Por Erick Baena Crespo

La distancia entre la Ciudad de México y Nueva York es de 4 mil 321 kilómetros. A lo largo de dos décadas, José Luis Manzo, de 50 años, originario de Los Reyes, La Paz, Estado de México, recorrió esa distancia una veintena de veces, lo que equivale a dos vueltas al mundo.

José Luis, carpintero que trabaja en la industria de la construcción, emigró a Nueva York en julio de 1998, unos meses después del nacimiento de Luis Ángel Manzo Irineo, su segundo hijo. El plan, como el de millones de migrantes mexicanos, era sencillo: irse a “al otro lado”, trabajar, ahorrar, enviar dinero y volver a su país.

En el 2000 regresó a México, pero sólo para confirmar que la distancia, el tiempo y su ausencia habían erosionado la relación con Ángela, la madre de sus hijos. Se separó de ella y volvió a los Estados Unidos. Allí conoció a su actual esposa y obtuvo la nacionalidad.

  Desde entonces, una vez al año, visitaba a sus hijos, “sus muchachos”, como él los llama, para pasar las vacaciones decembrinas con ellos. Llegaba con cuatro maletas a cuestas y muchos obsequios bajo el brazo.

A lo largo de dos décadas, José Luis tomó una treintena de vuelos. Ante sus ojos, en los últimos años, el espejo verde del Lago de Texcoco fue desapareciendo para mostrar la silueta en forma de “X” del fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).

Nunca había atravesado el cielo de su país en días nublados. Hasta aquella mañana trágica, cuando recibió una noticia devastadora.

El 30 de julio de 2018, a las 7:00 a.m., le avisaron que Luis Ángel, su hijo de apenas 20 años, “su muchacho”, había fallecido al interior del anexo “Grupo Generación Nezahualcóyotl”, ubicado en la cerrada 2 de abril, colonia los Reyes Acaquilpan, a unas cuadras del domicilio de la familia. La causa: una neumonía bilateral, según la versión oficial.

Una bolsa de aire se instaló en su estómago, acompañada de náuseas y una furia seca que le escocía los labios.

Compró el primer asiento disponible que encontró en un vuelo sin escalas y viajó apenas con 40 dólares en su cuenta bancaria.

Esta vez no había itinerario ni cuatro maletas.

Esta vez sólo había desconcierto, rabia y una profunda tristeza.

Antes de aterrizar, ante sus ojos húmedos, enrojecidos, desfiló un cielo nublado, con visos de tormenta.

Acumulaba veinte años de desplazamientos entre un país y otro, entre un idioma y otro, entre una familia y otra.

En 1998, José Luis se despidió de Luis Ángel, en su primer viaje de ida a los Estados Unidos. A ese bebé de nueve meses de edad le prometió que, a pesar de la distancia, velaría por él.

En 2018, José Luis se despidió de Luis Ángel, en su inesperado viaje de vuelta a México. A ese joven, cuyo semblante apacible lo interpelaba detrás del cristal de un ataúd, le prometió que, a pesar de la distancia, buscaría justicia. 

El dolor de una partida. y una promesa inconclusa.

Cinco años después, José Luis ha cruzado la frontera, con el propósito de exigir justicia por la muerte de su hijo, en tantas ocasiones que ha completado, una vez más, otra vuelta al mundo.

***

José Luis llegó a Los Reyes, La Paz, en el momento en que velaban el cuerpo de su hijo en la casa de su madre, fallecida hace algunos años, ubicada en la colonia Carlos Hank González.

En el aire flotaba el olor a flores frescas y café quemado. En el centro de la sala, bajo luces mortecinas, descansaba el ataúd con el cuerpo de Luis Ángel. José Luis se acercó al féretro, como si se asomara a un abismo, y encontró detrás del cristal el rostro inmutable de su “muchacho”. En torno a él, además de sus familiares, se congregaron ancianas, mujeres y hombres; una multitud de personas desconocidas. Los niños, ajenos a la muerte, cansados y aburridos, gritaban; las madres los silenciaban con amenazas.

Ese contraste entre la vida y la muerte, esas imágenes que le parecían absurdas, hizo estallar a José Luis: “Los padres no deberían enterrar a sus hijos”, pensó.

La rabia lo invadió hasta secarle la boca.

José Luis, impulsado por una ira que se transformó en desesperación, se acercó a su hermano Alejandro.

–Préstame las llaves de tu camioneta, por favor.

Alejandro, un hombre enjuto, de voz apagada, respondió:

–¿Ahorita?

–¡Sí! No puedo quedarme así, tengo que averiguar lo que pasó, entrar al anexo.

–Te acompaño, mano, cómo crees que vas a ir solo.

  A la camioneta subieron José Luis, Alejandro, Alicia, su hermana mayor, y Concepción, su cuñada. José Luis ocupó el asiento del copiloto y observó cómo el cerro que se dibujaba en el horizonte había sido devorado por la mancha urbana. En su infancia ese lugar fue un lote baldío hostil, lleno de jaurías de perros, además de basurero clandestino.

Llegaron al anexo, ubicado en una cerrada, tras conducir sobre una ruta laberíntica que parecía conducirlos al final de un túnel. Era una vivienda de dos plantas, habilitada como centro de rehabilitación.

  José Luis tocó la puerta y, ante él, apareció un joven malencarado:

  –Hola. Soy el papá del joven que falleció aquí. ¿Puedo pasar? –se presentó José Luis.

  –Déjame hablarle al encargado –le respondió y entrecerró la puerta.

  José Luis, de todas formas, se abrió paso. Un grupo de personas, trabajadores del anexo, se acercó a él y trató de intimidarlo, diciéndole que estaban amparados, que las autoridades no podían hacerles nada. 

  Entonces apareció Daniel Sánchez Martínez, quien se presentó como el encargado del anexo. José Luis le solicitó que le mostrara el lugar exacto en el que había muerto su “muchacho”. Daniel le respondió que Luis Ángel había fallecido en uno de los cuartos de arriba. José Luis subió, custodiado por Daniel y dos hombres más. Alejandro, Concepción y Alicia lo esperaron en la planta baja.

Mientras subían las escaleras, otro hombre, que en ese momento descendía, lo empujó con el hombro.

  –Oye, ¿qué te pasa? Me vuelves a aventar y yo sí te voy a reventar, compa –le advirtió José Luis.

Sánchez Martínez calmó a sus hombres y, nervioso, le explicó a José Luis que ayudaron a Luis Ángel a bañarse. Y agregó que, incluso, horas antes de morir les pidió un vaso de refresco y se lo tomó.

  En la segunda planta, los ambientes estaban en penumbras. José Luis le cuestionó:

  –¿Muéstrame en dónde lo bañaste?

  Sánchez Martínez señaló un cuarto pequeño, sucio y mohoso, en el que había una regadera y una taza de baño. José Luis abrió una llave de la regadera, luego otra, y le dijo:

  –¡Está fría! 

  –Es que apagamos el boiler –se excusó Daniel.

  Una voz, que subió por las escaleras y llegó a oídos de José Luis, repetía: “¡Se la van a pelar, jefe! Estamos amparados”.

  La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. José Luis bajó las escaleras y le dijo a sus familiares: “Vámonos”.

  Una vez afuera se percató que, en la fachada, debajo del nombre y el logo amarillo de Alcohólicos Anónimos se leía: “Servicios gratuitos. Estancia voluntaria. Respeto a la integridad humana”.

  El colmo de la ironía, pensó.

  Y se fue como llegó: en medio de un silencio tan estruendoso que inundó la cabina de la camioneta, pero con la certeza de que su hijo no había fallecido de causas naturales.

***

En ese momento empezó la travesía de José Luis, quien retrasó dos semanas su regreso a los Estados Unidos. El 31 de julio enterró a su hijo y, al día siguiente, a las 8:00 a.m. se presentó en las instalaciones del Centro de Justicia La Paz, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

  Y ahí exigió una copia de la carpeta de investigación (NEZ/NEZ/REY/053/156662/1807) –signada por Arturo Benavides Mejía, agente del Ministerio Público de Los Reyes, La Paz–, que se abrió por el probable delito de homicidio. Al principio, los funcionarios se negaron a entregársela y lo responsabilizaron de la muerte de su hijo, “por abandonarlo para cumplir el sueño americano”. Lo refirieron con el comandante Alarcón, policía ministerial, quien le preguntó si tenía copias de los envíos de dinero que realizó a su familia durante los últimos años, para comprobar que, en efecto, se hacía cargo de la manutención de sus hijos.

José Luis les respondió que sí, que eso lo podía comprobar sin problemas. Al final, tras una férrea insistencia, le facilitaron una copia de la averiguación.

  Alarcón le dijo: “Vi cosas extrañas en el anexo, así que vamos a ir mañana, para continuar con las diligencias, si quieres ahí te veo”. Citó a José Luis a las 2:00 p.m. y le pasó su número de celular. José Luis supuso que Alarcón quería extorsionarlo para “acelerar” la investigación, así que alcanzó a decirle: “No tengo dinero”. Alarcón no respondió nada y sólo agregó: “¡Allá te veo!”.

  Al otro día, José Luis acudió a las instalaciones del anexo, esperó afuera y Alarcón nunca llegó. Entonces aprovechó para tocar la puerta y exigirles, a los encargados, las cosas de Luis Ángel.

Un joven le entregó una bolsa abultada con una camiseta, pantalones, ropa interior, calcetines y un par de tenis. José Luis, que no quería permanecer más tiempo ahí, arrojó la bolsa en el asiento del copiloto de la camioneta y se fue a la casa de su mamá. 

Al llegar, le pidió a Javier, otro de sus hermanos, quien trabajó en la policía municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, que revisara las cosas.

–Ahorita no tengo cabeza para nada –se justificó José Luis.

Javier se colocó unos guantes y abrió la bolsa. Alarmado, le dijo:

–¡No manches! La ropa está mojada.

Daniel Manzo, hijo mayor de José Luis, y Alejandro se acercaron a examinar las prendas y le confirmaron a José Luis que ésa era la ropa que Luis Ángel traía el día de su ingreso.

Daniel recordó que, el día que falleció su hermano, una persona se acercó a la familia Manzo [misma que les pidió resguardar su nombre, por temor a represalias] y les informó que Luis Ángel, al ser internado, fue sometido a una práctica generalizada en este tipo de centros, que consiste en bañar a las personas con agua fría y luego dejarlos a la intemperie. 

José Luis supo, entonces, que su hijo fue sometido a tortura y maltrato por parte de los “padrinos” del anexo: Daniel Sánchez Martínez y Bulmaro Meza Girón. 

  José Luis se preguntó por qué los peritos no habían resguardado la ropa como elemento de prueba. El hecho de que las prendas mojadas de Luis Ángel estuviesen en el anexo confirmaba un error en la cadena de custodia.

  De acuerdo con el numeral 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 25, fracción XX, de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, todo servidor público (fiscal, policía y peritos) deben de tener el cuidado necesario en todo momento, en cuanto al resguardo de la cadena de custodia, debido a que cualquier “contaminación” de los indicios de la escena del crimen altera de forma significativa el resultado de un proceso penal y, de ese modo, condenar o absolver al presunto responsable.

