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COMUNICADO: Juez ordena a gobierno de AMLO garantizar salud en psiquiátricos ante COVID19; solicitamos a López- Gatell pronunciarse

  • Documenta A.C. interpuso el pasado 24 de abril una demanda de amparo contra el Consejo de Salubridad, dependiente directo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
  • Juez ordenó al gobierno proteger los derechos a la vida, salud, trato digno, a la comunicación y a la igualdad y no discriminación de las personas internadas en los 39 psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia.
  • Solicitamos al subsecretario Hugo López-Gatell, vocero del Gobierno federal durante la contingencia, informar puntualmente de la situación de esta población y el personal que labora en hospitales psiquiátricos.

 

Ciudad de México, 8 de mayo de 2020. Tras interponer un amparo el 24 de abril, Documenta A.C. logró que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, concediera este 6 de mayo una suspensión de plano para que el Gobierno Federal informe e implemente acciones para proteger la vida, la salud y los derechos de personas internadas en hospitales psiquiátricos.

Esto, porque ninguna autoridad sanitaria ha informado o implementado las medidas específicas necesarias que han sido indicadas por organismos internacionales en el contexto de la pandemia por COVID-19 para la atención a esta población en alta vulnerabilidad de contagio.

En respuesta, el Juez ordenó que las autoridades protejan el derecho humano a la salud, de las personas internadas en hospitales psiquiátricos garantizando: 1) el suministro básico de higiene personal y de limpieza de espacios, así como medidas de sana distancia; 2) la realización de pruebas de COVID-19 bajo consentimiento expreso de pacientes y personal para detección de posibles casos a efectos de evitar el contagio; 3) la aplicación de los protocolos de prevención sanitaria respecto del virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud; 4) la implementación de medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención y evitabilidad de contagio.

La autoridad judicial también solicitó 5) garantizar el apoyo psicoemocional profesional para las personas internadas; 6) realizar las acciones necesarias para que las personas usuarias de los servicios de salud mental que cuenten con redes de apoyo familiar o social no sean ingresados a hospitales psiquiátricos de forma involuntaria, atendiendo a que esto podría suponer un riesgo para su salud y 7) garantizar el contacto de las personas internadas con el exterior llamadas telefónicas, videollamadas u otras tecnologías de la información y la comunicación.

Finalmente, el Gobierno federal deberá 8) garantizar el acceso a la información de las personas internadas, así como de sus familiares sobre las medidas implementadas durante la emergencia por COVID-19, en un lenguaje claro y sencillo.

Estas medidas deberán aplicarse en los 39 hospitales psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud que brindan atención intrahospitalaria que se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo con datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en 2018 la población en internamiento en hospitales psiquiátricos era de dos mil 682 personas: mil 488 hombres, mil 106 mujeres, 48 adolescentes hombres y 40 adolescentes mujeres. No obstante, esta cifra es fluctuante y no existe información oficial disponible respecto del número actual.

Es urgente que el Gobierno acate las medidas ordenadas por el Poder Judicial, puesto que las personas internadas en hospitales psiquiátricos se enfrentan a condiciones que las colocan en un mayor riesgo: imposibilidad de practicar el distanciamiento social, falta de higiene y recursos materiales básicos, instalaciones en condiciones deficientes, barreras para acceder a información y ausencia de mecanismos para acceder a la justicia, además de una profunda discriminación, estigmas y tratos que atentan contra la dignidad humana.

Según reportes periodísticos, hasta el momento, cuatro personas internadas en el hospital psiquiátrico de Yucatán han dado positivo a COVID-19.

Es imprescindible que el Gobierno responda a sus compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos de personas usuarias de los servicios de salud mental y atienda las recomendaciones realizadas en el contexto de la pandemia por organismos como los comités contra la Tortura y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de o para personas con discapacidad y especialistas.

Hacemos un llamado al Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, a pronunciarse al respecto y detallar en sus conferencias de prensa con motivo de la pandemia las acciones que el gobierno ha tomado en los hospitales psiquiátricos del país. Hasta este 8 de mayo no ha existido mención alguna de la situación de la salud, los riegos y las medidas de prevención y atención dirigidas a todas las personas internadas y al personal que labora en estos espacios.

Ellas han sido históricamente aisladas de la sociedad, estigmatizadas y olvidadas en su confinamiento. No respetar su derecho a la salud y la vida no sólo es enviar un mensaje de negligencia, sino que constituye un acto de discriminación enraizado en la política estatal.

 

Atentamente

Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.

Acusan inacción ante dictamen por abuso

Por: Isabella González / Reforma

La organización Documenta advirtió que a seis meses de que la ONU determinara que el Estado mexicano es responsable por violar los derechos de un hombre con discapacidad, el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna de las recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En entrevista con REFORMA, Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, señaló que el pasado 6 de marzo se venció el plazo que el Comité le dio al Estado mexicano para que diera informes sobre los acciones que se han llevado a cabo para cumplir las recomendaciones que se hicieron por el caso de Arturo Medina Vela, acusado en 2011 por el robo de un vehículo, aunque él no sabe manejar.

