Urge que Gobierno Federal instale la Comisión encargada de dar seguimiento a Ley de Amnistía

 

  • A más de un mes de la entrada en vigor de la nueva Ley, el Ejecutivo Federal no ha definido ni integrado la Comisión que dará seguimiento a las solicitudes de amnistía.
  • Urge concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas y aplicar la nueva norma para  despresurizar el sistema penitenciario en el contexto de crisis sanitaria por COVID-19  

 

28 de mayo de 2020. A más de un mes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el Ejecutivo Federal sigue sin integrar la Comisión que se encargará de recibir y aprobar las solicitudes de amnistía. 

Es urgente que la autoridad conforme dicha Comisión, sin agotar el plazo máximo de 60 días hábiles establecidos por la Ley, a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas, bajo el fuero federal. 

Esta medida tomaría particular importancia durante la pandemia por COVID-19, pues de aplicarse a la brevedad, la Ley de Amnistía contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles, y con ello disminuirá los riesgos de contagio y decesos por coronavirus en el sistema penitenciario. 

Tal como lo hemos señalado desde la sociedad civil, y en sintonía con algunos senadores y senadoras que aprobaron la Ley de Amnistía: despresurizar el sistema penitenciario constituye un primer paso crucial para proteger los derechos de las personas que se encuentran dentro y fuera de prisión.  

Al 26 de mayo, la CNDH había reportado 177 personas privadas de la libertad contagiadas de COVID-19 y 37 decesos, por lo que reducir la población penitenciaria resulta apremiante.

La pronta implementación de la nueva Ley constituirá un paso importante para garantizar el reconocimiento de derechos y acceso a la justicia de poblaciones históricamente criminalizadas y vulneradas; y, de la mano con los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) configuraría la oportunidad de otorgar beneficios más integrales y efectivos a la población penitenciaria en el país.

Lamentablemente, la falta de voluntad de los agentes estatales ha impedido la plena implementación de ambas normas.  

Por lo anterior, exhortamos al Ejecutivo Federal a que instale dicha Comisión lo antes posible, y empiece a resolver casos de manera expedita.    

Asimismo, llamamos a que se tome en cuenta lo siguiente, con objeto de garantizar que todas las personas potencialmente beneficiarias accedan a los beneficios:

  1. Definir a las y los operadores de justicia del Poder Judicial Federal que evaluarán lo que la Comisión determine.
  2. Publicar los procedimientos para la recepción y trámites de solicitudes de amnistía.
  3. Difundir dicho procedimiento en los centros penitenciarios, en un lenguaje accesible para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, que no saben leer o hablantes de otro idioma.
  4. Garantizar el acceso a defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen los trámites de las amnistías.
  5. Así como asegurar un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas beneficiarias. 

Celebramos la aprobación de la Ley de Amnistía porque contribuye a reconocer la deuda que se tiene con diversos grupos históricamente vulnerados y es un importante precedente para garantizar su acceso a la justicia, pero es imprescindible  avanzar en su implementación. La salud y la vida de miles de personas dependen de ello.

El tiempo es ahora. 

 

#AmnistíaYA 

 

Atentamente,

EQUIS Justicia para las Mujeres

Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.

COMUNICADO: Juez ordena a gobierno de AMLO garantizar salud en psiquiátricos ante COVID19; solicitamos a López- Gatell pronunciarse

  • Documenta A.C. interpuso el pasado 24 de abril una demanda de amparo contra el Consejo de Salubridad, dependiente directo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
  • Juez ordenó al gobierno proteger los derechos a la vida, salud, trato digno, a la comunicación y a la igualdad y no discriminación de las personas internadas en los 39 psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia.
  • Solicitamos al subsecretario Hugo López-Gatell, vocero del Gobierno federal durante la contingencia, informar puntualmente de la situación de esta población y el personal que labora en hospitales psiquiátricos.

 

Ciudad de México, 8 de mayo de 2020. Tras interponer un amparo el 24 de abril, Documenta A.C. logró que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, concediera este 6 de mayo una suspensión de plano para que el Gobierno Federal informe e implemente acciones para proteger la vida, la salud y los derechos de personas internadas en hospitales psiquiátricos.