  José Luis se presentó en el Centro de Justicia y les explicó que el personal del anexo le acababa de entregar la ropa húmeda de su hijo. Con cinismo, un funcionario le indicó que la entregara al comandante Alarcón, para que la pusiera en custodia.

  Alarcón lo recibió. José Luis le reclamó por dejarlo plantado afuera del anexo, Alarcón se excusó, alegando que tuvo que ir a comer. José Luis cambió de tema y le mostró la ropa de Luis Ángel.

  –Mira lo que me entregaron… Y está toda mojada, ¿no se te hace raro?

  Alarcón, impaciente, sin responder a su pregunta, le dijo:

  –¡Dámela, pues! O dime… ¿Qué quieres dejar?

  José Luis, sorprendido, le espetó:

  –¡Todo! Es evidencia. ¡Tú te tienes que encargar de esto, es tu trabajo!

  Alarcón le pidió a otro funcionario que recibiera la ropa, hiciera una relación y la resguardara. Y luego, molesto, le soltó a José Luis:

  –¿Ya viste los resultados de la autopsia? A tu hijo no lo mataron ni lo asfixiaron con una almohada…

–Sí, ya sé, le dio una neumonía, pero ahí está la ropa mojada, ahí tienes otra línea de investigación, ¿no?

Alarcón no supo qué responder. Y así concluyó el trámite, entre incomodidad y silencio.

Antes de salir del Centro de Justicia, José Luis se acercó al agente del ministerio público, Benavides Mejía, a quien le dijo: “No te preocupes, tú no te mandas sólo. Hay uno arriba de ti, luego otro, después el gobernador y, más allá, el presidente. Y si aún así nadie me atiende, están las instancias internacionales”.

Con ello dio inició su periplo burocrático transfronterizo: en ambos países, desde entonces, ha buscado la justicia a través de oficios, cartas y peticiones oficiales a diversas instancias.

Ha solicitado el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), el Consulado General de México en Nueva York, el Gobierno federal y hasta la Casa Blanca.

Entre 2018 y 2022, la CEAVEM le asignó tres asesores jurídicos que, a juicio de José Luis, no han hecho nada por su caso.

En respuesta ha obtenido acuses de recibo e intercambios de oficios entre las dependencias que suman una decena de archivos PDF.

José Luis tiene la certeza de que, los propietarios del anexo, no han sido investigados porque gozan de protección desde el poder.

Y las pruebas de sus dichos las encontró en el “lugar” menos esperado: Facebook.

***

El 2 de agosto de 2018 la carpeta de investigación (NEZ/NEZ/REY/053/156662/1807) fue remitida al agente del ministerio público adscrito a la Mesa Dos, Germán Luna Barrón. El 7 de septiembre, a través del oficio 308618, Luna Barrón le solicitó a la Coordinación General de la Policía de Investigación de Los Reyes, La Paz, que designara personal para continuar con las indagatorias.

  El 20 de agosto de 2018, el policía de investigación, José Salomón García Estrada, en un reporte policial, en respuesta a la petición de Luna Barrón, señaló que el responsable del anexo era Bulmaro Meza Girón. García Estrada, como parte de las indagatorias, realizó una “inspección” en el anexo y se entrevistó con Meza Girón, quien le dijo que, al momento del ingreso de Luis Ángel, él le recomendó a la familia Manzo llevarlo mejor a un hospital, debido a su grado de desnutrición. Esa afirmación se contradice con los testimonios de la madre y el hermano de Luis Ángel, contenidos en la carpeta de investigación. De acuerdo con ellos, el sábado 28 de julio, un día después de su ingreso, Ángela y Daniel Manzo se presentaron en el anexo, para llevarle artículos de higiene personal a Luis Ángel. 

Daniel Sánchez Martínez los recibió en la puerta.

–¿Cómo está mi hijo? –preguntó Ángela.

–Anda medio inquieto. Se quiere ir –respondió Sánchez Martínez.

Ángela y Daniel Manzo se miraron extrañados. Ángela le dijo: 

–Mejor me lo llevo. 

En ese momento, Meza Girón, al escucharlos, se asomó y les dijo, tajante: 

–No, señora, su hijo tiene que estar aquí mínimo un mes y medio. Regresen en 15 días.

  Esa y otras inconsistencias son patentes a lo largo de las más de 500 fojas que componen el expediente, a cuya copia tuve acceso como reportero.

  Por ejemplo:

  El 1 de octubre de 2018, Meza Girón recibió un oficio, firmado por Luna Barrón, para que “proporcione la documentación actual que acredite su legal funcionamiento”, así como una hoja de registro de las personas que se encontraban en el anexo entre el 29 y el 30 de julio de 2018. 

Meza Girón no atendió la petición del ministerio público, por lo que el 3 de enero de 2019, Luna Barrón emitió un recordatorio solicitando la misma información. En esta ocasión, el mismo Meza Girón acusó de recibido el 5 de enero, como lo constata su firma al calce. 

Daniel y Alejandro Manzo, en el proceso de la investigación, se encontraron con Meza Girón más de una vez a las afueras del Centro de Justicia. Daniel, incluso, cuenta que un día Meza Girón se acercó a él para intimidarlo. Le dijo, con cinismo: “Ya no hagan nada. De todas formas, tarde o temprano, tu hermano se iba a morir”.

  La familia Manzo Irineo desconocía, al momento de la muerte de Luis Ángel, la faceta política de Meza Girón, que lo liga a un grupo de poder. 

  De acuerdo con las planillas de candidatos a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2019–2021, en las elecciones de 2018 Meza Girón fue candidato a la regiduría 7, del ayuntamiento de Los Reyes, La Paz, por el partido Nueva Alianza (NA).

  Meza Girón perdió frente a los candidatos de la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES). No obstante, a pesar de la derrota –que José Luis interpreta como un inobjetable cálculo político–, obtuvo un puesto en la Comisión de Salud de la tercera regiduría.

  Un conflicto político desnudó los supuestos nexos entre Meza Girón y la senadora con licencia, Martha Guerrero Sánchez, actual presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México.

  El 15 de agosto de 2019, la entonces alcaldesa morenista de Los Reyes, La Paz, Olga Medina Serrano, suspendió el pago de salarios a 18 empleados municipales de la primera y tercera regiduría, entre ellos Meza Girón.

Después de que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se negara a resolver el conflicto, Juana Oropeza García, primera regidora, y Alma Janeth Ramírez Hernández, recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en demanda de la protección de sus derechos político–electorales.

El TEPJF, a través del juicio ST/JDC/170/2019, ordenó a la alcaldesa resolver la situación jurídica de los empleados con pagos suspendidos. En dicha sentencia se lee el nombre de Meza Girón, al que se enlista entre los funcionarios adscritos a la tercera regiduría.

  El reportero Juan Lazaro, en una nota publicada al respecto en el portal La Silla Rota, refiere que la raíz del conflicto se debe a que los 18 empleados municipales, entre ellos Meza Girón, son “simpatizantes de la senadora Martha Guerrero Sánchez, del grupo de Acción Política (GAP), mientras que la alcaldesa [Medina Serrano] es parte del grupo político interno de Morena, conocidas como ‘Los Puros’”. 

  Meza Girón, no obstante esas pruebas, falseó datos en su declaración, como consta en la carpeta. El 11 de julio de 2019 se presentó a testificar por el caso de Luis Ángel. Le tomaron su declaración en calidad de “testigo de los hechos”, a pesar de que en su declaración sostuvo que fungía como “Coordinador” del Grupo Generación Nezahualcóyotl. En el apartado de ocupación se nombró como “gestor” y no proporcionó lugar de trabajo, a pesar de que, para esas fechas, trabajaba en el ayuntamiento.

  José Luis encontró en Facebook un video en el que Guerrero Sánchez, en su calidad de senadora, acompañada de Meza Girón, inaugura unas oficinas de Morena en Los Reyes, La Paz. En la grabación se aprecia a ambos cortando un listón rojo. También encontró una fotografía, de ese mismo día [se infiere por la vestimenta], en la que Guerrero Sánchez se retrató con un grupo de personas, entre ellas Meza Girón, quien aparece a espaldas de la legisladora.

  La familia Manzo Irineo sostiene que Meza Girón y los empleados del anexo gozan de impunidad porque son operadores políticos de Morena en la zona.

***

En un giro extraño de las indagatorias, el agente del ministerio público integró a la carpeta de investigación notas de evolución médica sobre Luis Ángel, elaboradas por el personal sanitario del Hospital General Regional La Perla, que datan de agosto de 2012, cuando él tenía 14 años de edad. En esa ocasión, Luis Ángel fue internado por desnutrición crónica y consumo de solventes.

  Integrar ese documento a la indagatoria fue una forma de instaurar una narrativa que estigmatiza a Luis Ángel como usuario de drogas y culpa a la familia de su muerte. Los documentos –confiesa José Luis– los filtró una de sus hermanas, con quien la familia está enemistada.

  Luis Ángel vivió con ella unos meses, así que esa información estaba en su poder y ella la proporcionó a los encargados del anexo –acusa José Luis–, para tratar de eximirlos de responsabilidad. 

En el documento “Recomendaciones para entrevistar a personas usuarias de drogas privadas de la libertad”, elaborado y difundido por Documenta, organización civil que trabaja en la consolidación de un sistema de prevención de la tortura en México, explican que existe un fuerte estigma asociado al consumo de drogas, que provoca que las personas usuarias sean rechazadas por la sociedad, al percibirlos como criminales, asociales o moralmente débiles, lo que justifica el castigo o sometimiento. De estos estigmas se alimenta el proceder y narrativa de los anexos. “Esta concepción suele estar tan arraigada en el imaginario social que las y los propios usuarios normalizan los actos de violencia que les son infligidos, al asumir que los merecen como consecuencia de su conducta”, se lee en la referida publicación.

El caso de Luis Ángel ilustra el fracaso de la política de prevención y tratamiento del abuso de sustancias. La prohibición, señalan diversos especialistas, ha fracasado, lo que derivó en el fortalecimiento del crimen organizado y en la proliferación de cientos de miles de centros de rehabilitación, o anexos, que operan al margen, o en el limbo, de la ley.

Los datos sustentan dichas afirmaciones:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011) y la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2016), el porcentaje del consumo “alguna vez en la vida” se incrementó 3% en la población general a nivel nacional (48% y 51% respectivamente). 

En ocasiones, el usuario de drogas es el eslabón más débil de la cadena de producción, distribución y consumo de drogas. La industria alrededor del consumidor, incluido los centros de rehabilitación, lucran con un problema que tratan de abordar a nivel individual, cuando en realidad se trata de un problema de salud pública.

Sus derechos son vulnerados a partir de los estigmas que se construyen alrededor de ellos. Los familiares –como José Luis– se encuentran en una posición vulnerable, debido a la falta de información sobre tratamientos eficaces.

Esa narrativa es fruto de una política punitivista contra las drogas que data de los años sesenta, señala Ángel Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta.

“Eso alimentó la idea de que el usuario de drogas es una persona sin control de sus impulsos, por lo que el Estado y la sociedad, acompañaron la demanda de que al adicto se le rehabilitara de cualquier forma o se le apartara socialmente”, sostiene.

