Por Jesús Peña y Francisco Rodríguez

El 11 de julio de 2006 era el primer día de trabajo para Brissa en el bar “Las Playas”. Venía de Monterrey, donde se cansó de trabajar como cocinera en maquilas porque le pagaban muy poco y trabajaba mucho. Ya tenía días que unas amigas la habían invitado a trabajar como bailarina en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.

A su llegada se quedó en casa de una compañera de Monclova. Esa noche, su primera noche, un grupo de soldados irrumpió cuando estaban platicando entre amigas. “Llegaron estas personas, si se puede llamar personas a estos animales, con perdón de los animales”, dice Brisa con coraje.

Tenía 28 años y era madre soltera de dos hijos. Brissa pensaba que se trataba de un operativo. Algo que sabía sucedía en este tipo de lugares: revisar a clientes que no portaran armas o drogas. “Nunca pensamos que nos fueran a agredir, a insultar”, recuerda.

—¡Sálganse!—gritó un soldado.

—¡Encuérense! —ordenó otra voz.

Brissa y sus amigas sabían que eso no era normal. No era posible que quien se supone debe velar por tu seguridad te golpee y agreda sexualmente. Un total de 14 mujeres, entre ellas Brissa, fueron agredidas y violentadas sexualmente.

A un lado, en el bar El Pérsico, las agresiones subieron de tono.

—Escuchaba los gritos de las chavas, escondiéndose en el monte.

Brissa creyó que moriría cuando sintió el cañón del rifle de un soldado apuntándole en la espalda. Recibió insultos y mentadas.

El grupo de mujeres se armó de valor para denunciar a los militares, la mayoría de ellos pertenecientes a la zona militar del 14 Regimiento de Caballería Motorizada con destacamento en Múzquiz, el cual había sido asignado para custodiar los paquetes electorales del proceso para designación de presidente de República y demás cargos.

—Había mucha rabia—recuerda Brissa.

Ella sabe que a otras chicas, sobre todo a las que trabajaban en “El Pérsico”, cerca de donde ella laboraba, les fue mucho peor. Algunas mujeres habían sido violadas. Pero su carácter las hizo denunciar. La impotencia les corroía. La indignación de haber sufrido un abuso de autoridad.

Del bar que fuera escenario del horror, sólo quedan ruinas y una historia negra imposible de borrar

—Traían armas. Nunca vas a poder con un hombre. Fue un abuso duro y directo. Quisimos levantar un poco la voz —relata  Brissa.

Las mujeres agredidas del bar “Las Playas” fueron tres. De “El Pérsico” 11. Brissa las conoció cuando iban a terapia.

Era el primer caso en el país en el que soldados enfrentaban la justicia en el fuero civil.

—Fue un sentimiento de satisfacción, no se quedó impune —menciona Brissa.

Ocho militares fueron detenidos y se logró sentencia condenatoria para cuatro de ellos: Omar J, agredió sexualmente a cinco de las 14 trabajadoras y fue condenado a 41 años y cuatro meses en prisión. Juan J. fue condenado a 21 años de prisión. Fernando J., quien violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de prisión. Ángel J., fue acusado de violación a una de las mujeres de Castaños y condenado por lesiones a policías a tres años nueve meses de prisión.

Cuatro militares quedaron libres. Dos mujeres víctimas de tortura sexual retiraron la acusación.

Jaqueline Campbell, entonces encargada de la oficina de comunicación de la Diócesis de Saltillo y que junto al entonces obispo Raúl Vera acompañaron el caso, piensa que las dos muchachas se retractaron por presión de los militares.

—Ellas tenían contacto con los soldados, no era la primera vez que iban a echar una cervecita a los lugares.

 Jaqueline Campbell, activista de derechos humanos.

El 24 de octubre de 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que independiente de la sentencia dictada por el Juez II de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Monclova, por los delitos de violación y lesiones, el Consejo de Guerra encontró culpables y penalmente responsables del delito de abandono de servicio al subteniente de Caballería Norberto J, al sargento Segundo de Caballería, Juan J, a los cabos de Caballería Norberto J y Ángel J y a los soldados de caballería, Omar J y Fernando J. Al primero se le sentenció a 2 años de prisión y para los restantes, un año y 6 meses.

Vanguardia solicitó vía transparencia el estatus actual de los militares, sobre todo de los liberados, pero la Sedena resolvió que esta es información confidencial.

Primer caso, siguieron más

Para Brissa, lo sucedido en Castaños hace 15 años debió haber sido un ejemplo para muchas mujeres que a lo mejor no denuncian los abusos. Dice que en comunidades del sur, las mujeres, sobre todo indígenas, no tienen apoyo.

Sabe que el abuso hacia la mujer, niños y niñas nunca se acaba. Que la gente mala no se detiene, así se grite o patalee.

— Espero que haya servido de algo, creo que sí. A raíz de eso sí hubo casos que se dieron después.