«En el dictamen, el Comité le da al Estado mexicano seis meses para informarle qué acciones se han llevado a cabo para cumplir las recomendaciones», explicó la especialista en entrevista telefónica.

«No se ha avanzado en ningún sentido, ni tanto en el reconocimiento ni la disculpa pública ni la reparación del daño hacia Arturo ni en modificaciones que tienen que ver con la legislación, las políticas públicas, la implementación de ajustes para las personas con discapacidad cuando se enfrentan a la justicia», añadió.

Aseveró que no ha habido ni una mesa de trabajo y que aunque le toca a la Secretaría de Gobernación darle resolución a este caso, se lo pasó al Conapred.

«Nosotros tuvimos una reunión con Conapred para ver cómo podíamos avanzar pero van a paso de tortuga. Va muy lento, pensando que hace seis meses se emitió el dictamen y no ha quedado claro cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo», dijo.

Sheinbaum destacó además que es el primer caso que se resuelve en el comité y que fue México el país que promovió en el seno de las Naciones Unidas que se hiciera un Tratado Internacional para Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad.

«Sorprende y preocupa la falta de interés en el tema. Es una fachada en favor de los derechos humanos y ante obligaciones internacionales, pero la implementación misma lo que predomina es una inacción absoluta», criticó.

Documenta envió este caso al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el cual revisa la implementación del Estado mexicano de la Convención, y además de examinar al Estado mexicano cada cuatro años también tiene la posibilidad de enviar casos individuales.

«Al Estado mexicano le toca ir frente al Comité este año en agosto de 2020. Tiene que ir para su segunda revisión», recordó.

A Medina Vela, durante todo el proceso penal le violaron el debido proceso, negándole la posibilidad de aportar pruebas, de defenderse o impugnar las resoluciones, incluso no pudo designar a sus defensores, y fue sancionado con una medida de seguridad que implicó la privación de su libertad por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, del Reclusorio Sur.

La resolución del Comité planteó la necesidad de reparar el daño a Medina Vela y como medida de no repetición ajustar la norma mexicana.

Esta nota fue originalmente publicada por Reforma y es reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión original aquí.

Imagen ilustrativa con un altavoz y la palabra "pronunciamiento"

Pronunciamiento: Sociedad civil llama a impulsar reformas que respeten los derechos de personas con discapacidad

  • Iniciativa presentada por Ricardo Monreal Ávila no contribuye a resolver de manera estructural la discriminación, criminalización y violaciones a derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial que se enfrentan al sistema de justicia penal.
  • Urge que México atienda las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto a la eliminación de las medidas de seguridad y la necesidad de reformar la figura de inimputabilidad.
  • OSC y activistas convocamos al senador y al Poder Legislativo a un diálogo abierto y democrático para revisar y construir en conjunto las reformas necesarias.

Ciudad de México, 30 de enero de 2020. Esta semana, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 67 del Código Penal Federal con la que busca que personas con discapacidad psicosocial e intelectual declaradas inimputables sean internadas en centros especializados con el fin de proveerles del “tratamiento penal correspondiente” y garantizar su derecho al acceso a la salud.

Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes coincidimos con la urgente necesidad de “implementar mejores prácticas y criterios en cuanto a la imposición de las medidas de seguridad y tratamiento para las personas inimputables”, como la iniciativa señala, sin embargo, consideramos que plantear la creación de instituciones especializadas como una solución refleja una mirada reduccionista sobre el problema de la salud mental y, peor aún, alienta la reproducción de un esquema de atención fallido que ha demostrado ser ineficiente y provocar aún mayores sufrimientos que los que busca resolver.

Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Relator sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, la Relatora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, reconocen el necesario y urgente viraje que debe tomar la atención a la salud mental: la institucionalización, la privación de la libertad, el rompimiento de vínculos sociales y la segregación distan mucho de ser una respuesta adecuada puesto que atenta por sí misma contra la salud mental. 

En ese sentido, cualquier iniciativa que aborde este tema debe alejarse de la creación de más espacios de aislamiento y pronunciarse por enfoques de recuperación en donde se privilegie la atención en la comunidad, la restitución de los vínculos sociales, el proyecto de vida y la inclusión en la sociedad. 

Si se busca dar una respuesta adecuada a la situación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que se enfrentan al sistema de justicia penal y penitenciario es necesario atender  las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el examen al Estado mexicano de 2014 y las vertidas en el dictamen del caso Arturo Medina vs. México en 2019 que señalan la necesidad de eliminar las medidas de seguridad que implican tratamiento médico-psiquiátrico forzoso en internamiento y reformar las legislaciones a nivel local, estatal y federal en relación con la figura de inimputabilidad. 

La intención de proteger los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito penal no debería traducirse en la creación de nuevos espacios de institucionalización, pues se trata de una respuesta que refleja los prejuicios que históricamente han llevado a su exclusión y aislamiento.