A eso hay que agregar que el tema de las adicciones en México se ha abordado desde dos ópticas predominantes: la sanitaria y la jurídica.

“A partir de la primera y lejos de considerarlas como un problema de salud pública, se les aborda como una enfermedad y se ejecutan para su resolución estrategias asistenciales basadas en dos intervenciones fundamentales: tratamiento y rehabilitación”, escribieron Félix Aranday Cortés y Enrique Mendoza Cabrera, en su artículo “Adicciones: fenómeno paradigmático en salud y transgresión a los derechos humanos”, publicado en la revista Dfensor, en diciembre de 2012, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esa visión sanitaria de las adicciones alimentó la cultura de los anexos; es decir, la concepción de la persona con consumo problemático como un “enfermo” al que hay que “curar”.

En dicho artículo, Aranday Cortés y Mendoza Cabrera refieren que antes de la era de la microbiología a los enfermos se les clasificaba con base en la “corporalidad del mal”, lo que originó tratamientos crueles e inhumanos, como los baños con orina de burro.

“El fracaso de estas intervenciones favoreció el desarrollo de leyes severísimas, con alto contenido moral, que propiciaron el aislamiento, posteriormente la segregación de los leprosos de la vida social y, finalmente, la conversión en sujetos de repudio y discriminación”, detallan.

Los leprosarios, antecedentes directos de los “anexos”, se convirtieron en métodos de control sanitario y social.

El canal de Youtube, “Cayaco Anexo al Extremo AA”, que cuenta con más 29 mil 300 seguidores y 203 videos publicados, es un ejemplo de la naturalización de prácticas violentas y vejatorias, incluida la privación de la libertad, a personas con problemas de consumo de sustancias, quienes –además– son vulnerados en su derecho a la imagen.

Los anexos segregan y apartan a las personas de su núcleo familiar. Ese es su modus operandi. De ahí que los centros de rehabilitación deshumanicen al sujeto y lo ilegal se torna legal: privación de la libertad, sometimiento, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Salvador Ferrer agrega que la privación de la libertad que practican en estos centros, a través de la figura de tratamientos residenciales obligatorios, se sustenta en un vacío legal que retrata la negligencia de las autoridades. Sin mandato legal, argumenta, ningún ciudadano puede ser privado de su libertad.

En ese sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM–028–SSA2–2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, de observancia obligatoria, contiene los lineamientos bajo los que –en teoría– debe de operar una clínica de tratamiento de adicciones, sea ambulatoria o residencial. La NOM028 denomina a los anexos como grupos de ayuda mutua. El numeral 5.2, del apartado de “Generalidades”, estipula que los establecimientos especializados en adicciones que cuenten con atención residencial deben de establecer una relación con el usuario basada en el respeto a sus derechos civiles y humanos.

En el caso de Luis Ángel, el anexo “Grupo Generación Nezahualcóyotl” incumplió con el numeral 5.2.4.12, que señala que toda la información proporcionada por el usuario o sus familiares debe de manejarse con normas de confidencialidad y secreto profesional. Eso no ocurrió en el caso del video que difundieron en Facebook, para deslindarse de la muerte de Luis Ángel, a quien revictimizan, criminalizan y responsabilizan por su propia muerte.

El anexo también incumplió otras disposiciones, como el numeral 9.2.2.3.3 que señala que, en caso de una severa intoxicación, se debe de referir al usuario a los servicios de atención profesional, y el 9.2.2.3.5 que, a la letra, estipula: “Todo usuario que ingrese al establecimiento debe de ser valorado por un médico en un periodo no mayor a 24 horas”. 

No obstante, existen contradicciones patentes –señala Salvador Ferrer– entre la NOM028 y las recientes reformas a la Ley General de Salud aprobadas el 5 de abril de 2022.

Dicha reforma, que Documenta califica de vanguardista y transformadora, establece la salud mental y la prevención de adicciones como ejes de carácter prioritario dentro de las políticas públicas de nuestro país. Garantiza, por ley, que el internamiento para la atención de las adicciones y la salud mental debe de ser voluntario, previo consentimiento informado y con la participación de la persona en la toma de cualquier decisión médica. Por el contrario, la NOM028 señala –en el numeral 5.3.2– que el ingreso de forma involuntaria se presenta en el caso de los usuarios que “requieren atención urgente o representan un peligro grave e inmediato para sí mismos o para los demás. Requiere la indicación de un médico y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, el usuario puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del establecimiento. Todo internamiento involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión”.

Las graves discrepancias entre ambas disposiciones plantean dudas urgentes de atender.

“En el plazo que establecen los artículos transitorios de la Ley General de Salud se tienen que hacer los ajustes y modificaciones, por lo que supongo que la NOM028 se va a suprimir, pero no hay certeza de ello. Estamos en un escenario de incertidumbre legal y política y, en ese escenario, los anexos seguirán operando como si nada”, señala Salvador Ferrer.

En la última década, en los medios de comunicación, han sido frecuentes las historias que denuncian maltratos, abusos, golpes, castigos crueles, humillaciones e, incluso, abuso sexual al interior de los anexos.

  El Estado y sus instituciones de salud pública no abordan el tema de las adicciones desde una perspectiva humanista ni integral. Basta escuchar los anuncios de la campaña de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), órgano de la Secretaría de Salud (SSA), que parecen reciclar la añeja y estéril campaña “Vive sin drogas”, lanzada por TV Azteca en los años noventa, en los que impera una narrativa punitivista que pretende disuadir el consumo de drogas, en vez de avanzar hacia una discusión sobre el consumo responsable y la despenalización. Ejemplo de ello son algunos spots de la campaña “Línea de la Vida”, como aquel en el que un joven, a ritmo de música hip hop, canta: “Eso siempre acaba mal, carnal”.

Los especialistas coinciden en que los anexos son un obstáculo –debido a su naturaleza coercitiva– para aplicar una perspectiva de Derechos Humanos al tratamiento de las adicciones.

***

La tortura física es todo aquel método, técnica y entorno creado para causar, de forma intencionada, dolores o sufrimientos sobre el físico de una persona. Golpear fuerte, no dar agua por largo tiempo, dar toques eléctricos, inmovilizar por largos periodos en posiciones formzadas, quemar o ahogar son algunos de los ejemplos de tortura física.

El delito de tortura tiene una pena mínima de cuatro años y puede llegar hasta treinta años. Los años que determine el juez dependerá de 1) si la persona que la comete colabora y aporta información puede reducirse la pena; 2) si la tortura es cometida contra grupos vulnerables, la pena se incrementa.

En el caso de Luis Ángel, esta última era su condición: un joven usuario de drogas –solventes–, con un consumo problemático, desnutrición y debilidad generalizada. 

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes estipula que la tortura puede producirse en cualquier lugar del que la víctima no pueda irse libremente. “Puede producirse en una residencia para personas adultas mayores, en un hospital psiquiátrico, en una clínica contra las adicciones, etc”, señala el documento “Preguntas y respuestas para victimas de tortura”, elaborado por Documenta.

  Como aclara la organización, cualquier persona particular puede estar involucrada en la comisión de los delitos de tortura y malos tratos, cuando hay un servidor público que lo permite, lo tolera u obliga a alguien.

En este caso, Alejandro recuerda que, al momento de presentar la denuncia ante el ministerio público, las autoridades se mostraron condescendientes, con los propietarios del anexo. La familia Manzo declara que, al interior del Centro de Justicia, hubo presiones, por parte de Sánchez Martínez y Meza Girón, para que la autopsia no se realizara. 

Cuando alguien sufre tortura –según el referido informe de Documenta–, se le coloca en una situación de indefensión y vulnerabilidad total: esto hace que sea sencillo manipular sus acciones.

Cuando Luis Ángel recayó en el consumo de solventes, que derivó en un cuadro de anemia, Ángela y Daniel, su hermano mayor, hicieron lo que muchas familias hacen en su lugar: internarlo en un anexo.

Luis Ángel empezó a consumir drogas, inhalar solventes, fumar mariguana y bebidas alcohólicas a los 13 años. Ángela le avisó a José Luis que su hijo estaba consumiendo sustancias y que había abandonado la secundaria. 

José Luis atribuyó el problema a la “edad”, convencido de que la personalidad y el carácter de su hijo se estaba forjando, con la esperanza de que esos problemas los superara con el tiempo.

“A mí parecer no era necesario que se le anexara. ¿Por qué? Cuando uno va dejando la niñez y se convierte en adulto hay muchos cambios hormonales y desestabilidad emocional. Y más si uno no está mentalmente apto. Su consumo era intermitente”, me explica José Luis en una videollamada de Zoom.

Con todos los indicios en la mano, José Luis está convencido de que Luis Ángel, “su muchacho”, fue torturado al interior del anexo. Daniel Sánchez Martínez, junto a otra persona, confesó que lo metió a bañar. Ante la ausencia de una bitácora de entradas y salidas, no hay certeza de quiénes estaban al interior del anexo en el momento de la muerte de Luis Ángel, lo que ha impedido que la autoridad cite a declarar a más testigos. 

José Luis especula sobre lo que le ocurrió a su hijo: “¿bañaron a mi hijo con todo y ropa?, ¿con agua fría?, ¿cuántas veces?, ¿cuántos días?”.

  Hay dos indicios que, para él, son la confirmación de sus sospechas: la ropa húmeda de Luis Ángel que le entregaron a las puertas del anexo y que Daniel Sánchez Martínez se encuentre prófugo.

El 30 de julio de 2018, Sánchez Martínez acudió al Centro de Justicia sin identificación oficial, por lo que el domicilio que proporcionó no contaba con un aval probatorio. Entre 2018 y 2019 fue citado en tres distintas ocasiones y las autoridades no lo han localizado en la dirección que les proporcionó. 

De acuerdo con la información, consignada en la averiguación previa, Luis Ángel falleció a las 4:00 de la madrugada; no obstante, los elementos de la policía municipal de La Paz arribaron al lugar a las 7:00 de la mañana. Durante tres horas, Luis Ángel no recibió, siquiera, primeros auxilios. Nunca llegó una ambulancia al lugar. 

José Luis lanza otra batería de cuestionamientos: “¿Por qué someter a ese castigo a un joven que llegó en un estado tan frágil? ¿Por qué nadie intentó reanimarlo? ¿Quién más protege a los culpables?”.

Las preguntas, cinco años después, siguen sin respuesta.

***

Una escena simbólica, que me narró José Luis, resume la doble tragedia de las víctimas de homicidio y de sus familiares en este país. Un día, a las afueras del Centro de Justicia de Los Reyes, José Luis vio que la bandera de México, que ondeaba en el aire, estaba desgarrada, sucia, hecha jirones.

  Sin afán patriótico, pero ofendido por lo que la imagen significaba (indiferencia y desinterés), se acercó a un funcionario del ministerio público:

–¿Sabes lo que significa la bandera mexicana?

El funcionario, hundido en una silla maltrecha, con el haz de luz de la computadora iluminando su rostro, lo volteó a ver:

–No… ¿Por qué?