Esta es la que fuera la pista del Bar Pérsico, lugar donde arribaron los militares y encañonaron a 14 mujeres para abusar de ellas

Desde el caso de Castaños, hace 15 años, al menos 51 militares han sido procesados en el fuero común por algún delito sexual cometido en el país. 

Vanguardia solicitó a las 32 procuradurías de justicia o fiscalías estatales, cuántos casos de militares habían sido procesados por delitos sexuales desde 2006. La mayoría de las entidades respondieron que no tenían datos porque no se pregunta la profesión del imputado. Algunos estados respondieron que la información era confidencial, se declararon no competentes y sugirieron enviar la solicitud a la Sedena o a los poderes judiciales.

Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, fueron los estados donde sus respectivas fiscalías informaron de procesos contra militares por delitos sexuales, principalmente violación (13 de 51). En muchos casos no se precisó el tipo de delito sexual.

La misma solicitud se le hizo a los 32 poderes judiciales del país, para conocer posibles sentencias a militares por delitos sexuales. En total sumaron 43 casos de militares juzgados por delitos sexuales desde 2006, algunos de ellos siguen en trámite.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco, son las entidades cuyos poderes judiciales informaron haber juzgado a militares por delitos sexuales, principalmente violación (22 de 43). Al menos en 10 casos sí se precisó que se obtuvo sentencia condenatoria.

Como las fiscalías, los poderes judiciales también dicen desconocer la profesión de los juzgados.

Desde 2014, ocho años después de lo sucedido en Castaños, se aprobó una reforma que acota el fuero militar y establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas serán procesados en tribunales civiles aun cuando estén en funciones.

Anteriormente los militares y marinos solo eran juzgados por jueces civiles cuando se encontraban fuera de sus actividades castrenses. De ahí la importancia de lo que significó llevar a un juicio civil a los militares que golpearon y violaron a mujeres en Castaños.

La reforma, que atendía las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, modificó en esencia el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que sean delitos del orden común o federal los que cometan los elementos de las Fuerzas Armadas contra civiles.

María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señala que la reforma se reconoce como un triunfo de las víctimas, pero dice que la propia Corte dejó ver que no es una reforma completa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el artículo reformado aún autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos en que el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo del delito, por ejemplo, los delitos contra la salud y la seguridad nacional, entre otros.

“Lo limita a que el pasivo sea un civil, y los delitos cometidos por militares en contra de militares siguen estando en el fuero militar y no al hecho que no tiene nada que ver con la disciplina militar. Hay también un vacío y una serie de interpretaciones cuando los elementos del ejército cometen diversos delitos como contra la salud, delincuencia organizada, que no están relacionados con la disciplina militar”, comenta la defensora de derechos humanos.

A la par de los casos llevados en el fuero común, se preguntó a la Sedena cuántas denuncias por delitos sexuales se reportaron en los tribunales castrenses en los últimos 15 años. La Sedena entregó datos desde 2012 a 2019. En ese tiempo, hay registro de 43 denuncias por acoso sexual, 102 por hostigamiento sexual, 39 por violación y 131 por abuso sexual.

Sin embargo, la Justicia Militar únicamente procesó en ese tiempo a 32 militares y solo hay registro de 20 sentencias. La Sedena no precisó si se trata de denuncias hechas por civiles y llevadas a los tribunales militares o precisamente de casos de delitos sexuales denunciados por propios militares.

María Luis Aguilar del Centro Prodh agrega que es una gran preocupación que en 2016 se presentaron reformas donde se deja abierta la posibilidad que existan dos expedientes paralelos: uno desde el fuero ordinario y otro desde la justicia militar.

Añade que otro de los vacíos pendientes y donde existen varios recursos de inconstitucionalidad, son reformas que se hicieron en 2016, donde los militares pueden ser los primeros respondientes en una escena de crimen. “Eso es un gran problema”, dice, pues quien procesa las escenas son los ministerios públicos.

“Hemos visto que sí hay la oportunidad de que los militares controlen las escenas, y eso ha generado alteraciones de las mismas”, comenta.

Jackie Campbell, periodista y defensora de derechos humanos, dice que las activistas en favor de las mujeres empezaron a notar que donde los militares tienen un campamento, ahí va a haber violaciones a mujeres y condiciones de violencia.

“Era muy importante que nosotros lo lleváramos a los tribunales civiles”, recuerda Campbell.

Añade que algunos de los militares se fugaron a Baja California y otros a Sinaloa, y los activistas del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, exigieron al entonces procurador Jesús Torres Charles que los regresara.

Algunos fueron encarcelados, “pero luego Felipe Calderón los liberó”, asegura.

La mujer de uno de los militares sentenciados afirma que sólo su marido sigue en prisión.

Al final, dice Campbell, ni el gobierno de Calderón ni el de Humberto Moreira, ni el del entonces alcalde de Monclova, Pablo González, hicieron nada.

