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Urge que Gobierno Federal instale la Comisión encargada de dar seguimiento a Ley de Amnistía

 

  • A más de un mes de la entrada en vigor de la nueva Ley, el Ejecutivo Federal no ha definido ni integrado la Comisión que dará seguimiento a las solicitudes de amnistía.
  • Urge concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas y aplicar la nueva norma para  despresurizar el sistema penitenciario en el contexto de crisis sanitaria por COVID-19  

 

28 de mayo de 2020. A más de un mes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el Ejecutivo Federal sigue sin integrar la Comisión que se encargará de recibir y aprobar las solicitudes de amnistía. 

Es urgente que la autoridad conforme dicha Comisión, sin agotar el plazo máximo de 60 días hábiles establecidos por la Ley, a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas, bajo el fuero federal. 

Esta medida tomaría particular importancia durante la pandemia por COVID-19, pues de aplicarse a la brevedad, la Ley de Amnistía contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles, y con ello disminuirá los riesgos de contagio y decesos por coronavirus en el sistema penitenciario. 

Tal como lo hemos señalado desde la sociedad civil, y en sintonía con algunos senadores y senadoras que aprobaron la Ley de Amnistía: despresurizar el sistema penitenciario constituye un primer paso crucial para proteger los derechos de las personas que se encuentran dentro y fuera de prisión.  

Al 26 de mayo, la CNDH había reportado 177 personas privadas de la libertad contagiadas de COVID-19 y 37 decesos, por lo que reducir la población penitenciaria resulta apremiante.

La pronta implementación de la nueva Ley constituirá un paso importante para garantizar el reconocimiento de derechos y acceso a la justicia de poblaciones históricamente criminalizadas y vulneradas; y, de la mano con los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) configuraría la oportunidad de otorgar beneficios más integrales y efectivos a la población penitenciaria en el país.

Lamentablemente, la falta de voluntad de los agentes estatales ha impedido la plena implementación de ambas normas.  

Por lo anterior, exhortamos al Ejecutivo Federal a que instale dicha Comisión lo antes posible, y empiece a resolver casos de manera expedita.    

Asimismo, llamamos a que se tome en cuenta lo siguiente, con objeto de garantizar que todas las personas potencialmente beneficiarias accedan a los beneficios:

  1. Definir a las y los operadores de justicia del Poder Judicial Federal que evaluarán lo que la Comisión determine.
  2. Publicar los procedimientos para la recepción y trámites de solicitudes de amnistía.
  3. Difundir dicho procedimiento en los centros penitenciarios, en un lenguaje accesible para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, que no saben leer o hablantes de otro idioma.
  4. Garantizar el acceso a defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen los trámites de las amnistías.
  5. Así como asegurar un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas beneficiarias. 

Celebramos la aprobación de la Ley de Amnistía porque contribuye a reconocer la deuda que se tiene con diversos grupos históricamente vulnerados y es un importante precedente para garantizar su acceso a la justicia, pero es imprescindible  avanzar en su implementación. La salud y la vida de miles de personas dependen de ello.

El tiempo es ahora. 

 

#AmnistíaYA 

 

Atentamente,

EQUIS Justicia para las Mujeres

Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.

COMUNICADO: Juez ordena a gobierno de AMLO garantizar salud en psiquiátricos ante COVID19; solicitamos a López- Gatell pronunciarse

  • Documenta A.C. interpuso el pasado 24 de abril una demanda de amparo contra el Consejo de Salubridad, dependiente directo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
  • Juez ordenó al gobierno proteger los derechos a la vida, salud, trato digno, a la comunicación y a la igualdad y no discriminación de las personas internadas en los 39 psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia.
  • Solicitamos al subsecretario Hugo López-Gatell, vocero del Gobierno federal durante la contingencia, informar puntualmente de la situación de esta población y el personal que labora en hospitales psiquiátricos.

 

Ciudad de México, 8 de mayo de 2020. Tras interponer un amparo el 24 de abril, Documenta A.C. logró que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, concediera este 6 de mayo una suspensión de plano para que el Gobierno Federal informe e implemente acciones para proteger la vida, la salud y los derechos de personas internadas en hospitales psiquiátricos.

Esto, porque ninguna autoridad sanitaria ha informado o implementado las medidas específicas necesarias que han sido indicadas por organismos internacionales en el contexto de la pandemia por COVID-19 para la atención a esta población en alta vulnerabilidad de contagio.

En respuesta, el Juez ordenó que las autoridades protejan el derecho humano a la salud, de las personas internadas en hospitales psiquiátricos garantizando: 1) el suministro básico de higiene personal y de limpieza de espacios, así como medidas de sana distancia; 2) la realización de pruebas de COVID-19 bajo consentimiento expreso de pacientes y personal para detección de posibles casos a efectos de evitar el contagio; 3) la aplicación de los protocolos de prevención sanitaria respecto del virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud; 4) la implementación de medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención y evitabilidad de contagio.