–¿Ya viste cómo está la bandera allá afuera? –señaló a través del vidrio opaco de una ventana–: Ni siquiera eres capaz de bajarla y pedir otra.

–¡Achis! Como si fuera mi culpa… –respondió el empleado del ayuntamiento.

–No se trata de eso –refutó José Luis–. Es algo más simple: si no respetas un símbolo patrio, lleno de significados, cómo quieres que confiemos en ti, en tu justicia.

–¿Confías en que habrá justicia por la muerte de tu hijo? –le pregunto a José Luis en una videollamada de Zoom. Su rostro, al otro lado de la pantalla, refleja un profundo cansancio.

–Puede tardar toda una vida, pero confío en que habrá justicia.

Una vida, miles de kilómetros recorridos entre Nueva York y la Ciudad de México, vuelos entre un país y otro, con el único fin de exigir verdad, justicia y reparación por la muerte de “su muchacho”.

Otra vuelta al mundo. 

Por Jazmín Bobadilla

“Me duele todo lo quemado “¿por qué me hicieron esto?” no paraba de repetir Jazmín al personal médico que la curaba. La adolescente, quien tan solo tenía 11 años fue rociada con alcohol y posteriormente quemada al interior de un centro de rehabilitación denominado “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, ubicada en Tonalá, Jalisco, en julio de 2022. 

No tenía ni un mes que su mamá, Mónica, la había internado ahí debido a que en ese momento lo vio como una opción para controlar su ansiedad severa y mal comportamiento. Los responsables se hacían pasar por personas confiables, y manipularon a la mujer, a quien conocían por ser vecina de la zona, para que la llevara al supuesto centro con el sustento de ayudarla a tratar su rebeldía mediante “terapias psicológicas”. 

Ella confió y la llevó al sitio, donde realmente se trataba a personas con uso problemático de sustancia. “Me cobraban 300 pesos por semana. Yo iba a llevarle que el papel, que el jabón, pero no me dejaban verla, me decían que estaba castigada”, dijo Mónica.

No fue sino hasta el 23 de julio cuando el propietario del centro le llamó para decirle que la niña “había tenido un accidente” y se había quemado.  Al llegar y ver que Jazmin no paraba de llorar, Mónica supo que no podía dejarla ese sitio. Con el pretexto de llevarla a curar pudo sacarla del centro, pero con la condición de que fuera una de las trabajadoras, supuestamente a supervisar. Al llegar a la cruz verde, cuando la niña desmintió el supuesto accidente, contó que el personal la bañó en alcohol y luego la quemó con una pistola que daba descargas eléctricas con el sustento de que se había portado mal. La trabajadora que iba con ellas entonces huyó. 

Los médicos determinaron que Jazmín tenía poco más del 10% de quemaduras de segundo grado en la parte izquierda de su cuerpo: el tórax, brazo y abdomen, heridas que daban cuenta de la gravedad de la situación. “Mientras la curaban me preguntaba ‘¿por qué me hicieron esto a mí?’ Yo lo único que le pude contestar es porque son malos”, dijo Mónica. 

Pero no solo eso, cuando Mónica pudo hablar con Jazmín supo que dentro del sitio a la niña no le habían ofrecido alguna terapia psicológica, sino que la habían torturado en busca de que “se portara bien”.  

Y eso no era todo, Jazmín también contó que los castigos iban desde decirle groserías, golpearla, y picarla con agujas, hasta meterla a un tinaco con agua a nivel del cuello, amenazada de que si se movía se ahogaría. 

“La esposa del dueño me picaba la lengua con agujas para que no gritara, también me picaba la cabeza. El día que me quemaron con el alcohol y con la chicharra me dieron dos pastillas y me quedé dormida, pero podía sentir cómo me tocaban. No sé quién fue, pero yo lo sentía. Cuando nos tocaba bañarnos a las mujeres, que eran siete conmigo, los encargados se metían a vernos, también cuando nos cambiábamos nos veían. A mí no me gustaba eso, me hacían sentir con pena, que no estaba bien”, contó Jazmin, quien hoy tiene 12 años. 

Aunque el supuesto centro de rehabilitación denominado tenía incluso una página de internet y su domicilio ligado a Google, el ayuntamiento de Tonalá dijo que desconocía de su existencia. Fue hasta que el caso se hizo público y se abrió la denuncia correspondiente por el maltrato a la menor, que la alcaldía clausuró el inmueble y la Fiscalía de Jalisco lo aseguró. 

De acuerdo con el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, «nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos».   

Es basado en ello que, lo que suele ocurrir dentro de los centros de internamiento contra las adicciones que carecen de permisos y protocolos para su operación, como ocurrió también en el caso de Jazmín, debe ser considerado como tortura, pues las acciones que se llevan a cabo dentro de los mismos son realizadas sin verdaderos protocolo de rehabilitación, y con el único objetivo de producir terror en las personas para evitar que consuman sustancias tóxicas o que dejen de comportarse de cierta forma, más allá de lograr su desintoxicación, recuperación y rehabilitación para convertirlas en personas sanas y productivas. 

De acuerdo con Pedro Briones, titular del Centro Estatal contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ), ente a cargo de supervisar, de la mano de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), la correcta operación de este tipo de Centros, se tiene conocimiento de la operación de 608 centros de rehabilitación, también conocidos como anexos o albergues de tipo residencial para el tratamiento de las adicciones en Jalisco, de los cuales solo 204 cuentan con un registro, mientras que otros 60 están en proceso de regularización. 

Por su parte, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), reconoce únicamente 18 establecimientos en el corte más reciente de su Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones (a marzo de 2023). El reconocimiento de la CONADIC es por considerar que “dan cumplimento a lo dispuesto en la Norma Oficial NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, la normatividad vigente y aplicable, así como el respeto a los derechos humanos de las personas usuarias por parte del personal de los establecimientos residenciales”. 

Lo anterior da cuenta de que existen decenas de centros que carecen de algún reconocimiento o que operan fuera de cualquier norma, de manera clandestina, donde se mezcla a hombres y mujeres sin importar su edad, su tipo de adicción o contexto psicosocial, y de los cuales no se puede garantizar su correcta operación con base en la norma oficial. 

Eso no es rehabilitación, lo que te hacen ahí es un daño psicológico

Octavio tiene 22 años. Apenas el año pasado fue internado por su madre, por segunda ocasión, derivado de problemas con el alcohol. Ella eligió un supuesto albergue ubicado en la colonia Constitución, en Zapopan, Jalisco, una de las más concurridas y céntricas del municipio. El lugar se encuentra en la calle Rayón, a solo 13 cuadras del centro cultural que lleva el mismo nombre de la colonia. 

El personal llegó por él hasta su casa, la mujer les abrió la puerta y, contra la voluntad de José, los encargados lo sometieron poniéndole esposas en las manos y en los pies, para llevarlo a bordo de un vehículo hasta el supuesto centro de rehabilitación, el cual carece de algún registro de operación. 

Su estancia se acogió a un cuarto donde, dijo, había 70 personas hacinadas, hombres y mujeres de todas las edades, sin separarlas por género, edades o tipo de adicción por el cual habían ingresado.  Ahí escuchaban los testimonios unos de otros de todo lo que habían hecho, lo que consumían, dónde lo conseguían, incluso, contó el joven, había quiénes contaban cómo habían asesinado personas. 

En ese mismo espacio cerrado hacían actividad física y comían, si así se le puede decir a las “tortillas pasadas” que les regalaban negocios vecinos y a los frijoles echados a perder que les obligaban a ingerir. 

“Yo la verdad prefería no comer porque siempre me hacía daño, cuando pude salir de ahí era un esqueleto. A mí en lo personal nunca me pegaron, pero me ponían otros castigos inhumanos como que, si alguno se quedaba dormido, nos paraban a todos hasta cinco horas con las manos arriba, y pobre del que las bajara. Fue horrible. Nos dejaban bañarnos solo tres veces por semana, tres personas dentro de un medio baño y solamente con una cubeta para los tres. Conocí gente que había estado en prisión que decía que era mejor estar en la cárcel que en ese lugar. Eso no es rehabilitación, lo que te hacen ahí es un daño psicológico”. 

El sitio donde Octavio fue internado hace un año aún sigue en operación, pese a los operativos mencionados por Pedro Briones, titular del CECAJ, en los cuales las distintas autoridades han realizado recorridos de supervisión para intentar ubicar este tipo de centros de rehabilitación que operan en la clandestinidad, cifra que no ha podido ser estimada

Así, lo ocurrido dentro del centro donde fue internado Octavio, como muchos otros que operan en la Metrópoli a expensas de las autoridades municipales y estatales, se constituye como tortura, también basado en la Ley General Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se establece que la tortura también puede ser cometida por particulares. 

Lo anterior, considerando la permisión de las autoridades ante el conocimiento de su ocurrencia, ya que si bien podría decirse que las autoridades desconocen qué ocurre detrás del inmueble en particular, saben que existen diversos sitios que operan como centros de rehabilitación en los cuales existen prácticas que dañan a las personas y violentan sus derechos humanos, llegando a ocurrir el delito de tortura, lesiones, violaciones, trabajo forzado, entre otros. 

De 2018 a julio de 2023, los ayuntamientos de los nueve municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara, que, de acuerdo con Pedro Briones, concentran el 80% de los centros de rehabilitación registrados por el CECAJ, han realizado 70 clausuras parciales o totales de este tipo de sitios, de los cuales el 85% de ellas se llevaron a cabo por la falta de permisos o licencias municipales para operar, de acuerdo con diversas solicitudes de información realizadas a las direcciones de Transparencia de los ayuntamientos, aunque esto no ha podido garantizar que este tipo de Centros deje de existir. 

Pedro Briones, titular del CECAJ, indicó que este organismo solo se encarga de garantizar que los centros de rehabilitación cumplan con la Norma Oficial NOM-028-SSA2-2009, bajo la cual deben operar este tipo de establecimientos, por lo cual el Consejo no puede incidir en su cierre, sino solo “invitarles a que se sumen a los protocolos establecidos por las autoridades”. 

Dijo, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco es la encargada de suspender este tipo de centros solo si no se cuenta con las condiciones sanitarias necesarias para su operación, sin embargo, hasta el momento el organismo estatal no ha respondido sobre el número de centros de rehabilitación que pudieran haber sido suspendidos por no cumplir con las normas sanitarias para su operación. 

La proliferación de los centros

De acuerdo con Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización Documenta A.C, aunque no existen muchos registros oficiales que den cuenta de la proliferación de estos sitios, se estima que un 90% operan en algún grado de ilegalidad o irregularidad. 

Por ejemplo, si bien el INEGI daba cuenta en 2015, en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social, de la existencia de mil 782 centros de rehabilitación para personas con adicciones en México, al corte de mayo de 2023 la CONADIC solo reconoció 226 a nivel nacional. 

La proliferación de este tipo de centros de rehabilitación dijo, data de los años 80 aproximadamente, partiendo de que fue hacia los años 60 cuando las autoridades comenzaron a criminalizar a las personas con adicciones tratando de relegar a las personas que consumían sustancias psicoactivas, más allá de establecer una política pública que incidiera en su rehabilitación. 