El gobierno se ablandó: Vera

Todo iba bien en el caso de Castaños, asegura Raúl Vera López, obispo emérito de la Diócesis de Saltillo, hasta que entró el gobierno de Felipe Calderón.

El caso de los militares que habían sido llevados ante la justicia civil había sido inédito.

“A mí no se me olvida cuando aparece vestido de militar, se vio muy, muy, muy mal”, platica Raúl Vera desde el patio interior de su casa en el centro de Saltillo, sentado al sol en una silla acojinada.

El padre lleva un cubrebocas morado con esa leyenda que se ha vuelto insignia en defensa de las mujeres violentadas: “NI UNA MÁS”.

Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, recordando el caso Castaños mientras porta un cubrebocas en defensa de las mujeres.

Un día después de la noche de la agresión, el obispo Vera se hallaba en las oficinas de la delegación de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, en Monclova, quería, dijo, saludar a las muchachas.

-Entré a saludarlas y en un momento dado se olvidaron del funcionario y empezaron a manifestar toda su indignación y todo lo que habían hecho con ellas, eso para mí fue oro molido, porque en las veces que tuve que hablar con la prensa traía yo la información de primera mano de todas las salvajadas que les habían hecho -recuerda.

Al cabo de algunas semanas, Vera López había ido a celebrar una misa a la iglesia de la Sagrada Familia, entre los límites de Castaños y Monclova, muy cerca de la zona de tolerancia.

La víspera, Hiradier Huerta Rodríguez, el juez del caso, había convocado a una rueda de prensa para dar el fallo en torno al ataque cometido por los soldados del regimiento de caballería.

“Y se me ocurrió, se me vino así espontáneamente, decir, ‘pues a ver si no nos sale otro rufián’”.

Raúl Vera ignoraba que en la misa se hallaba un familiar del juez Hiradier que le hizo saber a éste el calificativo que el prelado había utilizado para referirse a él.

Huerta Rodríguez se presentó entonces ante las autoridades del Vaticano en Roma y acusó al obispo de interferir en su trabajo, solicitando su destitución.

La acusación, no procedió.

—Yo dije, ‘primero, ¿quién le pagó el viaje a Roma y dos, ¿quién lo asesoró? No tenía conocimiento de nada, el juez no supo hacer las cosas.

Raúl Vera y Jaqueline Campbell habían acompañado a la mayoría de las mujeres afectadas en su proceso traumático y de revalorización de su persona.

—Atendimos a unas personas que todo el tiempo están borradas del mapa por la ocupación que tienen, no tienen derechos, no tienen quién pague un quinto por defenderlas.

El obispo, junto con sus colaboradores y agentes de pastoral de la Diócesis, tomaron parte en dos marchas para exigir justicia en favor de las trabajadoras que habían sido ultrajadas por los militares.

—Estuvimos ahí cuando las revictimizaron porque las hicieron participar en un simulacro de la violencia que vivieron. Nosotros estábamos ahí gritando, ‘manténganse, pero defiéndanse, aquí estamos nosotros’, las acompañamos.

Por esos días el obispo tuvo además acercamiento con los policías que trabajaban en los bares y fueron agredidos por los soldados.

Don Raúl habló con los empleados de los antros. Los entrevistados le confiaron cómo los militares, que habían llegado de uniforme, insignias y montados en vehículos oficiales, entraron y consumieron todas las bebidas posibles sin pagar un céntimo.

—Un descaro penoso para el ejército, una vergüenza, una página horrible para ellos y luego todavía un militar me dijo ‘bueno, señor obispo y por qué defiende a esas mujeres si para eso están ahí’, le dije ‘pues sí, pero es su trabajo, no están ahí para ser violadas.

—¿Tiene contacto con las mujeres?

—No, desgraciadamente les perdimos la pista…

En ese tiempo Vera López recibió una llamada telefónica de amenaza.

La lada correspondía a un estado del noroeste del país, Baja California, piensa Vera.

“Me dicen ‘oiga, se la está ganando eh, se está ganando la…’, algo así, era una amenaza, dije ‘ah, este es uno de los fugitivos’”.

No hicieron nada

Horas después de ocurrido el ataque, el periodista de Proceso, Arturo Rodríguez, llamó a Jaqueline Campbell para avisarle que algo muy grave había pasado en Castaños.

“Me dice ‘tienes que estar ahí’, le creímos un poco”.

Campbell tenía ya varios años de experiencia como periodista y defensora de derechos humanos, además de su trabajo como activista en las cárceles.

De inmediato investigó y decidió, junto con el obispo Raúl Vera, ir a Castaños.

A su llegada a las oficinas de la delegación de la Subprocuraduría de Justicia, en Monclova, entraron en una especie de sala de juntas donde las chicas, sentadas alrededor de una mesa, hacían la crónica de aquella noche aciaga.

-Nos mostraban las piernas con los rasguños, algunas de ellas espinadas, con las heridas muy frescas.

