Acusan inacción ante dictamen por abuso

Por: Isabella González / Reforma

La organización Documenta advirtió que a seis meses de que la ONU determinara que el Estado mexicano es responsable por violar los derechos de un hombre con discapacidad, el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna de las recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En entrevista con REFORMA, Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, señaló que el pasado 6 de marzo se venció el plazo que el Comité le dio al Estado mexicano para que diera informes sobre los acciones que se han llevado a cabo para cumplir las recomendaciones que se hicieron por el caso de Arturo Medina Vela, acusado en 2011 por el robo de un vehículo, aunque él no sabe manejar.

«En el dictamen, el Comité le da al Estado mexicano seis meses para informarle qué acciones se han llevado a cabo para cumplir las recomendaciones», explicó la especialista en entrevista telefónica.

«No se ha avanzado en ningún sentido, ni tanto en el reconocimiento ni la disculpa pública ni la reparación del daño hacia Arturo ni en modificaciones que tienen que ver con la legislación, las políticas públicas, la implementación de ajustes para las personas con discapacidad cuando se enfrentan a la justicia», añadió.

Aseveró que no ha habido ni una mesa de trabajo y que aunque le toca a la Secretaría de Gobernación darle resolución a este caso, se lo pasó al Conapred.

«Nosotros tuvimos una reunión con Conapred para ver cómo podíamos avanzar pero van a paso de tortuga. Va muy lento, pensando que hace seis meses se emitió el dictamen y no ha quedado claro cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo», dijo.

Sheinbaum destacó además que es el primer caso que se resuelve en el comité y que fue México el país que promovió en el seno de las Naciones Unidas que se hiciera un Tratado Internacional para Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad.

«Sorprende y preocupa la falta de interés en el tema. Es una fachada en favor de los derechos humanos y ante obligaciones internacionales, pero la implementación misma lo que predomina es una inacción absoluta», criticó.

Documenta envió este caso al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el cual revisa la implementación del Estado mexicano de la Convención, y además de examinar al Estado mexicano cada cuatro años también tiene la posibilidad de enviar casos individuales.

«Al Estado mexicano le toca ir frente al Comité este año en agosto de 2020. Tiene que ir para su segunda revisión», recordó.

A Medina Vela, durante todo el proceso penal le violaron el debido proceso, negándole la posibilidad de aportar pruebas, de defenderse o impugnar las resoluciones, incluso no pudo designar a sus defensores, y fue sancionado con una medida de seguridad que implicó la privación de su libertad por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, del Reclusorio Sur.

La resolución del Comité planteó la necesidad de reparar el daño a Medina Vela y como medida de no repetición ajustar la norma mexicana.

Esta nota fue originalmente publicada por Reforma y es reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión original aquí.

Ven retroceso en traslado de reos sin orden

Por: Anotonio Baranda / Reforma

María Sirvent Bravo Ahuja, directora de «Documenta, Análisis y Acción para la Justicia», calificó como retroceso la propuesta del Gobierno federal de cambiar a reos de penal sin orden judicial.

En entrevista, la activista advirtió que si esa facultad recayera exclusivamente en las autoridades penitenciarias, no sólo se vulneraría el debido proceso, sino que se podría incurrir en abusos.

«Creemos que esta propuesta de reforma es un retroceso a la vanguardia que representa la Ley Nacional de Ejecución Penal», sentenció.

«Si nada más la facultad la va tener el sistema penitenciario, sin consultarle a la persona, sin escucharla, no se estaría garantizando el debido proceso y no estaría existiendo acceso a la justicia».

REFORMA publicó hoy que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca que el traslado de reos no dependa del Poder Judicial, sino que sea facultad de las autoridades penitenciarias.

La dependencia planteó a legisladores una reforma al Artículo 18 constitucional en ese sentido, misma que consideró prioritaria.

«Es un hecho (que habría abusos), de hecho ya se abusa, porque ya siempre se dice que se trasladó a la persona por cuestiones de seguridad», comentó Bravo.

«Nosotros entendemos que hay momentos en los que sí es cierto, pero hay muchos en los que no es cierto, y entonces se abusaría».

Bravo consideró que los posibles traslados sin autorización judicial también violentarían el derecho a la defensa del reo, y pondrían a éste en riesgo de sufrir violaciones de otros derechos.

Recordó que la ley ya permite que en casos urgentes o por cuestiones de seguridad se cambie al reo sin autorización previa.

No obstante, enfatizó, el juez tiene un plazo de 48 horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado.

«En estos casos urgentes o que se vulnere la seguridad, (se podría hacer) algo mixto, que se flexibilice, se agilice, pero que después se notifique al juez de ejecución, y que sobre todo se cumpla con salvaguardas, con garantías que velen por la integridad de las personas trasladadas», expuso.

«Que no se traslade durante la noche, que sí se le notifique a la familia, que la ley establezca ciertas garantías a respetar, porque si no se vuelven momentos completamente obscuros en los que la persona puede ser víctima de violaciones a muchísimos de sus derechos».

La directora de Documenta afirmó que, de aprobarse esta propuesta, se estaría dando un golpe más al sistema garantista.

Esta nota fue originalmente publicada por Reforma y es reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión original aquí.