«Lo que estamos diciendo es hay un descontrol total de estos centros, y eso obedece a que el problema de las adicciones en México desde hace décadas se intentó abordar desde una lógica de aplastamiento y represión hacia el consumo de sustancias, con la finalidad de que no acaben contaminando a toda la ciudadanía”, explicó el especialista. 

Entonces, señaló, una vía validada internacionalmente para tratar el tema de las adicciones fue logrando que las personas dejaran de consumir de una manera rápida de una manera efectiva y que no tuviesen ganas de volver a consumir la sustancia. “Esa era como un poco la lógica, por eso entonces las instituciones públicas, aceptaron y permitieron casi cualquier opción que llevase a que las personas no consumieran», señaló. 

Fue así, y ante la ausencia de centros operados por las autoridades, que el ámbito privado aprovechó para comenzar a instaurar centros de rehabilitación para tratar a las personas con adicciones, bajo acciones ortodoxas que contemplaban golpes, humillaciones, castigos, tortura y otras violaciones de los derechos humanos, mismas que persisten en la mayoría de los centros que operan en la clandestinidad, como fueron los casos de Jazmín y Octavio, cuyos estragos psicológicos y sociales persisten al día de hoy. 

“En la primaria, cuando regresé a clases, mis compañeros se reían de mí, no se querían juntar conmigo. Decían que tenía el brazo podrido, que me iban a salir gusanos. Yo ya no quería ir, me hacían sentir muy mal”, contó, por ejemplo, Jazmín. 

“Cuando la gente que sabía que había estado en el centro de rehabilitación me veía se burlaban de mí, decían ‘ahí viene el del anexo’, te queda el estigma”, dijo por su parte Octavio. 

Ante ello, dijo, Ángel Salvador, es que lo que ocurría dentro de ellos se normalizó, pese a los tratados, recomendaciones y la llegada de nuevas leyes y normas que promueven el respeto a los derechos humanos de las personas, esta clase de métodos hoy en día, los cuales, señaló, son sumamente agresivos y de destrucción de la persona. “Se usa la lógica de que, como la droga ya destruyó a la persona, hay que terminar de destruirla para que luego pueda renacer», añadió el especialista. 

«El descuido que ha habido en el tratamiento de las adicciones ha sido tremendo. Y como al Estado no le interesa mucho invertir en la recuperación, el recurso público se ha enfocado a la seguridad en materia de drogas y ha sido muy raquítico en temas de salud, entonces lo que se ha permitido, por falta de interés y de interés social también, el sistema de intervención pública lo han llenado los operadores privados, al ver que no hay nadie en el aparato público que esté prestando un servicio adecuado para el tratamiento de las adicciones», indicó Ángel Salvador Ferrer.

Por ello consideró que, si bien se han establecido protocolos internacionales, leyes en materia de tortura, mecanismos locales y nacionales, la erradicación de este tipo de centros es casi imposible, pues las autoridades ya han llegado muy tarde, y no se logrará sino a partir de la inversión de recursos.

Señaló, en primer lugar, es necesario asignar recursos financieros suficientes, y de manera sostenible, para la implementación de los servicios de atención de salud mental comunitaria, lo cual deberá implicar la redistribución del gasto para asegurar que el eje de atención se traslade del hospital psiquiátrico (o clínicas residenciales para casos de consumo de drogas problemático severo) a los programas de apoyo con base en los derechos humanos y la comunidad. 

“La transformación del sistema de salud mental requiere el incremento y la redistribución del financiamiento de operación e inversión, especialmente en la prestación de los servicios de primer nivel, ya que actualmente se destina a la salud mental únicamente el 2% del presupuesto asignado a la salud en general, y de ese 2%, el 80% se invierte en la atención hospitalaria”, lamentó Ángel.

En un segundo punto, el especialista indicó que es necesario reconocer los servicios de reducción de daños como servicios esenciales para la salud de las personas usuarias de drogas, y ante ello las autoridades federales y locales deben impulsar la creación y operación de espacios de tratamiento bajo este enfoque de recuperación.

Lo anterior, explicó Ángel Salvador Ferrer, significa explicitar en la legislación y los programas de salud  de ambas competencias que todos los servicios de tratamiento de adicciones deben: a) tener como eje central que la persona supere la dependencia y no que deje de consumir; b) proveer opciones que ayuden a minimizar el riesgo de continuar con el uso de drogas; c) fomentar el apoyo comunitario, ya que los factores sociales son determinantes en el uso problemático; y d) respetar siempre la voluntad de la persona.

Dichas recomendaciones también son compartidas en el informe ¿Por razón necesaria? publicado en 2020 por Documenta A.C.

De acuerdo con Pedro Briones, en el último año se ha trabajado de la mano de las distintas autoridades estatales, como la Secretaría de Salud y la COPRISJAL, así como de los ayuntamientos, en mesas de trabajo encabezadas por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, estableciendo un protocolo estatal para impedir que se sigan abriendo este tipo de centros sin las regulaciones debidas, como por ejemplo, que no se permita la apertura de más centros sin que cuenten y garanticen que su programa se apega a la Norma Oficial, sin embargo, hasta la entrega de este texto dicho protocolo no fue a dado a conocer por la Secretaría General. 

Fiscalía de Jalisco investiga más de 200 delitos cometidos en Centros de Rehabilitación

La Fiscalía de Jalisco informó, a través de Transparencia, que entre enero de 2018 y junio de 2023 inició 18 carpetas de investigación «por delitos relacionados con centros de rehabilitación cometidos al interior por personal de dichos centros», sin especificar en qué consistieron tales ilícitos.

Sin embargo, también dio a conocer que entre 2019 y junio del 2023 se iniciaron 214 carpetas de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad relacionadas con este tipo de centros. 

La Fiscalía indicó que en el mismo periodo apenas se abrieron tres carpetas de investigación por el delito de tortura relacionadas con centros de rehabilitación: una en el 2019 en Lagos de Moreno y dos iniciadas en 2022 por hechos ocurridos en Guadalajara. 

La dependencia además dio cuenta de la apertura de otra carpeta por «delitos contra la dignidad de las personas y privación ilegal de la libertad» iniciada en 2021; una por «delitos contra la dignidad de las personas» iniciada en el mismo año y una más por «responsabilidad profesional y técnica, maltrato infantil y delitos contra la dignidad de las personas», iniciada en 2022. 

Ninguno de los casos coincide con la denuncia presentada por Mónica, ante los hechos cometidos contra Jazmín, pese a que sí existen tres detenidos por el caso, señalados por los delitos de maltrato infantil y lesiones calificadas. Pese a cuestionarle, la Fiscalía Estatal no brindó información sobre este tema, ni sobre el número de clausuras realizadas a este tipo de centros relacionado con las carpetas de investigación iniciadas en torno a centros de rehabilitación o anexos. 

Po otra parte, pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) instaló el primer Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura en Jalisco, en noviembre de 2019, y de que el entonces ombudsman, Alfonso Hernández Barrón asegurara que se emitirían recomendaciones en la materia, no solo en el sentido de los centros de detención o detenciones policiales, sino de “todos los centros donde hay personas que tienen restricciones de la libertad como albergues, asilos, centros de rehabilitación y de atención a personas con discapacidad y a migrantes”, hoy no hay resultados en materia específica de los centros de rehabilitación. 

Tras cuestionar al organismo estatal sobre los alcances obtenidos en estos casi cuatro años, la vocería informó que no se tienen reportes o acciones relacionadas con la prevención de tortura en este tipo de centros, aunque además así lo establece el plan de trabajo presentado en 2019 ante la creación del mecanismo. 

Señaló, en este sentido la CEDHJ únicamente ha colaborado con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), responsable de compartir en sus informes anuales y/o especiales, lo encontrado en las visitas y supervisiones. 

Dicho Mecanismo Nacional emitió, en su Informe Anual de Actividades, correspondiente a 2020, información sobre el panorama que enfrentaban entonces los centros de rehabilitación, encontrando, por ejemplo que al menos 13% de las personas entrevistadas en siete centros de rehabilitación se hallaban internadas contra su voluntad, que en tres de los centros las personas entrevistadas reportaron haber sido víctimas de golpes por parte de alguien del establecimiento, incumpliendo así la Ley General de Salud, que establece en su Artículo 74 Ter que las personas pueden ser internadas contra su voluntad solo cuando se compruebe científicamente que el tratamiento es el adecuado para tratar su adicción, pero siempre en pleno respeto a la persona. 

En al menos tres de los centros se recabaron testimonios que refieren que algunas personas se encuentran ahí en contra de su voluntad o les mantienen incomunicadas, en cinco de los centros, al menos una de las personas entrevistadas reportó haber sido víctimas de humillaciones por parte de alguien del establecimiento, y solo en uno de los centros el 100% de las personas entrevistadas fueron informadas sobre los principios de su plan de tratamiento, recuperación o rehabilitación. 

Por ello se hicieron recomendaciones al Gobierno de Jalisco y al CECAJ a garantizar que su plan contra las drogas contara con perspectiva de derechos humanos, género, enfoque diferenciado y, específicamente, medidas de prevención frente a posibles violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en las instituciones públicas y privadas legalmente dedicadas a la prevención y atención de adicciones en la entidad. 

A la Secretaría de Salud, al CECAJ y al Congreso de Jalisco se le hicieron diversas recomendaciones para armonizar y hacer cumplir la Ley general de Salud en busca de hacer cumplir la regulación local en armonización con la ley general de salud, para garantizar los derechos humanos de las personas en tratamiento contra las adicciones, además de establecer medidas de prevención frente a posibles violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, sin dejar de lado el establecimiento de campañas de promoción para su reconocimiento y con el objeto de evitarlos. 

Desconocimiento no exime responsabilidades

Los casos de Jazmín y Octavio dan cuenta de la facilidad con la cual operan este tipo de centros de rehabilitación que proliferan en la metrópoli y operan por vía libre ante la dificultad de ser ubicados, sin sanciones, y permitiendo que continúen las prácticas de tortura por parte de las personas quienes someten a las víctimas a ello. 

Si bien la Norma Oficial NOM-028-SSA2-2009 establece las disposiciones para su operación, en ninguno de los casos mencionados esto se cumple.  La norma establece, por ejemplo, que estos espacios deben contar públicamente con el aviso de funcionamiento, un programa de trabajo aprobado por las autoridades, contar con la infraestructura y equipo apropiado para su funcionamiento, personal capacitado.  

 Además, señala que en todo momento el personal que labora en estos sitios especializados tiene la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a las y los usuarios mientras permanezcan en el mismo, basándose en el pleno respeto a su persona, a los derechos civiles y humanos y, de ser posible, promover la participación de la familia en el proceso; es decir, en ningún caso los golpes, intimidaciones, ni ningún tipo de violencia entendida como tortura para “intentar” que dejen de consumir sustancias tóxicas. 

Por otra parte, tratándose de menores de 16 años, sólo se le ingresará cuando existan programas y espacios adecuados e independientes, de acuerdo con la edad y sexo, de lo contrario deberá ser referido a los establecimientos encargados de la atención a menores, es decir, Jazmín nunca debió de ingresar a ese centro de rehabilitación en Tonalá, donde no se tenía ningún filtro ni programa especializado para ella, permitiendo además que sufriera abuso sexual al ser mirada mientras se bañaba o cambiaba, en compañía de mujeres más grandes que ella. 