Las mujeres habían huido de “El Pérsico” y “Las Playas” corriendo para resguardarse de los militares, por el monte hasta la carretera y ahí se trasladaron en taxis  y en una ambulancia a sus casas en Monclova.

“No estaban organizadas, pero se convencieron de que tenían que narrar los hechos, decirlo”, cuenta Campbell en la sala de su casa pintada con los rostros de mujeres víctimas de feminicidio.

De entre aquellas pláticas la escena que a Campbell no se le olvida es la de los soldados poniendo a las muchachas contra la pared, apuntándoles, simulando un fusilamiento, y una de las mujeres orinándose del miedo.

Jaqueline y don Raúl visitaron los bares donde había sucedido el ataque de los militares y a donde las chicas, después de la agresión, habían regresado a trabajar.

Don Raúl y Campbell acompañaron a las mujeres a sus casas y conocieron a sus familias.

-Eran chicas, señoras, jovencitas, algunas con hijos, algunas con marido, alguna otra lesbiana, pero todas viviendo con sus familias, trabajando. Creo que estuve más con las bailarinas que se van con un cliente si acaso les da la gana, pero en realidad lo suyo era bailar, estar ahí acompañando a los clientes.

El caso de Castaños se volvería el primero en toda América Latina en que militares acusados de violación sexual, serían juzgados por el fuero civil.

El ejército allanó las oficinas de la Diócesis de Saltillo y la casa de Jaqueline Campbell quien se vio orillada a salir del país.

La administración de Humberto Moreira, como era costumbre cada que ocurría una tragedia en el estado, puso tutores –padrinos les llamaba- a las mujeres abusadas por los militares y el grupo se fue dividiendo.

Jaqueline Campbell dice que faltó acoger a las mujeres no solamente desde el estado sino también desde las organizaciones civiles.

—El caso Castaños no se borra eliminando un edificio, lo que sucedió fue algo muy, muy serio —sentencia.

“El Pérsico” ahora es solo ruinas.

Rendición de cuentas

Para María Luisa Aguilar del Centro Prodh, hace falta que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, vean los casos como lo que son: graves violaciones de derechos humanos y que eso genere que en realidad haya sanciones adecuadas no solo a las personas en los bajos rangos militares, sino también a quien está en las planeaciones de operativos.

Sobre todo, ahonda la especialista, en un país donde cada vez se profundizan los modelos militarizados, donde las fuerzas armadas tienen cada vez más poder y se les dan facultades para hacer actividades que no están en su competencia como la seguridad pública.

“En lugar de enviar un mensaje de que se van a generar límites y controles al actuar, el mensaje es que te vamos a dar más poder y no se generan controles civiles a las fuerzas armadas”, expone.

Así mismo, indica que pese a la reforma de 2014, sí han visto cómo los ministerios públicos dan un trato diferenciado cuando los perpetradores son elementos de las fuerzas armadas. “No hay ese mismo impulso de los ministerios públicos, de asegurarse que las fuerzas armadas entreguen toda la información”.

Comenta que pese a que hay seguimiento de los ministerios públicos, persisten los problemas para que las investigaciones sean más amplias y no solo se limiten a los elementos de menor rango, sino que exista una real rendición de cuentas de las fuerzas armadas como institución.

Estos cuartos fueron testigos del horror que vivieron las mujeres que no alcanzaron a huir de los militares

Levantarse

Brissa recuerda que después de la agresión, se sentía intimidada, paranoica. Así estuvo por más de un año, hasta que asimiló su tragedia gracias a la terapia que recibió.

Muchas personas las tacharon de prostitutas y defendían al Ejército. La gente le preguntaba qué le habían hecho, más por morbo que por otra cosa.

-La gente habla a lo tonto. Hubieran estado ahí para que se dieran cuenta de lo que en verdad pasó.

Brissa tiene ahora su negocio de comida casera. Trabaja en casa y en ocasiones también sale a la calle a hacer publicidad móvil mediante perifoneo. Tiene 43 años.

Brissa recuerda aquel 11 de julio de 2006 como si fuera ayer. Pero asegura que se supera. Platica que no se puede vivir cargando con ello, y que la mejor terapia es enfocarse en la familia y seguir adelante.

Después de lo sucedido trabajó en Altos Hornos de México donde conoció al padre de su tercer hijo. Ya es abuela. Su hija tiene 25 años, su otro hijo 23 y el más chico 13. Se separó del padre de su tercer hijo hace unos años. Asegura que nunca les habló a sus hijos con mentiras porque no tiene tapujos para relatar lo que sucedió. Ella es la víctima, no la culpable.

Menciona que de la agresión sufrida, aprendió a valorar la vida, a cuidarse y estar más cerca de su familia. A dar y recibir apoyo.

Su frase es: si se tropieza uno y se cae, hay que volverse a levantar. No hay de otra. “Hay que salir adelante, sí se puede”.