La autoridad judicial también solicitó 5) garantizar el apoyo psicoemocional profesional para las personas internadas; 6) realizar las acciones necesarias para que las personas usuarias de los servicios de salud mental que cuenten con redes de apoyo familiar o social no sean ingresados a hospitales psiquiátricos de forma involuntaria, atendiendo a que esto podría suponer un riesgo para su salud y 7) garantizar el contacto de las personas internadas con el exterior llamadas telefónicas, videollamadas u otras tecnologías de la información y la comunicación.

Finalmente, el Gobierno federal deberá 8) garantizar el acceso a la información de las personas internadas, así como de sus familiares sobre las medidas implementadas durante la emergencia por COVID-19, en un lenguaje claro y sencillo.

Estas medidas deberán aplicarse en los 39 hospitales psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud que brindan atención intrahospitalaria que se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo con datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en 2018 la población en internamiento en hospitales psiquiátricos era de dos mil 682 personas: mil 488 hombres, mil 106 mujeres, 48 adolescentes hombres y 40 adolescentes mujeres. No obstante, esta cifra es fluctuante y no existe información oficial disponible respecto del número actual.

Es urgente que el Gobierno acate las medidas ordenadas por el Poder Judicial, puesto que las personas internadas en hospitales psiquiátricos se enfrentan a condiciones que las colocan en un mayor riesgo: imposibilidad de practicar el distanciamiento social, falta de higiene y recursos materiales básicos, instalaciones en condiciones deficientes, barreras para acceder a información y ausencia de mecanismos para acceder a la justicia, además de una profunda discriminación, estigmas y tratos que atentan contra la dignidad humana.

Según reportes periodísticos, hasta el momento, cuatro personas internadas en el hospital psiquiátrico de Yucatán han dado positivo a COVID-19.

Es imprescindible que el Gobierno responda a sus compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos de personas usuarias de los servicios de salud mental y atienda las recomendaciones realizadas en el contexto de la pandemia por organismos como los comités contra la Tortura y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de o para personas con discapacidad y especialistas.

Hacemos un llamado al Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, a pronunciarse al respecto y detallar en sus conferencias de prensa con motivo de la pandemia las acciones que el gobierno ha tomado en los hospitales psiquiátricos del país. Hasta este 8 de mayo no ha existido mención alguna de la situación de la salud, los riegos y las medidas de prevención y atención dirigidas a todas las personas internadas y al personal que labora en estos espacios.

Ellas han sido históricamente aisladas de la sociedad, estigmatizadas y olvidadas en su confinamiento. No respetar su derecho a la salud y la vida no sólo es enviar un mensaje de negligencia, sino que constituye un acto de discriminación enraizado en la política estatal.

 

Atentamente

Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.

Ven retroceso en traslado de reos sin orden

Por: Anotonio Baranda / Reforma

María Sirvent Bravo Ahuja, directora de «Documenta, Análisis y Acción para la Justicia», calificó como retroceso la propuesta del Gobierno federal de cambiar a reos de penal sin orden judicial.

En entrevista, la activista advirtió que si esa facultad recayera exclusivamente en las autoridades penitenciarias, no sólo se vulneraría el debido proceso, sino que se podría incurrir en abusos.

«Creemos que esta propuesta de reforma es un retroceso a la vanguardia que representa la Ley Nacional de Ejecución Penal», sentenció.

«Si nada más la facultad la va tener el sistema penitenciario, sin consultarle a la persona, sin escucharla, no se estaría garantizando el debido proceso y no estaría existiendo acceso a la justicia».

REFORMA publicó hoy que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca que el traslado de reos no dependa del Poder Judicial, sino que sea facultad de las autoridades penitenciarias.

La dependencia planteó a legisladores una reforma al Artículo 18 constitucional en ese sentido, misma que consideró prioritaria.

«Es un hecho (que habría abusos), de hecho ya se abusa, porque ya siempre se dice que se trasladó a la persona por cuestiones de seguridad», comentó Bravo.

«Nosotros entendemos que hay momentos en los que sí es cierto, pero hay muchos en los que no es cierto, y entonces se abusaría».

Bravo consideró que los posibles traslados sin autorización judicial también violentarían el derecho a la defensa del reo, y pondrían a éste en riesgo de sufrir violaciones de otros derechos.

Recordó que la ley ya permite que en casos urgentes o por cuestiones de seguridad se cambie al reo sin autorización previa.

No obstante, enfatizó, el juez tiene un plazo de 48 horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado.

«En estos casos urgentes o que se vulnere la seguridad, (se podría hacer) algo mixto, que se flexibilice, se agilice, pero que después se notifique al juez de ejecución, y que sobre todo se cumpla con salvaguardas, con garantías que velen por la integridad de las personas trasladadas», expuso.