Pero no es todo. La Ley General de Salud en sus artículos 72 al 77 establece un nuevo paradigma de atención a la salud mental y adicciones, basado en la prevención, atención de primer nivel y servicios comunitarios; y respeto a la voluntad de las personas.

Por ejemplo, en el caso de niñas, niños o adolescentes la Ley establece que deberán privilegiarse alternativas comunitarias; en caso de que exista la justificación clínica para el internamiento, este se llevará a cabo en hospitales generales o en hospitales de pediatría, es decir, no se considera a los centros de rehabilitación de estancia prolongada. En caso de no estar de acuerdo con el internamiento en la institución, junto con la madre, el padre o tutor, se deberá valorar otras alternativas de atención.

De acuerdo con Pedro Briones, los centros de rehabilitación, en su mayoría clandestinos, continúan en operación principalmente debido a que las personas siguen acudiendo a ellos para tratar a sus familiares, y a que no se denuncian los tratos inhumanos y violaciones a los derechos humanos. 

De acuerdo con Ángel Salvador Ferrer, es precisamente ante la ausencia de centros operados por el Estado que las familias acuden a ellos ante la promesa de que serán rehabilitados. El problema radica en que, como ya se mencionó anteriormente, la mayoría opera fuera de los registros municipales, estatales o federales. 

Para la co-coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C (CEPAD), Denisse Montiel, las autoridades estatales no pueden eximir sus responsabilidades en el tema, pues son ellas las encargadas de identificar los centros existentes y cómo operan. 

La co-coordinadora consideró que esta problemática ha ido creciendo cada vez más debido a la permisividad por parte del Estado. Sin embargo, señaló, las responsabilidades deben ser devueltas a las autoridades, pues consideró, las múltiples instituciones que han sido omisas en atender esta problemática.

“Lo que han generado es que sepamos de casos en donde se cometen actos de tortura, casos que también develan la comisión de otras graves violaciones de derechos humanos, como también la desaparición en algunos casos”, expresó Denisse Montiel.

Aunque se cuestionó a la Fiscalía de Jalisco sobre el número de personas con reporte de desaparición localizadas en centros de rehabilitación, hasta la conclusión de este reportaje omitió dar información alguna.

La co-coordinadora del CEPAD recordó que, entre las responsabilidades del Estado, según las legislaciones en la materia, se encuentran la de verificar en qué condiciones se encuentran estos centros, identificar qué centros están operando, cuáles son los planes de tratamientos, con qué profesionistas cuentan, y por el otro lado también hacer llegar la información a las familias, expresó la co-coordinadora. 

También, dijo,» la Comisión Estatal Derechos Humanos lleva parte de la responsabilidad, pues si bien se cuenta con un mecanismo local en materia de prevención de la tortura, establecido en 2019 “y que se publicitó como el primer y único mecanismo a nivel nacional que existía”, hay un vacío respecto de las acciones impulsadas en materia de centros de rehabilitación.

“Debían de realizar visitas de monitoreo a lugares donde hubiera cualquier persona privada en la libertad no sólo relacionado con los centros penitenciarios, sino de atención a salud mental y de rehabilitación de adicciones. Si bien ha enfocado su labor en centros penitenciarios y casas hogares, también hay un vacío de la atención y responsabilidad por parte de la Comisión Estatal», lamentó Denisse Montiel. 

De acuerdo con la plataforma de Publicación de Sentencias del Consejo de la Judicatura, en Jalisco solo existen tres sentencias definitivas, en materia civil y no penal, relacionadas con el delito de tortura, las tres emitidas entre el 14 de julio y el 10 de agosto de este año, y en las cuales solo se establece el pago de reparación del daño.

“Una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo es cómo combatir este tipo de centros. Evidentemente la respuesta es que debe de haber una regulación, que se cumplan las Normas Oficiales, pero lo que hemos visto es que no hay una clara coordinación, no está definido a quién le toca qué y cuando se tiene una situación así, tan difusa, entonces las autoridades se pasan las responsabilidades de quién debe dar los permisos, quién debe hacer las supervisiones, o a quién las suspensiones. El servidor público solo trabaja con lo que le toca”, explicó Nayomi Aoyama González, Coordinadora de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta A.C. 

Más allá de ello, dijo, lo primero y más importante es el reconocimiento de las privaciones de la libertad dentro de este tipo de centros como delitos y violaciones a los derechos humanos. “Reconocer que lo que ocurre ahí dentro es tortura como delito, como está establecido en la Ley de Tortura. Cuando se pueda empezar a accionar el sistema judicial y penal de México en este reconocimiento, que tener a una niña de 11 años privada de la libertad es un delito y es violatorio de los derechos humanos, habrá entonces un entendimiento de que esto no es legal, ahorita se cree que esto que ocurre dentro de estos centros es legal, simplemente se piensa porque nadie está haciendo nada al respecto”, añadió Aoyama González. 

Para ello, añadió, es necesario que las Fiscalías y en general el sistema establezcan como oficiales las denuncias que hacen las personas allegadas a las víctimas internas en este tipo de centros de rehabilitación, pues en muchas ocasiones son las mismas familias quienes les recluyen en ellos sin tomar conciencia de lo que ahí ocurre, de los delitos que se cometen en su contra, que incluso pueden llegar a trabajo forzado o trata de personas, pues cuando las autoridades van a investigar y la familia admite que ella internó a la persona, se deja de investigar.  

“No porque un familiar decida meter a una persona a este tipo de centros y las violaciones a los derechos humanos y los delitos que ocurren ahí son legales, sino que las autoridades deben ir y calificar la ilegalidad, porque tienen leyes y normas oficiales que cumplir. Es un trabajo que necesita litigio, empezar a concientizar a la sociedad desde abajo que esto no está bien, que no porque tenga más de 60 años de suceder es normal, sano, o que no viola los derechos humanos”, indicó la especialista.

Un problema de salud pública

La Organización Panamericana de la Salud ha establecido que el consumo de sustancias psicoactivas debe ser abordado como un tema de salud pública, ante las diversas consecuencias sociales y sanitarias que provienen de ello. 

Para ello, indica la OPS, se debe considerar el ámbito de la salud y el bienestar social mediante políticas formuladas por los organismos de gobierno, de acuerdo con sus mandatos y contextos específicos. «Una política explícita sobre salud y consumo de sustancias psicoactivas permite desarrollar las respuestas necesarias para proteger y promover el derecho a la salud de la población con relación a este problema complejo». 

Para la co-coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C (CEPAD), Denisse Montiel, no se trata solo de un tema social, sino que el Estado debe reforzar sus medidas de prevención, identificación del problema y acción, a fin de establecer políticas que vayan más allá de solo enfocarse en los centros de rehabilitación, que en su gran mayoría se tratan de centros privados. 

«Como autoridad no te puedes deslindar. Es necesario establecer un diagnóstico de cuáles son las causas más estructurales que están generando que las personas caigan en cualquier tipo de adicción. No solo es una responsabilidad de la sociedad o de las familias, es responsabilidad del Estado el poder identificar esas causas que están generando estas causas y poder atenderlas, y con ello derivar en la implementación de otro tipo de políticas públicas», dijo. 

Para Ángel Salvador Ferrer para comenzar a vislumbrar un cambio en cuanto a la existencia de este tipo de centros de rehabilitación es necesario que comience a realizarse una actualización de las normas y protocolos bajo los que operan para establecer claramente las facultades de cada ente que deberá intervenir, por ejemplo, los ayuntamientos, las policías, fiscalías, las secretarías de salud, entre otros. 

Dijo, si bien se hizo una reforma a la Ley General de Salud, no se ha armonizado desde lo local, cuando esta establece, por ejemplo, que los servicios deben basarse en la voluntariedad y en el respeto pleno de los derechos humanos.  

“En resumen, la falta de una política histórica en materia de tratamiento de adicciones ha llevado a que sectores privados muy lucrativos y sin ningún tipo de control ocupen ese espacio de prestación de servicios, y cuando la autoridad está intentado abordar el tema se está haciendo mal y a ritmos muy diferentes. Tenemos instituciones muy descoordinadas, con mucha incertidumbre sobre un marco normativo, y si eso lo combinas con que la salud no es lo principal, sino los intereses individuales, pues lo que tenemos ahora en sistema de atención a las adicciones es muy precario», finalizó el especialista. 

Los servicios de salud dirigidos a personas usuarias cumplen una función sobresaliente de recuperación del individuo. El proyecto Quality Rights define la recuperación del siguiente modo:

El significado de recuperación puede ser diferente para cada persona. Para muchas personas, la recuperación se trata de recuperar el control de su identidad y vida, tener esperanza en su vida y vivir una vida que tenga significado para ellos, ya sea a través del trabajo, las relaciones, el compromiso comunitario, la espiritualidad o algunos o todos estos. 

La comprensión de la recuperación nos aleja de la idea u objetivo de «curarnos» o «volver a ser normales». En su lugar, este concepto de recuperación se enfoca más en obtener un nuevo significado y propósito en la vida, estar empoderado y ser capaz de vivir una vida autodirigida, a pesar de lo que uno pueda haber vivido y a pesar de cualquier angustia emocional que aún pueda ser parte de su vida.

Esta idea de recuperación presenta tensiones con las políticas de atención que anteponen la corrección mediante el castigo o la supresión de derechos y libertades para lograr que la persona usuaria cumpla con ciertas pautas de comportamiento socialmente aceptables y legitimadas. Los planes de recuperación deben respetar los derechos más esenciales de las personas usuarias, puesto que, por definición, la recuperación aspira a que la persona pueda tomar decisiones sobre su vida; y esto se contrapone con modelos de atención que suprimen unos derechos para proteger otros. 

El enfoque de recuperación es difícilmente encajable en modelos que predeterminan la privación de libertad (mediante internamientos obligatorios) para lograr resguardar el derecho a la salud. La incompatibilidad es mayor todavía cuando la privación de libertad viene determinada por cuestiones de índole penal o administrativa -por ejemplo, cuando se decide el ingreso a una clínica de tratamiento por realizar actividades ilegítimas-, puesto que en estos casos la medida no se impone por motivos de salud, sino por cuestiones de seguridad. 

Sobre Documenta: Documenta es una organización civil líder en el tema de sistema penitenciario y reinserción social en el país. Nació hace más de una década, con el propósito de responder a la falta de iniciativas de la sociedad civil que brindaran alternativas de solución a la discriminación y las barreras que enfrentan colectivos históricamente invisibilizados y marginados. A través de un diálogo entre el acompañamiento legal y psicosocial, la incidencia y el artivismo guiamos el ejercicio de nuestra misión: construir una sociedad más justa e incluyente en la que nadie sea dejado atrás. 

Objetivo del puesto: Apoyar al área jurídica para el acompañamiento y documentación de casos, así como la elaboración e implementación de rutas críticas para el litigio estratégico, de conformidad con los objetivos de la organización. 