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*Francisco Rodríguez Lozano. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la universidad La Salle Laguna. Tiene más 15 años ejerciendo el periodismo, principalmente en temas de derechos humanos, efectos de la violencia y corrupción.

A lo largo de su trayectoria se ha hecho acreedor a reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación, el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, así como menciones honoríficas en el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, entre
otros.

*Jesús Peña. Licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene 25 años ejerciendo el periodismo con enfoque social y por dos décadas ha sido reportero del diario Vanguardia de Saltillo.

A lo largo de su trayectoria se ha hecho acreedor a reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo y menciones honoríficas en los premios Don Quijote del Rey de España y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la excelencia periodística, entre otros.

Esta pieza periodística ganó el segundo lugar en el concurso de Periodistas contra la tortura  elaborado por Documenta en el año 2022.

Por Cecilia Sierra

Con recursos legales poco claros y en medio de presuntas violaciones a derechos humanos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas contra su vida y sus menores hijos y hasta violación sexual, son las condiciones en las que tres mujeres michoacanas fueron sentenciadas y destinadas a vivir en prisión. 

Son las historias de vida de Yessica S., Carolina T., y Lizeth A., las tres condenadas por delitos como desaparición cometida por particulares, narcomenudeo y secuestro sin una defensa legal idónea ni el derecho a declarar su verdad. 

Yessica fue detenida en 2014 en medio de un operativo fuera de lo convencional, narró a Agencia Quadratín. 

Yessica se encontraba embarazada de su primer hijo cuando recibió un mensaje poco común, alguien, en medio de la madrugada, le escribió para pedirle que saliera de su casa para ayudar a una amiga. 

En la madrugada salió del hogar donde vivía, la casa paterna, entonces fue detenida por un grupo de elementos de la que fuera la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, dirigida por el fallecido José Martín Godoy Castro. 

Notoriamente conmovida y con los ojos anegados, con temblor en la voz y el corazón acelerado, recordó, una vez más: 

“En 2014, en Morelia, estaba en casa de mis padres, salía a ayudar a una amiga. La casa estaba rodeada por ministeriales… al encontrarme fuera, me tomaron por los pelos y me subieron a una camioneta. 

“Desde la casa hasta la procuraduría no dejaron de darme mazapanazos, a pesar que desde el primer momento les dije que estaba embarazada, ¡tenía tres meses!”, dijo.

Con un hijo en su vientre, sin saber qué sucedía, golpes y amenazas, la violencia psicológica comenzó a rendir efectos, el miedo y el terror comenzaron a apoderarse de ella. 

“La violencia psicológica es lo peor, que te amenacen hombres, muchos, es peor que lo haga una mujer. El miedo te invade, ¡yo decía, me van a matar!”, expresó, con énfasis en la palabra matar. 

Además, fue obligada a observar cómo era torturado otro hombre, también implicado en la causa, a quienes mojaron de manera reiterada, mientras lo electrocutaban sentado sobre una llanta, en medio de un patio de la entonces Procuraduría. 

No fue sino días después que conoció la causa de su arresto: la desaparición de un amigo de ella y su entonces pareja, y cuya desaparición presuntamente ordenó. 

Carente de recursos propios, fue representada por un abogado de la entonces Defensoría Pública, asesoría jurídica que no solicitó de manera oportuna la aplicación del protocolo de Estambul. 

No fue sino hasta tres años después de trámites interminables ante el juez que le fue reconocido su derecho, pero llegó tarde. 

Un equipo interdisciplinario de peritos llevo a cabo el estudio de la psique de Yessica S., a traves de reactivos y estudios personalizados; se concluyó que la mujer, que hasta entonces había sido señalada como victimaria, experimentó tortura y confesado probablemente al calor de los golpes, las ofensas, la violencia psicológica y amenazas constantes, así como el temor de perder a su hijo. 

Los resultados obtenidos por el protocolo no fueron admitidos por el juez 

Y si bien el protocolo de Estambul le favoreció, “el juez dijo que ya no tenía lesiones visibles y desestimó los resultados”, declaró, poniendo fin a la última esperanza de Yessica y su familia, a la oportunidad de volver a estar con ellos y ver crecer a su hijo. 

Las agresiones de las que fue víctima, nacidas y cultivadas en el seno de la impunidad, las denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y derivó en recomendación, la número 52/2017, aceptada en agosto de 2017 por la Procuraduría, pero que se ignora qué tanto se cumplió, porque las autoridades no dieron respuesta a la pregunta y Yessica no fue notificada del proceso…

Pero, ¿qué tan efectivo es el protocolo de Estambul, de acuerdo a la ciencia? 

El especialista en psiquiatría Jorge González Olvera, director de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, explicó que este protocolo es no solo efectivo, sino que ni la persona más entrenada en simulación podría lograr fingir. 

