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Ley de Amnistía no representa acceso a la justicia para más vulnerables

Por: Claudia Rodríguez / La  Jornada Aguascalientes

Organizaciones de la sociedad civil descartan que la Ley de Amnistía, aprobada hace un año y propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, represente una herramienta de acceso de la justicia para las personas privadas de su libertad de las poblaciones más vulnerables, toda vez que la comisión encargada de recibir y dictaminar las solicitudes solicita una serie de requisitos discriminatorios y absurdos, además de procedimientos plagados de opacidad.

En rueda de prensa virtual bajo el título Estereotipos y negación de derechos en la aplicación de la Ley de Amnistía, expusieron que debido a la falta de transparencia que ha caracterizado el actuar de la Comisión de Amnistía, EQUIS Justicia para las Mujeres realizó una serie de solicitudes de información a Secretaría de Gobernación, a través de las cuales encontraron información por demás alarmante:

Cuando una persona refiere ser indígena, la Comisión de Amnistía solicita que se anexe el certificado de nacimiento en el que aparezca el nombre de los padres y/o carta de alguna autoridad tradicional reconocida y validada por la comunidad indígena, en la cual se constate la pertenencia del solicitante a la comunidad.

Frente a las solicitudes de personas que refieren tener alguna discapacidad, la Comisión de Amnistía considera que la única forma de acreditar la condición de discapacidad es mediante examen médico.

La Comisión ha determinado declarar como reservada y confidencial la información relativa a las resoluciones que nieguen o concedan la amnistía e, inclusive, la información estadística desagregada como: género, edad, delito, centro penitenciario de privación de libertad del solicitante, pueblo indígena o condición de discapacidad.

Lo anterior da cuenta de una serie de criterios violatorios de derechos que rigen el actuar de la Comisión, entre ellos la inaplicación del criterio de autoadscripción de las personas indígenas, contemplado en el artículo 2 de la Constitución, así como en el apartado 2 del convenio 169 de la OIT y los artículos 3, 4, 9 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

Esta nota periodística es reproducida de forma parcial sin fines de lucro. Puedes consultar la nota original aquí.

A un año de funciones denuncian simulación en Comisión de Amnistía

Por: Aline Espinosa Gutiérrez (CIMAC)

A casi un año de funciones de la Comisión de Amnistía conformada por distintas instancias gubernamentales, hay una simulación de ésta ya que trabaja en total opacidad pues se niega a informar cómo decide si una persona privada de la libertad puede acceder o no a la Ley de Amnistía, tampoco responde cuántas solicitudes resuelven o reciben y los datos desagregados de éstas.

Así lo dijeron defensoras durante la presentación virtual del informe “Amnistía, ¿YA?”, realizado por las integrantes de Equis Justicia, organización feminista, que elaboró este documento para conocer cuáles han sido los beneficios de la Ley de Amnistía que entró en vigor el 22 de abril de 2020 en México y que fue decretada para liberar a personas privadas de la libertad de forma injusta, entre ellas, mujeres por delitos contra la salud, quienes fueron obligadas a vender o transportar drogas durante la llamada “guerra contra el narco”.

Con esta Ley también se busca que mujeres que han sido encarceladas por aborto y homicidio en razón de parentesco, así como a las personas acusadas de delitos como robo simple y sin violencia, portación y transporte de pequeñas cantidades de drogas, indígenas que no contaron con intérpretes en su proceso o que cometieron un ilícito por estar en extrema pobreza y vulnerabilidad, accedan a la amnistía.

En junio de 2020, la Comisión de Amnistía inició sus funciones con el fin de vigilar y aplicar dicha ley en los casos que entren en alguno de los supuestos anteriores, sin embargo se desconoce cuál es el criterio para definir si pueden o no gozar de este beneficio y someter su criterio a la calificación de un juez federal.

Quienes conforman esta Comisión son las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Bienestar.

Urge que Gobierno Federal instale la Comisión encargada de dar seguimiento a Ley de Amnistía

 

  • A más de un mes de la entrada en vigor de la nueva Ley, el Ejecutivo Federal no ha definido ni integrado la Comisión que dará seguimiento a las solicitudes de amnistía.
  • Urge concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas y aplicar la nueva norma para  despresurizar el sistema penitenciario en el contexto de crisis sanitaria por COVID-19  

 

28 de mayo de 2020. A más de un mes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el Ejecutivo Federal sigue sin integrar la Comisión que se encargará de recibir y aprobar las solicitudes de amnistía. 

Es urgente que la autoridad conforme dicha Comisión, sin agotar el plazo máximo de 60 días hábiles establecidos por la Ley, a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas, bajo el fuero federal. 

Esta medida tomaría particular importancia durante la pandemia por COVID-19, pues de aplicarse a la brevedad, la Ley de Amnistía contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles, y con ello disminuirá los riesgos de contagio y decesos por coronavirus en el sistema penitenciario. 

Tal como lo hemos señalado desde la sociedad civil, y en sintonía con algunos senadores y senadoras que aprobaron la Ley de Amnistía: despresurizar el sistema penitenciario constituye un primer paso crucial para proteger los derechos de las personas que se encuentran dentro y fuera de prisión.  

Al 26 de mayo, la CNDH había reportado 177 personas privadas de la libertad contagiadas de COVID-19 y 37 decesos, por lo que reducir la población penitenciaria resulta apremiante.

La pronta implementación de la nueva Ley constituirá un paso importante para garantizar el reconocimiento de derechos y acceso a la justicia de poblaciones históricamente criminalizadas y vulneradas; y, de la mano con los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) configuraría la oportunidad de otorgar beneficios más integrales y efectivos a la población penitenciaria en el país.

Lamentablemente, la falta de voluntad de los agentes estatales ha impedido la plena implementación de ambas normas.  

Por lo anterior, exhortamos al Ejecutivo Federal a que instale dicha Comisión lo antes posible, y empiece a resolver casos de manera expedita.    

Asimismo, llamamos a que se tome en cuenta lo siguiente, con objeto de garantizar que todas las personas potencialmente beneficiarias accedan a los beneficios:

  1. Definir a las y los operadores de justicia del Poder Judicial Federal que evaluarán lo que la Comisión determine.
  2. Publicar los procedimientos para la recepción y trámites de solicitudes de amnistía.
  3. Difundir dicho procedimiento en los centros penitenciarios, en un lenguaje accesible para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, que no saben leer o hablantes de otro idioma.
  4. Garantizar el acceso a defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen los trámites de las amnistías.
  5. Así como asegurar un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas beneficiarias. 

Celebramos la aprobación de la Ley de Amnistía porque contribuye a reconocer la deuda que se tiene con diversos grupos históricamente vulnerados y es un importante precedente para garantizar su acceso a la justicia, pero es imprescindible  avanzar en su implementación. La salud y la vida de miles de personas dependen de ello.

El tiempo es ahora. 

 

#AmnistíaYA 

 

Atentamente,

EQUIS Justicia para las Mujeres

Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.