Funciones: 

• Participar en el diseño de las estrategias de litigio de acuerdo a los objetivos y programas de la institución. 
• Participar en la investigación y documentación de los casos que se acompañan.
• Redacción de documentos legales (amparos colectivos e individuales, controversias colectivas e individuales, peticiones, quejas, denuncias, Amicus Curiae).
• Elaborar comunicaciones dirigidas  a organismos internacionales de Derechos Humanos.
• Brindar asesorías jurídicas.
• Participar en brigadas jurídicas. 
• Participar en procesos judiciales e investigaciones criminales (revisión de expedientes, defensa y asesoría jurídica, representación en audiencias).
• Visita a internas/os en reclusorios de la Ciudad de México, Federales o cualquier estado de la República. 
• Acompañar a víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos.
• Mantener actualizados expedientes, fichas y bitácoras de casos.
• Coordinar el trabajo de los pasantes que integren la Clínica Jurídica de la organización.
• Elaborar talleres y presentaciones para el CAIFAM (Centro de Atención Integral para Familias de Personas Privadas de Libertad).

Dedicación: Tiempo completo. 

Ubicación: Ciudad de México.

Modalidad: Híbrido (presencial y en línea).

Inicio formal de funciones: Octubre 2022.

Requisitos: 

• Cédula profesional que acredite a la persona como abogado o licenciado en derecho.
• Experiencia de litigio en las siguientes materias: amparo, penal y administrativa. 
• Conocimiento de estándares nacionales e internacionales en derechos humanos (seran especialmente valorados conocimientos en discapacidad, sistema penitenciario y/o prevención contra la tortura).

Proceso de selección: 

• Las y los aspirantes tendrán hasta el 30 de septiembre de 2022 para enviar su solicitud a través del siguiente formato dando click aquí.
• Las personas seleccionadas serán convocados a una primera entrevista con el coordinador del área jurídica y se les solicitará realizar una prueba técnica. 
• La segunda y última entrevista se llevará a cabo con la Coordinadora de Gestión y Evaluación Institucional. 
• Las personas postulantes serán contactadas conforme vayan aplicando. Debido al alto volumen de aplicaciones, solo serán contactadas las personas que pasen a la siguiente ronda.

Descarga la convocatoria AQUÍ 

Por Jesús Peña y Francisco Rodríguez

El 11 de julio de 2006 era el primer día de trabajo para Brissa en el bar “Las Playas”. Venía de Monterrey, donde se cansó de trabajar como cocinera en maquilas porque le pagaban muy poco y trabajaba mucho. Ya tenía días que unas amigas la habían invitado a trabajar como bailarina en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.

A su llegada se quedó en casa de una compañera de Monclova. Esa noche, su primera noche, un grupo de soldados irrumpió cuando estaban platicando entre amigas. “Llegaron estas personas, si se puede llamar personas a estos animales, con perdón de los animales”, dice Brisa con coraje.

Tenía 28 años y era madre soltera de dos hijos. Brissa pensaba que se trataba de un operativo. Algo que sabía sucedía en este tipo de lugares: revisar a clientes que no portaran armas o drogas. “Nunca pensamos que nos fueran a agredir, a insultar”, recuerda.

—¡Sálganse!—gritó un soldado.

—¡Encuérense! —ordenó otra voz.

Brissa y sus amigas sabían que eso no era normal. No era posible que quien se supone debe velar por tu seguridad te golpee y agreda sexualmente. Un total de 14 mujeres, entre ellas Brissa, fueron agredidas y violentadas sexualmente.

A un lado, en el bar El Pérsico, las agresiones subieron de tono.

—Escuchaba los gritos de las chavas, escondiéndose en el monte.

Brissa creyó que moriría cuando sintió el cañón del rifle de un soldado apuntándole en la espalda. Recibió insultos y mentadas.

El grupo de mujeres se armó de valor para denunciar a los militares, la mayoría de ellos pertenecientes a la zona militar del 14 Regimiento de Caballería Motorizada con destacamento en Múzquiz, el cual había sido asignado para custodiar los paquetes electorales del proceso para designación de presidente de República y demás cargos.

—Había mucha rabia—recuerda Brissa.

Ella sabe que a otras chicas, sobre todo a las que trabajaban en “El Pérsico”, cerca de donde ella laboraba, les fue mucho peor. Algunas mujeres habían sido violadas. Pero su carácter las hizo denunciar. La impotencia les corroía. La indignación de haber sufrido un abuso de autoridad.

Del bar que fuera escenario del horror, sólo quedan ruinas y una historia negra imposible de borrar

—Traían armas. Nunca vas a poder con un hombre. Fue un abuso duro y directo. Quisimos levantar un poco la voz —relata  Brissa.

Las mujeres agredidas del bar “Las Playas” fueron tres. De “El Pérsico” 11. Brissa las conoció cuando iban a terapia.

Era el primer caso en el país en el que soldados enfrentaban la justicia en el fuero civil.

—Fue un sentimiento de satisfacción, no se quedó impune —menciona Brissa.

Ocho militares fueron detenidos y se logró sentencia condenatoria para cuatro de ellos: Omar J, agredió sexualmente a cinco de las 14 trabajadoras y fue condenado a 41 años y cuatro meses en prisión. Juan J. fue condenado a 21 años de prisión. Fernando J., quien violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de prisión. Ángel J., fue acusado de violación a una de las mujeres de Castaños y condenado por lesiones a policías a tres años nueve meses de prisión.

Cuatro militares quedaron libres. Dos mujeres víctimas de tortura sexual retiraron la acusación.

Jaqueline Campbell, entonces encargada de la oficina de comunicación de la Diócesis de Saltillo y que junto al entonces obispo Raúl Vera acompañaron el caso, piensa que las dos muchachas se retractaron por presión de los militares.

—Ellas tenían contacto con los soldados, no era la primera vez que iban a echar una cervecita a los lugares.

 Jaqueline Campbell, activista de derechos humanos.

El 24 de octubre de 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que independiente de la sentencia dictada por el Juez II de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Monclova, por los delitos de violación y lesiones, el Consejo de Guerra encontró culpables y penalmente responsables del delito de abandono de servicio al subteniente de Caballería Norberto J, al sargento Segundo de Caballería, Juan J, a los cabos de Caballería Norberto J y Ángel J y a los soldados de caballería, Omar J y Fernando J. Al primero se le sentenció a 2 años de prisión y para los restantes, un año y 6 meses.

Vanguardia solicitó vía transparencia el estatus actual de los militares, sobre todo de los liberados, pero la Sedena resolvió que esta es información confidencial.

Primer caso, siguieron más

Para Brissa, lo sucedido en Castaños hace 15 años debió haber sido un ejemplo para muchas mujeres que a lo mejor no denuncian los abusos. Dice que en comunidades del sur, las mujeres, sobre todo indígenas, no tienen apoyo.

Sabe que el abuso hacia la mujer, niños y niñas nunca se acaba. Que la gente mala no se detiene, así se grite o patalee.

— Espero que haya servido de algo, creo que sí. A raíz de eso sí hubo casos que se dieron después.

Esta es la que fuera la pista del Bar Pérsico, lugar donde arribaron los militares y encañonaron a 14 mujeres para abusar de ellas

Desde el caso de Castaños, hace 15 años, al menos 51 militares han sido procesados en el fuero común por algún delito sexual cometido en el país. 

Vanguardia solicitó a las 32 procuradurías de justicia o fiscalías estatales, cuántos casos de militares habían sido procesados por delitos sexuales desde 2006. La mayoría de las entidades respondieron que no tenían datos porque no se pregunta la profesión del imputado. Algunos estados respondieron que la información era confidencial, se declararon no competentes y sugirieron enviar la solicitud a la Sedena o a los poderes judiciales.

Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, fueron los estados donde sus respectivas fiscalías informaron de procesos contra militares por delitos sexuales, principalmente violación (13 de 51). En muchos casos no se precisó el tipo de delito sexual.

La misma solicitud se le hizo a los 32 poderes judiciales del país, para conocer posibles sentencias a militares por delitos sexuales. En total sumaron 43 casos de militares juzgados por delitos sexuales desde 2006, algunos de ellos siguen en trámite.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco, son las entidades cuyos poderes judiciales informaron haber juzgado a militares por delitos sexuales, principalmente violación (22 de 43). Al menos en 10 casos sí se precisó que se obtuvo sentencia condenatoria.

Como las fiscalías, los poderes judiciales también dicen desconocer la profesión de los juzgados.

Desde 2014, ocho años después de lo sucedido en Castaños, se aprobó una reforma que acota el fuero militar y establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas serán procesados en tribunales civiles aun cuando estén en funciones.

Anteriormente los militares y marinos solo eran juzgados por jueces civiles cuando se encontraban fuera de sus actividades castrenses. De ahí la importancia de lo que significó llevar a un juicio civil a los militares que golpearon y violaron a mujeres en Castaños.

La reforma, que atendía las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, modificó en esencia el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que sean delitos del orden común o federal los que cometan los elementos de las Fuerzas Armadas contra civiles.

María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señala que la reforma se reconoce como un triunfo de las víctimas, pero dice que la propia Corte dejó ver que no es una reforma completa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el artículo reformado aún autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos en que el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo del delito, por ejemplo, los delitos contra la salud y la seguridad nacional, entre otros.

“Lo limita a que el pasivo sea un civil, y los delitos cometidos por militares en contra de militares siguen estando en el fuero militar y no al hecho que no tiene nada que ver con la disciplina militar. Hay también un vacío y una serie de interpretaciones cuando los elementos del ejército cometen diversos delitos como contra la salud, delincuencia organizada, que no están relacionados con la disciplina militar”, comenta la defensora de derechos humanos.

A la par de los casos llevados en el fuero común, se preguntó a la Sedena cuántas denuncias por delitos sexuales se reportaron en los tribunales castrenses en los últimos 15 años. La Sedena entregó datos desde 2012 a 2019. En ese tiempo, hay registro de 43 denuncias por acoso sexual, 102 por hostigamiento sexual, 39 por violación y 131 por abuso sexual.

Sin embargo, la Justicia Militar únicamente procesó en ese tiempo a 32 militares y solo hay registro de 20 sentencias. La Sedena no precisó si se trata de denuncias hechas por civiles y llevadas a los tribunales militares o precisamente de casos de delitos sexuales denunciados por propios militares.

María Luis Aguilar del Centro Prodh agrega que es una gran preocupación que en 2016 se presentaron reformas donde se deja abierta la posibilidad que existan dos expedientes paralelos: uno desde el fuero ordinario y otro desde la justicia militar.

Añade que otro de los vacíos pendientes y donde existen varios recursos de inconstitucionalidad, son reformas que se hicieron en 2016, donde los militares pueden ser los primeros respondientes en una escena de crimen. “Eso es un gran problema”, dice, pues quien procesa las escenas son los ministerios públicos.

“Hemos visto que sí hay la oportunidad de que los militares controlen las escenas, y eso ha generado alteraciones de las mismas”, comenta.

Jackie Campbell, periodista y defensora de derechos humanos, dice que las activistas en favor de las mujeres empezaron a notar que donde los militares tienen un campamento, ahí va a haber violaciones a mujeres y condiciones de violencia.