“Se conforma por múltiples elementos, desde una evaluación psicológica y entrevista clínica profunda que permite establecer la coherencia en el relato de la persona que se presume víctima de tortura y señales psicológicas que esten relacionados, para llegar a estos casos se incluyen examenes del estado mental, historial biográfico cuidadoso, del funcionamiento social, entre otros”, explicó el especialista, elementos que incluyen examinación de la vida de la persona antes y después de la tortura, uso y abuso de sustancias y estudio psiquiatrico. 

El experto en psiquiatría, del Consejo Nacional de Salud Mental, puntualizó que este peritaje es difícil de engañar, “¡no hay manera!, es muy difícil, ni la persona mejor entrenada en la simulación puede, porque los profesionales de la salud mental también están entrenados, es muy difícil que sean congruentes y coherentes cuando no se tuvo una experiencia de este tipo”. 

Enfatizó que el protocolo de Estambul debe desestimarse como un pretexto para evadir la acción de la justicia. 

“Yo desestimaría el uso del protocolo de Estambul para evadir a la justicia, al contrario, tiene un valor: proteger a las personas”, destacó el funcionario federal. 

La historia de Lizeth… 

No es distinta a la de Yessica, por el contrario, su experiencia con la tortura psicológica se extendió por varios años, aún estando sentenciada, hasta que el ministerio público que la arrestó y presuntamente la amenazaba, Iván Lara, fue asesinado en Uruapan el año pasado, y solo así es que ahora se ha determinado a recibir ayuda y atención psicológica. 

Lizeth A., era una sencilla ama de casa que vivía en el medio rural, en Tacámbaro; casada y con tres hijos pequeños, que combinaba sus tareas domésticas con el cuidado de una huerta de aguacate.

La historia cambió radicalmente cuando fue acusada de cuidar un camino frecuentado por criminales que mantenían privada de la libertad a una persona, cuya identidad nunca conoció ni al acusador. 

En septiembre de 2014 la entonces pareja de Lizeth fue detenida por un grupo de civiles en Tacámbaro, lo encañonaron y subieron a un vehículo, según sin mostrar orden de aprehensión ni documentos que acreditaran que aquellos civiles eran elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Era de mañana y buscaban llegar al preescolar, a fin de llevar al mayor de apenas cinco años. 

Horas después, de camino a presentar denuncia por la supuesta privación ilegal de la libertad, ahora fue ella el blanco. 

Por empistolados que aseguraban ser miembros de un cartel, fue detenida, sin decirle mayor cosa, pero le exigían saber: “¿participaste de un secuestro, le llevaste de comer a una secuestrada?”. 

De ser una ama de casa que jamás había pisado ni siquiera Barandilla, aseguró, “me esposaron, me vendaron los ojos, me amenazaron y a base de golpes me llevaron; yo no supe dónde quedaron mis hijos, de dos, tres y cuatro años”. 

Luego de obligarla a subir a la camioneta, frente a los ojos de unos niños que no entendían qué sucedía y el asombro de los vecinos, los agentes de la Procuraduría Martín Huxley A., Edgar J., Elva G., e Iván L., —este último asesinado en Uruapan—, abandonaron a su suerte a los tres menores. 

“Fui llevada en una camioneta, me taparon con sus chamarras y comenzaron a preguntarme sobre una señora; me llevaron luego a la casa, exigiendo unas armas, que él sí tenía una con permiso y otra no… en ese momento me llevan hasta una gasolinera, me suben a otra camioneta y me dicen: te vamos a matar, nos vamos a ir al cerro y te vamos a despellejar viva”. 

El principal temor de Lizeth fue no volver a ver a sus tres pequeños hijos, incluso que algo les pasara, porque los agentes Martín Huxley A., e Iván L., de manera reiterada le recordaban: “sabemos dónde está tu hijo más grande, ya lo tenemos…”.

Sin conocimiento de las leyes y con formación educativa elemental, Lizeth se doblegó ante el temor de que sus hijos estuvieran en riesgo. 

“Iván, el que me detuvo, me indicó que tenía que decir las cosas como él me decía, la declaración, de lo contrario, le iría mal a mis hijos, no sabía qué hacer, nunca antes había estado ni siquiera en Barandilla por una borrachera… débil como mujer, entonces acepté, pero que no le hicieran nada a mis hijos”, agregó. 

Como en una contraprestación, los ministerios públicos le aseguraron que ya habían dejado a sus hijos con una persona, entonces Lizeth firmó, sin presencia de abogado particular o asesor jurídico de oficio. 

Años después, tomó valor y presentó queja en contra de los agentes de investigación de la Unidad de Combate al Secuestro antes señalados, el proceso avanzó, pero vino una inesperada visita. 

En 2015, poco después de interponer la queja, valiéndose del influyentismo, el agente Iván L., ingresó en repetidas ocasiones al Penal de Delitos de Alto Impacto. 

“Él se enteraba sobre cosas que me pasaban, apenas me había enterado que estaba embarazada y me llamó para decirme, que estaba al tanto; también ingresó más de una vez para decirme que retirara la queja, que no continuara con esto”, situación que la desanimó y dejó de darle seguimiento. 