«Que no se traslade durante la noche, que sí se le notifique a la familia, que la ley establezca ciertas garantías a respetar, porque si no se vuelven momentos completamente obscuros en los que la persona puede ser víctima de violaciones a muchísimos de sus derechos».

La directora de Documenta afirmó que, de aprobarse esta propuesta, se estaría dando un golpe más al sistema garantista.

Esta nota fue originalmente publicada por Reforma y es reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión original aquí.

Dependencias ignoran a personas con discapacidad: CNDH

Notimex

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que instancias gubernamentales federales y estatales ignoran a 7.5 millones de personas con alguna discapacidad.

Al presentar el Atlas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Ismael Eslava Pérez, primer visitador general del organismo defensor, expuso que las 799 instancias gubernamentales federales y estatales a las que se solicitó información estadística sobre ese tema señalaron contar con ella, pero no desagregada.

Agregó que incluso se detectaron casos en que refieren incongruentemente que tener tal información afectaría la esfera jurídica de los 7.5 millones de personas con alguna discapacidad en el país.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se declararon no competentes para proporcionar la información, por carecer de datos sobre el número de inspecciones realizadas a empresas para garantizar la accesibilidad laboral de las personas con esa condición.

La Secretaría de Educación Pública si bien señaló que no tenía sistematizados los datos sobre la matrícula de las personas con alguna discapacidad en escuelas públicas por nivel educativo, orientó para que se pudiera consultar la información de forma remota, explicó Eslava Pérez.

Esta nota fue originalmente publicada por El Pulso y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.

OSC crean ‘Observatorio contra la tortura’ en México

Redacción | Noticieros Televisa

La plataforma «Observatorio contra la tortura«, que denuncia las carencias en la implementación de la Ley General contra la Tortura en México, fue presentada este miércoles por varias organizaciones de la sociedad civil y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el país.

La nueva herramienta, alojada en el portal www.sintortura.org, expone con datos e interpretaciones las deficiencias federales y estatales en la aplicación de esa ley, que aprobada en 2017 busca prevenir que el Estado utilice la tortura, por ejemplo, para obtener pruebas o confesiones.

“Sabemos que, en los últimos años, los organismos internacionales de derechos humanos que han revisado la situación de la tortura en México han constatado que es un fenómeno generalizado”, explicó el responsable de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab.

Cifras que no varían

Las cifras no mejoran en lo a que víctimas registradas se refiere, ya que, del 2014 al 2018, hubo solo 513 registros a nivel federal, por los 9.998 expedientes de investigación abiertos en el mismo lapso de tiempo.

De todos los casos abiertos en esos cuatro años, solo 100 personas, es decir, el 1 %, pudo tener una reparación integral por parte de las autoridades y de acuerdo a lo que establece la Ley, reveló Natalia Pérez Cordero, de la ONG Fundar.

Esta nota fue originalmente publicada por Televisa y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.

Sistema penitenciario, en focos rojos; falla reinserción

En la actualidad, el Sistema Penitenciario en México se encuentra con focos rojos, debido a problemas graves de hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno, lo que propicia que las personas que están privadas de su libertad padezcan de situaciones de tortura, advirtió la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), la cual urgió a que se revise el modelo actual y se de una salidas a la crisis que se vive en las cárceles del país.

En entrevista con El Sol de México, José Luis Gutiérrez Román, director de AsiLegal, indicó que derivado de diversos informes de instancias nacionales e internacionales, se ha documentado que los presos en las cárceles mexicanas son víctimas de tortura por lo que es necesario evaluar el Sistema Penitenciario para erradicar este problema.

Indicó que las autoridades penitenciarias deben dejar atrás el trato a los reclusos por sus perfiles delictivos y aplicar las reformas que aprobaron a partir de 2008 en el Sistema Adversario y el modelo de la reinserción social.

Autogobierno

AsíLegal expuso que en la mayoría de las prisiones del país existe un severo problema relacionado al autogobierno y la falta de personal preparado y capacitado para cumplir con lo que se establece en la Ley Penitenciaria y que va en concordancia a lo que dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2019.

La CNDH documentó el estudio de 203 de 309 centros de reclusión que existen en México, con lo que se abarcó el 94 por ciento de la población recluida en el país, ubicados en cárceles para varones, mujeres y mixtas.

De esto, encontró que uno de cada tres centros de reclusión tiene condición de autogobierno o cogobierno con las autoridades penitenciarias, lo que ha demostrado la incapacidad de las instituciones para aplicar la ley.

Además, el organismo identificó deficiencias importantes en la falta de prevención y atención a incidentes violentos en la mitad de los penales que fueron sujetos a evaluación, además de que se encontró que se realizan cobros indebidos y actos de corrupción.

Esta nota fue originalmente publicada en El Sol de México y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.