COMUNICADO: Juez ordena a gobierno de AMLO garantizar salud en psiquiátricos ante COVID19; solicitamos a López- Gatell pronunciarse
- Documenta A.C. interpuso el pasado 24 de abril una demanda de amparo contra el Consejo de Salubridad, dependiente directo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- Juez ordenó al gobierno proteger los derechos a la vida, salud, trato digno, a la comunicación y a la igualdad y no discriminación de las personas internadas en los 39 psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia.
- Solicitamos al subsecretario Hugo López-Gatell, vocero del Gobierno federal durante la contingencia, informar puntualmente de la situación de esta población y el personal que labora en hospitales psiquiátricos.
Ciudad de México, 8 de mayo de 2020. Tras interponer un amparo el 24 de abril, Documenta A.C. logró que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, concediera este 6 de mayo una suspensión de plano para que el Gobierno Federal informe e implemente acciones para proteger la vida, la salud y los derechos de personas internadas en hospitales psiquiátricos.
Esto, porque ninguna autoridad sanitaria ha informado o implementado las medidas específicas necesarias que han sido indicadas por organismos internacionales en el contexto de la pandemia por COVID-19 para la atención a esta población en alta vulnerabilidad de contagio.
En respuesta, el Juez ordenó que las autoridades protejan el derecho humano a la salud, de las personas internadas en hospitales psiquiátricos garantizando: 1) el suministro básico de higiene personal y de limpieza de espacios, así como medidas de sana distancia; 2) la realización de pruebas de COVID-19 bajo consentimiento expreso de pacientes y personal para detección de posibles casos a efectos de evitar el contagio; 3) la aplicación de los protocolos de prevención sanitaria respecto del virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud; 4) la implementación de medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención y evitabilidad de contagio.
La autoridad judicial también solicitó 5) garantizar el apoyo psicoemocional profesional para las personas internadas; 6) realizar las acciones necesarias para que las personas usuarias de los servicios de salud mental que cuenten con redes de apoyo familiar o social no sean ingresados a hospitales psiquiátricos de forma involuntaria, atendiendo a que esto podría suponer un riesgo para su salud y 7) garantizar el contacto de las personas internadas con el exterior llamadas telefónicas, videollamadas u otras tecnologías de la información y la comunicación.
Finalmente, el Gobierno federal deberá 8) garantizar el acceso a la información de las personas internadas, así como de sus familiares sobre las medidas implementadas durante la emergencia por COVID-19, en un lenguaje claro y sencillo.
Estas medidas deberán aplicarse en los 39 hospitales psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud que brindan atención intrahospitalaria que se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
De acuerdo con datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en 2018 la población en internamiento en hospitales psiquiátricos era de dos mil 682 personas: mil 488 hombres, mil 106 mujeres, 48 adolescentes hombres y 40 adolescentes mujeres. No obstante, esta cifra es fluctuante y no existe información oficial disponible respecto del número actual.
Es urgente que el Gobierno acate las medidas ordenadas por el Poder Judicial, puesto que las personas internadas en hospitales psiquiátricos se enfrentan a condiciones que las colocan en un mayor riesgo: imposibilidad de practicar el distanciamiento social, falta de higiene y recursos materiales básicos, instalaciones en condiciones deficientes, barreras para acceder a información y ausencia de mecanismos para acceder a la justicia, además de una profunda discriminación, estigmas y tratos que atentan contra la dignidad humana.
Según reportes periodísticos, hasta el momento, cuatro personas internadas en el hospital psiquiátrico de Yucatán han dado positivo a COVID-19.
Es imprescindible que el Gobierno responda a sus compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos de personas usuarias de los servicios de salud mental y atienda las recomendaciones realizadas en el contexto de la pandemia por organismos como los comités contra la Tortura y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de o para personas con discapacidad y especialistas.
Hacemos un llamado al Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, a pronunciarse al respecto y detallar en sus conferencias de prensa con motivo de la pandemia las acciones que el gobierno ha tomado en los hospitales psiquiátricos del país. Hasta este 8 de mayo no ha existido mención alguna de la situación de la salud, los riegos y las medidas de prevención y atención dirigidas a todas las personas internadas y al personal que labora en estos espacios.
Ellas han sido históricamente aisladas de la sociedad, estigmatizadas y olvidadas en su confinamiento. No respetar su derecho a la salud y la vida no sólo es enviar un mensaje de negligencia, sino que constituye un acto de discriminación enraizado en la política estatal.
Atentamente
Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.
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