Sin embargo, años después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que la mujer había sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los agentes “Martin Huxley Ávila Rivera, Iván Lara Pérez, Edgar Jiménez Ramos y Elva García Quintana”, (sic, versión pública de la recomendación 54/2017), recomendación que fue aceptada por la entonces Procuraduría, pero que se ignora hasta dónde se cumplieron. 

Los casos de Yessica y Lizeth son probablemente los únicos que han concluido en recomendación por la brutalidad con que fueron tratadas. 

Sin embargo, no hay suficientes recomendaciones en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que permitan un estudio a profundidad de las diferencias entre las torturas a mujeres y a hombres.

De acuerdo con Irma Nora Valencia Vargas, secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo hay dos, las que no son suficientes para emitir una declaración porque podría ser sesgada. 

Pero las paredes de las instituciones no solo son testigos de las violaciones a derechos elementales, también las de carácter sexual, como la que acusa haber sufrido Carolina T., sentenciada el año pasado y cuya denuncia presentada por la violación sigue en espera. 

No se le ha notificado qué sucedió, la representación social no ha investigado qué aconteció aquel junio en las instalaciones de la Fiscalía de Zamora y la joven bióloga de 25 años. 

II 

El drama de Carolina: acusada por narcomenudeo y violada antes de prisión 

Carolina T., de 26 años, pasó de ser una joven egresada de la Universidad Michoacana, consumidora de mariguana con aparentes fines recreativos, a ser detenida por delitos contra la salud y violada durante las horas previas a la presentación del juez, sentenciada a vivir bajo prisión por narcomenudeo por cuatro años y dos meses. 

Desde el salón de usos múltiples del penal David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, Carolina, una mujer de piel morena, pelo terso y sin imperfecciones, nos relata su historia. En medio de las lágrimas, pero, sobre todo, ahogada en un mar de dudas que no han logrado resolverse, ¿qué pasó? ¿dónde, cómo, quiénes participaron y quién la agredió sexualmente aquel mes de junio de 2021? 

El año pasado dejó su casa para ir a una fiesta con otros colegas biólogos y amigos al municipio de Jacona. Ahí, reveló, compró yerba para su consumo y fue sorprendida en flagrancia por las autoridades locales. 

“Me detuvieron por la droga, la tenían en la maleta”, dijo. Sin embargo, los agentes del orden no hicieron la presentación en tiempo y forma en el Ministerio Público Federal, que cuenta con unas instalaciones en los límites con Zamora. 

“Estuve en Barandilla un día, después me llevaron a la Fiscalía y al tercer día me trasladaron a los juzgados del Poder Judicial de la Federación”, todo lo relata aún confundida.

Explica que, durante su estancia en la Fiscalía, alrededor de las 12:40 horas fue llevada a un cuarto, y que ahí pidió ir al baño. “Un hombre que estaba ahí me acompañó. Yo veía, no estábamos solos, había otros hombres… (al terminar) me llevaba de regreso al cuarto donde estaba detenida cuando se desvió, me llevó a otra oficina, se me lanzó encima, a besarme y me exigió desvestirme”, declaró ya con las lágrimas a punto de brotar. 

“Cuando me comenzó a tocar, me quedé paralizada. No sabía qué hacer, me quedé en shock… yo nunca di permiso para que me tocara, mucho menos que me penetrara. Al día siguiente nos traen para acá, yo no paraba de llorar, no le había comentado a nadie. Entonces le conté todo lo que pasó”, agregó Carolina. 

Luego de la decirle la verdad a la primera persona, lo revivió una y otra vez; con una custodia, con un médico, al director del penal Mil Cumbres, a la subdirectora y una vez más a los Ministerios Públicos, que ahora reclamaban conocer el por qué no gritó mientras era violada. 

“Yo tenía mucho miedo, había muchos más hombres en el lugar, yo no sabía si lo iban a encubrir o también participar”, dijo en entrevista con Quadratín. 

Su denuncia fue levantada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, sin embargo, hasta ahora se ignoran los avances de la investigación. La carpeta se encuentra en trámite. 

A los meses del arresto, y sin intervenir ni una ocasión durante su proceso, fue sentenciada a cuatro años y dos meses en el penal David Franco Rodríguez. 

¿Pero, qué dicen las leyes? 

En el caso de Carolina no se tipificó que fuera para el suministro o con fines de venta, como dice el artículo 195 del Código Penal Federal, la conducta acusada fue posesión con fines de transporte y con ello la sentencia menor a cinco años. 

Sobre las sentencias menores a los cinco años, señala la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, establece que la persona sentenciada puede acceder a la suspensión penal del proceso, optar por medidas penales distintas a la prisión y solicitar audiencia al juez en el que se puedan presentar garantías suficientes, económicas y fiadores morales, para validar que no habrá evasión de la acción penal, investigación que deberá ser ordenado a las Unidades de Medidas Cautelares (Umecas).