“Era muy importante que nosotros lo lleváramos a los tribunales civiles”, recuerda Campbell.

Añade que algunos de los militares se fugaron a Baja California y otros a Sinaloa, y los activistas del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, exigieron al entonces procurador Jesús Torres Charles que los regresara.

Algunos fueron encarcelados, “pero luego Felipe Calderón los liberó”, asegura.

La mujer de uno de los militares sentenciados afirma que sólo su marido sigue en prisión.

Al final, dice Campbell, ni el gobierno de Calderón ni el de Humberto Moreira, ni el del entonces alcalde de Monclova, Pablo González, hicieron nada.

El gobierno se ablandó: Vera

Todo iba bien en el caso de Castaños, asegura Raúl Vera López, obispo emérito de la Diócesis de Saltillo, hasta que entró el gobierno de Felipe Calderón.

El caso de los militares que habían sido llevados ante la justicia civil había sido inédito.

“A mí no se me olvida cuando aparece vestido de militar, se vio muy, muy, muy mal”, platica Raúl Vera desde el patio interior de su casa en el centro de Saltillo, sentado al sol en una silla acojinada.

El padre lleva un cubrebocas morado con esa leyenda que se ha vuelto insignia en defensa de las mujeres violentadas: “NI UNA MÁS”.

Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, recordando el caso Castaños mientras porta un cubrebocas en defensa de las mujeres.

Un día después de la noche de la agresión, el obispo Vera se hallaba en las oficinas de la delegación de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, en Monclova, quería, dijo, saludar a las muchachas.

-Entré a saludarlas y en un momento dado se olvidaron del funcionario y empezaron a manifestar toda su indignación y todo lo que habían hecho con ellas, eso para mí fue oro molido, porque en las veces que tuve que hablar con la prensa traía yo la información de primera mano de todas las salvajadas que les habían hecho -recuerda.

Al cabo de algunas semanas, Vera López había ido a celebrar una misa a la iglesia de la Sagrada Familia, entre los límites de Castaños y Monclova, muy cerca de la zona de tolerancia.

La víspera, Hiradier Huerta Rodríguez, el juez del caso, había convocado a una rueda de prensa para dar el fallo en torno al ataque cometido por los soldados del regimiento de caballería.

“Y se me ocurrió, se me vino así espontáneamente, decir, ‘pues a ver si no nos sale otro rufián’”.

Raúl Vera ignoraba que en la misa se hallaba un familiar del juez Hiradier que le hizo saber a éste el calificativo que el prelado había utilizado para referirse a él.

Huerta Rodríguez se presentó entonces ante las autoridades del Vaticano en Roma y acusó al obispo de interferir en su trabajo, solicitando su destitución.

La acusación, no procedió.

—Yo dije, ‘primero, ¿quién le pagó el viaje a Roma y dos, ¿quién lo asesoró? No tenía conocimiento de nada, el juez no supo hacer las cosas.

Raúl Vera y Jaqueline Campbell habían acompañado a la mayoría de las mujeres afectadas en su proceso traumático y de revalorización de su persona.

—Atendimos a unas personas que todo el tiempo están borradas del mapa por la ocupación que tienen, no tienen derechos, no tienen quién pague un quinto por defenderlas.

El obispo, junto con sus colaboradores y agentes de pastoral de la Diócesis, tomaron parte en dos marchas para exigir justicia en favor de las trabajadoras que habían sido ultrajadas por los militares.

—Estuvimos ahí cuando las revictimizaron porque las hicieron participar en un simulacro de la violencia que vivieron. Nosotros estábamos ahí gritando, ‘manténganse, pero defiéndanse, aquí estamos nosotros’, las acompañamos.

Por esos días el obispo tuvo además acercamiento con los policías que trabajaban en los bares y fueron agredidos por los soldados.

Don Raúl habló con los empleados de los antros. Los entrevistados le confiaron cómo los militares, que habían llegado de uniforme, insignias y montados en vehículos oficiales, entraron y consumieron todas las bebidas posibles sin pagar un céntimo.

—Un descaro penoso para el ejército, una vergüenza, una página horrible para ellos y luego todavía un militar me dijo ‘bueno, señor obispo y por qué defiende a esas mujeres si para eso están ahí’, le dije ‘pues sí, pero es su trabajo, no están ahí para ser violadas.

—¿Tiene contacto con las mujeres?

—No, desgraciadamente les perdimos la pista…

En ese tiempo Vera López recibió una llamada telefónica de amenaza.

La lada correspondía a un estado del noroeste del país, Baja California, piensa Vera.

“Me dicen ‘oiga, se la está ganando eh, se está ganando la…’, algo así, era una amenaza, dije ‘ah, este es uno de los fugitivos’”.

No hicieron nada

Horas después de ocurrido el ataque, el periodista de Proceso, Arturo Rodríguez, llamó a Jaqueline Campbell para avisarle que algo muy grave había pasado en Castaños.

“Me dice ‘tienes que estar ahí’, le creímos un poco”.

Campbell tenía ya varios años de experiencia como periodista y defensora de derechos humanos, además de su trabajo como activista en las cárceles.

De inmediato investigó y decidió, junto con el obispo Raúl Vera, ir a Castaños.

A su llegada a las oficinas de la delegación de la Subprocuraduría de Justicia, en Monclova, entraron en una especie de sala de juntas donde las chicas, sentadas alrededor de una mesa, hacían la crónica de aquella noche aciaga.

-Nos mostraban las piernas con los rasguños, algunas de ellas espinadas, con las heridas muy frescas.

Las mujeres habían huido de “El Pérsico” y “Las Playas” corriendo para resguardarse de los militares, por el monte hasta la carretera y ahí se trasladaron en taxis  y en una ambulancia a sus casas en Monclova.

“No estaban organizadas, pero se convencieron de que tenían que narrar los hechos, decirlo”, cuenta Campbell en la sala de su casa pintada con los rostros de mujeres víctimas de feminicidio.

De entre aquellas pláticas la escena que a Campbell no se le olvida es la de los soldados poniendo a las muchachas contra la pared, apuntándoles, simulando un fusilamiento, y una de las mujeres orinándose del miedo.

Jaqueline y don Raúl visitaron los bares donde había sucedido el ataque de los militares y a donde las chicas, después de la agresión, habían regresado a trabajar.

Don Raúl y Campbell acompañaron a las mujeres a sus casas y conocieron a sus familias.

-Eran chicas, señoras, jovencitas, algunas con hijos, algunas con marido, alguna otra lesbiana, pero todas viviendo con sus familias, trabajando. Creo que estuve más con las bailarinas que se van con un cliente si acaso les da la gana, pero en realidad lo suyo era bailar, estar ahí acompañando a los clientes.

El caso de Castaños se volvería el primero en toda América Latina en que militares acusados de violación sexual, serían juzgados por el fuero civil.

El ejército allanó las oficinas de la Diócesis de Saltillo y la casa de Jaqueline Campbell quien se vio orillada a salir del país.

La administración de Humberto Moreira, como era costumbre cada que ocurría una tragedia en el estado, puso tutores –padrinos les llamaba- a las mujeres abusadas por los militares y el grupo se fue dividiendo.

Jaqueline Campbell dice que faltó acoger a las mujeres no solamente desde el estado sino también desde las organizaciones civiles.

—El caso Castaños no se borra eliminando un edificio, lo que sucedió fue algo muy, muy serio —sentencia.

“El Pérsico” ahora es solo ruinas.

Rendición de cuentas

Para María Luisa Aguilar del Centro Prodh, hace falta que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, vean los casos como lo que son: graves violaciones de derechos humanos y que eso genere que en realidad haya sanciones adecuadas no solo a las personas en los bajos rangos militares, sino también a quien está en las planeaciones de operativos.

Sobre todo, ahonda la especialista, en un país donde cada vez se profundizan los modelos militarizados, donde las fuerzas armadas tienen cada vez más poder y se les dan facultades para hacer actividades que no están en su competencia como la seguridad pública.

“En lugar de enviar un mensaje de que se van a generar límites y controles al actuar, el mensaje es que te vamos a dar más poder y no se generan controles civiles a las fuerzas armadas”, expone.

Así mismo, indica que pese a la reforma de 2014, sí han visto cómo los ministerios públicos dan un trato diferenciado cuando los perpetradores son elementos de las fuerzas armadas. “No hay ese mismo impulso de los ministerios públicos, de asegurarse que las fuerzas armadas entreguen toda la información”.

Comenta que pese a que hay seguimiento de los ministerios públicos, persisten los problemas para que las investigaciones sean más amplias y no solo se limiten a los elementos de menor rango, sino que exista una real rendición de cuentas de las fuerzas armadas como institución.

Estos cuartos fueron testigos del horror que vivieron las mujeres que no alcanzaron a huir de los militares

Levantarse

Brissa recuerda que después de la agresión, se sentía intimidada, paranoica. Así estuvo por más de un año, hasta que asimiló su tragedia gracias a la terapia que recibió.

Muchas personas las tacharon de prostitutas y defendían al Ejército. La gente le preguntaba qué le habían hecho, más por morbo que por otra cosa.

-La gente habla a lo tonto. Hubieran estado ahí para que se dieran cuenta de lo que en verdad pasó.

Brissa tiene ahora su negocio de comida casera. Trabaja en casa y en ocasiones también sale a la calle a hacer publicidad móvil mediante perifoneo. Tiene 43 años.

Brissa recuerda aquel 11 de julio de 2006 como si fuera ayer. Pero asegura que se supera. Platica que no se puede vivir cargando con ello, y que la mejor terapia es enfocarse en la familia y seguir adelante.

Después de lo sucedido trabajó en Altos Hornos de México donde conoció al padre de su tercer hijo. Ya es abuela. Su hija tiene 25 años, su otro hijo 23 y el más chico 13. Se separó del padre de su tercer hijo hace unos años. Asegura que nunca les habló a sus hijos con mentiras porque no tiene tapujos para relatar lo que sucedió. Ella es la víctima, no la culpable.

Menciona que de la agresión sufrida, aprendió a valorar la vida, a cuidarse y estar más cerca de su familia. A dar y recibir apoyo.

Su frase es: si se tropieza uno y se cae, hay que volverse a levantar. No hay de otra. “Hay que salir adelante, sí se puede”.

_______________________________________

*Francisco Rodríguez Lozano. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la universidad La Salle Laguna. Tiene más 15 años ejerciendo el periodismo, principalmente en temas de derechos humanos, efectos de la violencia y corrupción.

A lo largo de su trayectoria se ha hecho acreedor a reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación, el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, así como menciones honoríficas en el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, entre
otros.

*Jesús Peña. Licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene 25 años ejerciendo el periodismo con enfoque social y por dos décadas ha sido reportero del diario Vanguardia de Saltillo.

A lo largo de su trayectoria se ha hecho acreedor a reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo y menciones honoríficas en los premios Don Quijote del Rey de España y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la excelencia periodística, entre otros.

Esta pieza periodística ganó el segundo lugar en el concurso de Periodistas contra la tortura  elaborado por Documenta en el año 2022.