al Estado mexicano de 2014 y las vertidas en el dictamen del caso Arturo Medina vs. México en 2019 que señalan la necesidad de eliminar las medidas de seguridad que implican tratamiento médico-psiquiátrico forzoso en internamiento y reformar las legislaciones a nivel local, estatal y federal en relación con la figura de inimputabilidad. 

La intención de proteger los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito penal no debería traducirse en la creación de nuevos espacios de institucionalización, pues se trata de una respuesta que refleja los prejuicios que históricamente han llevado a su exclusión y aislamiento.

Los esfuerzos deben volcarse a garantizar su igualdad ante la ley; el acceso a la justicia mediante la implementación de ajustes de procedimiento y a garantizar su derecho a la libertad y seguridad personales, es decir, a que no sean privadas de la libertad en razón de su discapacidad ni sean sometidas a abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

En tanto logramos lo anterior, urge sin lugar a dudas garantizar condiciones de vida digna a las personas que actualmente han sido declaradas inimputables y se encuentran sujetas a medidas de seguridad a través del mejoramiento y monitoreo constante de sus condiciones de reclusión; la suspensión del control farmacológico excesivo y forzoso; la creación de planes de actividades adecuados a las necesidades de cada persona, la implementación de programas de apoyo para su recuperación, inclusión y reintegración comunitaria; así como la apertura de los centros penitenciarios a observadores externos que puedan coadyuvar a la promoción y respeto de sus derechos.

Exhortamos al senador Ricardo Monreal y al Poder Legislativo a abrir un diálogo con las personas con discapacidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas privadas de la libertad para revisar la iniciativa y, en conjunto, construir las rutas que garanticen el respeto pleno de sus derechos. 

 

Firman

Organizaciones:

Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C.

Colectivo Chuhcán A.C.

Elementa DDHH, A.C.

Disability Rights International

EQUIS Justicia Para las Mujeres A.C.

SinColectivo

Fundación Taiyari compartir por la inclusión A.C.

Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad S.C.

Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad A.C.

Familias y Retos Extraordinarios A.C.

Actúa DF

Progrésale A.C.

Jale Social A.C.

Fundación Progreso Paz y Equidad para la Familia A.C.

ReverdeSer Colectivo A.C.

Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex)

Cepaj A.C.

Mexicanos Haciendo Bola A.C.

Re-Code MX A.C.

Trisomía 21 México A.C.

Instituto RIA A.C.

Citizen Comision of Human Rights México S.A. de C.V.

Personas:

 

Grecia Guzmán Martínez

Renata Demichelis Ávila

Lisbet Brizuela Ochoa

Karina Salazar Negrete

Gabriela Aragón Zamorano

Iván Maceda Mejías

Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez

Roxana Pacheco Martínez

Martha Gabriela García Álvarez

María Teresa Fernández Vázquez

Margarita Garfias Hernández

Marialú Castro Zaragoza

Paula Méndez Azuela

Lina Marisol Lira Marín

Cintia Aguilar Delgadillo

Mariel Godoy Alcalde

Dulce Medina Estrada

Fátima Itzayana Reyes Osorio

Víctor Lizama Sierra

Nora Robledo Frías

Irma Gaxiola López, madre de un joven con discapacidad intelectual.

Manuela González, madre de un joven con discapacidad intelectual.

Vicente Salazar Melchor

Angélica Ospina-Escobar

Felipe Orozco Salazar

Rodrigo Martínez Lara

Alma Mendoza Orozco

Rebeca Dalia Mendoza Cruz

Zeferina Catalina Torres Cuevas

Cintya Laurel Loza

Agustín Marte Pérez Cordova

Ruth Carolina Rosales Flores

Paulina Domínguez Salazar

María Angelina Silveyra Baquedano

Laura Nohemí Acosta Martínez

Esther Negrete Pérez de Alba

Yamith Bátaz Carballo

Nancy Reyes, Accesibility Lab

Zara Snapp

Jonathan Balam Trejo Vázquez

Javier Reyes San Juan

Laura Cortés Hernández

José Adrián Velázquez Duque

Jonathan Bañan Trejo Vázquez

Ivonne Vike Tiscareño

Ilse Ivonne López

Ricardo Chávez

Ricardo Castillo Hernández

Óscar Miguel Lupa Estrada

Nancy Cerón Martínez

Marco Antonio Anguiano

Luis Antonio Resendiz Beldrán

Rogelio Gómez Huitrón

Natalia Santos Estrada

Raúl Montoya Santamaría

Eunice Díaz de la Vega Escobar

Ricardo Sánchez Aguilar

Isabel Cancino Licona

Sistema penitenciario, en focos rojos; falla reinserción

En la actualidad, el Sistema Penitenciario en México se encuentra con focos rojos, debido a problemas graves de hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno, lo que propicia que las personas que están privadas de su libertad padezcan de situaciones de tortura, advirtió la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), la cual urgió a que se revise el modelo actual y se de una salidas a la crisis que se vive en las cárceles del país.

En entrevista con El Sol de México, José Luis Gutiérrez Román, director de AsiLegal, indicó que derivado de diversos informes de instancias nacionales e internacionales, se ha documentado que los presos en las cárceles mexicanas son víctimas de tortura por lo que es necesario evaluar el Sistema Penitenciario para erradicar este problema.

Indicó que las autoridades penitenciarias deben dejar atrás el trato a los reclusos por sus perfiles delictivos y aplicar las reformas que aprobaron a partir de 2008 en el Sistema Adversario y el modelo de la reinserción social.

Autogobierno

AsíLegal expuso que en la mayoría de las prisiones del país existe un severo problema relacionado al autogobierno y la falta de personal preparado y capacitado para cumplir con lo que se establece en la Ley Penitenciaria y que va en concordancia a lo que dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2019.

La CNDH documentó el estudio de 203 de 309 centros de reclusión que existen en México, con lo que se abarcó el 94 por ciento de la población recluida en el país, ubicados en cárceles para varones, mujeres y mixtas.

De esto, encontró que uno de cada tres centros de reclusión tiene condición de autogobierno o cogobierno con las autoridades penitenciarias, lo que ha demostrado la incapacidad de las instituciones para aplicar la ley.

Además, el organismo identificó deficiencias importantes en la falta de prevención y atención a incidentes violentos en la mitad de los penales que fueron sujetos a evaluación, además de que se encontró que se realizan cobros indebidos y actos de corrupción.

Esta nota fue originalmente publicada en El Sol de México y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.