No obstante, este no es el caso de Carolina. A casi un año de haber ingresado al penal, no han sido resueltas sus dudas y tampoco ha sido informada que es su derecho humano estar cerca de sus familiares, por lo que puede solicitar a la Coordinación del Sistema Penitenciario el traslado a Lázaro Cárdenas, para estar cerca de su familia. 

III 

Desde el penal de Mil Cumbres: mujeres torturadas para confesar 

Desde la perspectiva de los juzgadores y defensores de derechos humanos, queda claro el concepto de la tortura y el papel que juega en una investigación, sin embargo, no en todos los eslabones de la impartición de justicia en Michoacán. 

Estadísticas oficiales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) revelan que en los últimos dos años se levantaron 16 quejas por tortura y emitido 14 recomendaciones por la misma causa desde 2019, a los que se habrían de sumar las de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se hacen por mero deporte, porque no buscan confesión, sino degradar a los detenidos. 

Irma Nora Valencia Vargas, Secretaria Técnica de la CEDH, expuso que la tortura tiene un único fin, obtener una confesión que beneficia a un tercero, además que puede ser muy variada y no es solo física, también psicológica. 

“Cuando hablamos de tortura, hablamos de la violación más grave a la luz de los derechos humanos, son violaciones, actos, con la finalidad de obtener de ellos -los torturados- la confesión que pueda ayudar a un tercero”, dijo. 

Se trata de, “generar dolor o sufrimientos de cualquier naturaleza y psicológicos, y no todos son iguales, pero la finalidad sí, obtener de ellos una confesión”, aclaró Valencia Vargas. 

En el caso de Michoacán señaló, se cuentan con quejas y recomendaciones principalmente contra la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, la

Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Morelia, el Ayuntamiento de Jacona y la Coordinación de Sistema Penitenciario. 

La mecánica de comprobación más efectiva de que hubo tortura es el protocolo de Estambul, aplicado en México por instituciones como el Instituto Nacional en Ciencia Penales, con un costo, y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Los resultados del mismo tienen una connotación dentro del proceso penal, pueden ser intraprocesales y cambiar el rumbo de la investigación o extraprocesales que no afecta en el caso que se juzga. 

María de la Soledad López Ortiz, juzgadora del Poder Judicial de Michoacán, explicó a Quadratín que toda persona víctima de tortura debe informar a los jueces, ya que, de probarse la obtención de una confesión mediante la tortura en la causa que está siendo juzgado, todas las pruebas pueden ser fabricadas al calor de la ilegalidad. 

Al obtener resultados positivos de un protocolo de Estambul, es decir, que el imputado fue torturado y la declaración fue obtenida de esta manera, “los efectos intraprocesales inciden que, entonces ahí podrá alegar ilicitud de los actos de investigación, en la etapa intermedia de la investigación”, esto podría cambiar el rumbo de las acusaciones y también se abre la puerta la persecución y castigo a los responsables de la tortura, un delito considerado de lesa humanidad. 

Sin embargo, en la práctica, en Michoacán, no se conoce, al menos no públicamente, casos de personas a quienes se haya reconocido que sufrieron tortura, comprobado la misma; que fuera castigado al culpable y liberado al inocente, tal y como alega Yessica S., que dio positivo al protocolo y sigue presa; Lizeth A., que por miedo no ha logrado acceder al apoyo psicológico y Carolina T., violada y cuya historia había sido callada a la opinión pública. 

En sus historias, desde el penal de Mil Cumbres… 

Ahora no solo siguen viviendo con miedo, también en el abandono de sus familias y de sus parejas sentimentales, alejadas de sus hijos e hijas, que, con el paso de los años, las dejaron.

La madre de Lizeth llevó al más pequeño de sus hijos a Ciudad de México, para salvarlo del peligro que representaban para ella los ministerios públicos, Iván Lara y Martín Huxley A. 

A Carolina T., casi no la visitan, no se ha cristalizado su derecho a vivir privada de la libertad en un Centro de Reinserción Social cercano a su familia, mucho menos el de la suspensión condicional del proceso que establece la ley a quienes fueron condenados por menos de 5 años. 

Yessica S., limpiándose las lágrimas, con lo que le queda de orgullo, condena su realidad, recrimina con énfasis: 

“Aquí las mujeres estamos solas, comparé un día de visita en población de hombres, está llena, aquí vienen pocos (…) a veces se les olvida a los que están afuera que somos personas, nos quieren quitar todo, hasta los derechos humanos”. 

Yessica S., fue sentenciada en el sistema tradicional a 21 años de prisión como autora intelectual de una desaparición cometida por particulares, en Morelia. De la víctima fue encontrado solo un pedazo del fémur. 

Carolina T., aún debe pasar tres años en la prisión en tanto pueda acceder a una medida distinta a la prisión. 

Mientras que a Lizeth., le faltan más de 30 años para volver a reunirse con su familia, sus hijos entonces serán adultos.

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