En la imagen, María Sirvent, directora de Documenta junto con el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California

Colaboran CEDH Baja California y Documenta para prevenir tortura

Redacción | El Mexicano

El ómbudsman de Baja California, Miguel Mora y la directora general de Documenta A.C., María Sirvent Bravo, informaron que a través del convenio se formalizan mecanismos de colaboración y apoyo, con el propósito de realizar actividades de promoción, capacitación, educación y divulgación de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las personas privadas de su libertad, personas con discapacidad así como la prevención y el combate a la tortura.

Asimismo, el Presidente de la CEDHBC manifestó que el Mecanismo de Prevención de la Tortura, en cuya implementación se recibirá apoyo de Documenta A.C., surge del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Cabe mencionar que Documenta es una organización de la sociedad civil que a través de estrategias basadas en la articulación del litigio, la investigación y el cine documental, busca incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia y en la construcción de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, así como de las personas con discapacidad en México.

Esta nota fue originalmente publicada por El Mexicano y es reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.

Dependencias ignoran a personas con discapacidad: CNDH

Notimex

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que instancias gubernamentales federales y estatales ignoran a 7.5 millones de personas con alguna discapacidad.

Al presentar el Atlas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Ismael Eslava Pérez, primer visitador general del organismo defensor, expuso que las 799 instancias gubernamentales federales y estatales a las que se solicitó información estadística sobre ese tema señalaron contar con ella, pero no desagregada.

Agregó que incluso se detectaron casos en que refieren incongruentemente que tener tal información afectaría la esfera jurídica de los 7.5 millones de personas con alguna discapacidad en el país.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se declararon no competentes para proporcionar la información, por carecer de datos sobre el número de inspecciones realizadas a empresas para garantizar la accesibilidad laboral de las personas con esa condición.

La Secretaría de Educación Pública si bien señaló que no tenía sistematizados los datos sobre la matrícula de las personas con alguna discapacidad en escuelas públicas por nivel educativo, orientó para que se pudiera consultar la información de forma remota, explicó Eslava Pérez.

Esta nota fue originalmente publicada por El Pulso y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.

OSC crean ‘Observatorio contra la tortura’ en México

Redacción | Noticieros Televisa

La plataforma «Observatorio contra la tortura«, que denuncia las carencias en la implementación de la Ley General contra la Tortura en México, fue presentada este miércoles por varias organizaciones de la sociedad civil y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el país.

La nueva herramienta, alojada en el portal www.sintortura.org, expone con datos e interpretaciones las deficiencias federales y estatales en la aplicación de esa ley, que aprobada en 2017 busca prevenir que el Estado utilice la tortura, por ejemplo, para obtener pruebas o confesiones.

“Sabemos que, en los últimos años, los organismos internacionales de derechos humanos que han revisado la situación de la tortura en México han constatado que es un fenómeno generalizado”, explicó el responsable de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab.

Cifras que no varían

Las cifras no mejoran en lo a que víctimas registradas se refiere, ya que, del 2014 al 2018, hubo solo 513 registros a nivel federal, por los 9.998 expedientes de investigación abiertos en el mismo lapso de tiempo.

De todos los casos abiertos en esos cuatro años, solo 100 personas, es decir, el 1 %, pudo tener una reparación integral por parte de las autoridades y de acuerdo a lo que establece la Ley, reveló Natalia Pérez Cordero, de la ONG Fundar.

Esta nota fue originalmente publicada por Televisa y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.

Sistema penitenciario, en focos rojos; falla reinserción

En la actualidad, el Sistema Penitenciario en México se encuentra con focos rojos, debido a problemas graves de hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno, lo que propicia que las personas que están privadas de su libertad padezcan de situaciones de tortura, advirtió la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), la cual urgió a que se revise el modelo actual y se de una salidas a la crisis que se vive en las cárceles del país.

En entrevista con El Sol de México, José Luis Gutiérrez Román, director de AsiLegal, indicó que derivado de diversos informes de instancias nacionales e internacionales, se ha documentado que los presos en las cárceles mexicanas son víctimas de tortura por lo que es necesario evaluar el Sistema Penitenciario para erradicar este problema.

Indicó que las autoridades penitenciarias deben dejar atrás el trato a los reclusos por sus perfiles delictivos y aplicar las reformas que aprobaron a partir de 2008 en el Sistema Adversario y el modelo de la reinserción social.

Autogobierno

AsíLegal expuso que en la mayoría de las prisiones del país existe un severo problema relacionado al autogobierno y la falta de personal preparado y capacitado para cumplir con lo que se establece en la Ley Penitenciaria y que va en concordancia a lo que dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2019.

La CNDH documentó el estudio de 203 de 309 centros de reclusión que existen en México, con lo que se abarcó el 94 por ciento de la población recluida en el país, ubicados en cárceles para varones, mujeres y mixtas.

De esto, encontró que uno de cada tres centros de reclusión tiene condición de autogobierno o cogobierno con las autoridades penitenciarias, lo que ha demostrado la incapacidad de las instituciones para aplicar la ley.

Además, el organismo identificó deficiencias importantes en la falta de prevención y atención a incidentes violentos en la mitad de los penales que fueron sujetos a evaluación, además de que se encontró que se realizan cobros indebidos y actos de corrupción.

Esta nota fue originalmente publicada en El Sol de México y es parcialmente reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión completa aquí.