Los esfuerzos deben volcarse a garantizar su igualdad ante la ley; el acceso a la justicia mediante la implementación de ajustes de procedimiento y a garantizar su derecho a la libertad y seguridad personales, es decir, a que no sean privadas de la libertad en razón de su discapacidad ni sean sometidas a abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

En tanto logramos lo anterior, urge sin lugar a dudas garantizar condiciones de vida digna a las personas que actualmente han sido declaradas inimputables y se encuentran sujetas a medidas de seguridad a través del mejoramiento y monitoreo constante de sus condiciones de reclusión; la suspensión del control farmacológico excesivo y forzoso; la creación de planes de actividades adecuados a las necesidades de cada persona, la implementación de programas de apoyo para su recuperación, inclusión y reintegración comunitaria; así como la apertura de los centros penitenciarios a observadores externos que puedan coadyuvar a la promoción y respeto de sus derechos.

Exhortamos al senador Ricardo Monreal y al Poder Legislativo a abrir un diálogo con las personas con discapacidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas privadas de la libertad para revisar la iniciativa y, en conjunto, construir las rutas que garanticen el respeto pleno de sus derechos. 

 

Firman

Organizaciones:

Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C.

Colectivo Chuhcán A.C.

Elementa DDHH, A.C.

Disability Rights International

EQUIS Justicia Para las Mujeres A.C.

SinColectivo

Fundación Taiyari compartir por la inclusión A.C.

Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad S.C.

Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad A.C.

Familias y Retos Extraordinarios A.C.

Actúa DF

Progrésale A.C.

Jale Social A.C.

Fundación Progreso Paz y Equidad para la Familia A.C.

ReverdeSer Colectivo A.C.

Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex)

Cepaj A.C.

Mexicanos Haciendo Bola A.C.

Re-Code MX A.C.

Trisomía 21 México A.C.

Instituto RIA A.C.

Citizen Comision of Human Rights México S.A. de C.V.

Personas:

 

Grecia Guzmán Martínez

Renata Demichelis Ávila

Lisbet Brizuela Ochoa

Karina Salazar Negrete

Gabriela Aragón Zamorano

Iván Maceda Mejías

Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez

Roxana Pacheco Martínez

Martha Gabriela García Álvarez

María Teresa Fernández Vázquez

Margarita Garfias Hernández

Marialú Castro Zaragoza

Paula Méndez Azuela

Lina Marisol Lira Marín

Cintia Aguilar Delgadillo

Mariel Godoy Alcalde

Dulce Medina Estrada

Fátima Itzayana Reyes Osorio

Víctor Lizama Sierra

Nora Robledo Frías

Irma Gaxiola López, madre de un joven con discapacidad intelectual.

Manuela González, madre de un joven con discapacidad intelectual.

Vicente Salazar Melchor

Angélica Ospina-Escobar

Felipe Orozco Salazar

Rodrigo Martínez Lara

Alma Mendoza Orozco

Rebeca Dalia Mendoza Cruz

Zeferina Catalina Torres Cuevas

Cintya Laurel Loza

Agustín Marte Pérez Cordova

Ruth Carolina Rosales Flores

Paulina Domínguez Salazar

María Angelina Silveyra Baquedano

Laura Nohemí Acosta Martínez

Esther Negrete Pérez de Alba

Yamith Bátaz Carballo

Nancy Reyes, Accesibility Lab

Zara Snapp

Jonathan Balam Trejo Vázquez

Javier Reyes San Juan

Laura Cortés Hernández

José Adrián Velázquez Duque

Jonathan Bañan Trejo Vázquez

Ivonne Vike Tiscareño

Ilse Ivonne López

Ricardo Chávez

Ricardo Castillo Hernández

Óscar Miguel Lupa Estrada

Nancy Cerón Martínez

Marco Antonio Anguiano

Luis Antonio Resendiz Beldrán

Rogelio Gómez Huitrón

Natalia Santos Estrada

Raúl Montoya Santamaría

Eunice Díaz de la Vega Escobar

Ricardo Sánchez Aguilar

Isabel Cancino Licona

Dependencias ignoran a personas con discapacidad: CNDH

Notimex

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que instancias gubernamentales federales y estatales ignoran a 7.5 millones de personas con alguna discapacidad.

Al presentar el Atlas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Ismael Eslava Pérez, primer visitador general del organismo defensor, expuso que las 799 instancias gubernamentales federales y estatales a las que se solicitó información estadística sobre ese tema señalaron contar con ella, pero no desagregada.

Agregó que incluso se detectaron casos en que refieren incongruentemente que tener tal información afectaría la esfera jurídica de los 7.5 millones de personas con alguna discapacidad en el país.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se declararon no competentes para proporcionar la información, por carecer de datos sobre el número de inspecciones realizadas a empresas para garantizar la accesibilidad laboral de las personas con esa condición.

La Secretaría de Educación Pública si bien señaló que no tenía sistematizados los datos sobre la matrícula de las personas con alguna discapacidad en escuelas públicas por nivel educativo, orientó para que se pudiera consultar la información de forma remota, explicó Eslava Pérez.

Esta nota fue originalmente publicada por El Pulso y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.