Esto, porque ninguna autoridad sanitaria ha informado o implementado las medidas específicas necesarias que han sido indicadas por organismos internacionales en el contexto de la pandemia por COVID-19 para la atención a esta población en alta vulnerabilidad de contagio.

En respuesta, el Juez ordenó que las autoridades protejan el derecho humano a la salud, de las personas internadas en hospitales psiquiátricos garantizando: 1) el suministro básico de higiene personal y de limpieza de espacios, así como medidas de sana distancia; 2) la realización de pruebas de COVID-19 bajo consentimiento expreso de pacientes y personal para detección de posibles casos a efectos de evitar el contagio; 3) la aplicación de los protocolos de prevención sanitaria respecto del virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud; 4) la implementación de medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención y evitabilidad de contagio.

La autoridad judicial también solicitó 5) garantizar el apoyo psicoemocional profesional para las personas internadas; 6) realizar las acciones necesarias para que las personas usuarias de los servicios de salud mental que cuenten con redes de apoyo familiar o social no sean ingresados a hospitales psiquiátricos de forma involuntaria, atendiendo a que esto podría suponer un riesgo para su salud y 7) garantizar el contacto de las personas internadas con el exterior llamadas telefónicas, videollamadas u otras tecnologías de la información y la comunicación.

Finalmente, el Gobierno federal deberá 8) garantizar el acceso a la información de las personas internadas, así como de sus familiares sobre las medidas implementadas durante la emergencia por COVID-19, en un lenguaje claro y sencillo.

Estas medidas deberán aplicarse en los 39 hospitales psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud que brindan atención intrahospitalaria que se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo con datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en 2018 la población en internamiento en hospitales psiquiátricos era de dos mil 682 personas: mil 488 hombres, mil 106 mujeres, 48 adolescentes hombres y 40 adolescentes mujeres. No obstante, esta cifra es fluctuante y no existe información oficial disponible respecto del número actual.

Es urgente que el Gobierno acate las medidas ordenadas por el Poder Judicial, puesto que las personas internadas en hospitales psiquiátricos se enfrentan a condiciones que las colocan en un mayor riesgo: imposibilidad de practicar el distanciamiento social, falta de higiene y recursos materiales básicos, instalaciones en condiciones deficientes, barreras para acceder a información y ausencia de mecanismos para acceder a la justicia, además de una profunda discriminación, estigmas y tratos que atentan contra la dignidad humana.

Según reportes periodísticos, hasta el momento, cuatro personas internadas en el hospital psiquiátrico de Yucatán han dado positivo a COVID-19.

Es imprescindible que el Gobierno responda a sus compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos de personas usuarias de los servicios de salud mental y atienda las recomendaciones realizadas en el contexto de la pandemia por organismos como los comités contra la Tortura y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de o para personas con discapacidad y especialistas.

Hacemos un llamado al Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, a pronunciarse al respecto y detallar en sus conferencias de prensa con motivo de la pandemia las acciones que el gobierno ha tomado en los hospitales psiquiátricos del país. Hasta este 8 de mayo no ha existido mención alguna de la situación de la salud, los riegos y las medidas de prevención y atención dirigidas a todas las personas internadas y al personal que labora en estos espacios.

Ellas han sido históricamente aisladas de la sociedad, estigmatizadas y olvidadas en su confinamiento. No respetar su derecho a la salud y la vida no sólo es enviar un mensaje de negligencia, sino que constituye un acto de discriminación enraizado en la política estatal.

 

Atentamente

Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.

Imagen ilustrativa con un altavoz y la palabra "pronunciamiento"

Pronunciamiento: Sociedad civil llama a impulsar reformas que respeten los derechos de personas con discapacidad

  • Iniciativa presentada por Ricardo Monreal Ávila no contribuye a resolver de manera estructural la discriminación, criminalización y violaciones a derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial que se enfrentan al sistema de justicia penal.
  • Urge que México atienda las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto a la eliminación de las medidas de seguridad y la necesidad de reformar la figura de inimputabilidad.
  • OSC y activistas convocamos al senador y al Poder Legislativo a un diálogo abierto y democrático para revisar y construir en conjunto las reformas necesarias.

Ciudad de México, 30 de enero de 2020. Esta semana, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 67 del Código Penal Federal con la que busca que personas con discapacidad psicosocial e intelectual declaradas inimputables sean internadas en centros especializados con el fin de proveerles del “tratamiento penal correspondiente” y garantizar su derecho al acceso a la salud.

Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes coincidimos con la urgente necesidad de “implementar mejores prácticas y criterios en cuanto a la imposición de las medidas de seguridad y tratamiento para las personas inimputables”, como la iniciativa señala, sin embargo, consideramos que plantear la creación de instituciones especializadas como una solución refleja una mirada reduccionista sobre el problema de la salud mental y, peor aún, alienta la reproducción de un esquema de atención fallido que ha demostrado ser ineficiente y provocar aún mayores sufrimientos que los que busca resolver.

Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Relator sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, la Relatora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, reconocen el necesario y urgente viraje que debe tomar la atención a la salud mental: la institucionalización, la privación de la libertad, el rompimiento de vínculos sociales y la segregación distan mucho de ser una respuesta adecuada puesto que atenta por sí misma contra la salud mental. 

En ese sentido, cualquier iniciativa que aborde este tema debe alejarse de la creación de más espacios de aislamiento y pronunciarse por enfoques de recuperación en donde se privilegie la atención en la comunidad, la restitución de los vínculos sociales, el proyecto de vida y la inclusión en la sociedad. 

Si se busca dar una respuesta adecuada a la situación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que se enfrentan al sistema de justicia penal y penitenciario es necesario atender  las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el examen al Estado mexicano de 2014 y las vertidas en el dictamen del caso Arturo Medina vs. México en 2019 que señalan la necesidad de eliminar las medidas de seguridad que implican tratamiento médico-psiquiátrico forzoso en internamiento y reformar las legislaciones a nivel local, estatal y federal en relación con la figura de inimputabilidad. 

La intención de proteger los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito penal no debería traducirse en la creación de nuevos espacios de institucionalización, pues se trata de una respuesta que refleja los prejuicios que históricamente han llevado a su exclusión y aislamiento.

Los esfuerzos deben volcarse a garantizar su igualdad ante la ley; el acceso a la justicia mediante la implementación de ajustes de procedimiento y a garantizar su derecho a la libertad y seguridad personales, es decir, a que no sean privadas de la libertad en razón de su discapacidad ni sean sometidas a abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

En tanto logramos lo anterior, urge sin lugar a dudas garantizar condiciones de vida digna a las personas que actualmente han sido declaradas inimputables y se encuentran sujetas a medidas de seguridad a través del mejoramiento y monitoreo constante de sus condiciones de reclusión; la suspensión del control farmacológico excesivo y forzoso; la creación de planes de actividades adecuados a las necesidades de cada persona, la implementación de programas de apoyo para su recuperación, inclusión y reintegración comunitaria; así como la apertura de los centros penitenciarios a observadores externos que puedan coadyuvar a la promoción y respeto de sus derechos.

Exhortamos al senador Ricardo Monreal y al Poder Legislativo a abrir un diálogo con las personas con discapacidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas privadas de la libertad para revisar la iniciativa y, en conjunto, construir las rutas que garanticen el respeto pleno de sus derechos. 

 

Firman

Organizaciones:

Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C.

Colectivo Chuhcán A.C.

Elementa DDHH, A.C.

Disability Rights International

EQUIS Justicia Para las Mujeres A.C.

SinColectivo

Fundación Taiyari compartir por la inclusión A.C.

Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad S.C.

Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad A.C.

Familias y Retos Extraordinarios A.C.

Actúa DF

Progrésale A.C.

Jale Social A.C.

Fundación Progreso Paz y Equidad para la Familia A.C.

ReverdeSer Colectivo A.C.

Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex)

Cepaj A.C.

Mexicanos Haciendo Bola A.C.

Re-Code MX A.C.

Trisomía 21 México A.C.

Instituto RIA A.C.

Citizen Comision of Human Rights México S.A. de C.V.

Personas:

 

Grecia Guzmán Martínez

Renata Demichelis Ávila

Lisbet Brizuela Ochoa

Karina Salazar Negrete

Gabriela Aragón Zamorano

Iván Maceda Mejías

Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez

Roxana Pacheco Martínez

Martha Gabriela García Álvarez

María Teresa Fernández Vázquez

Margarita Garfias Hernández

Marialú Castro Zaragoza

Paula Méndez Azuela

Lina Marisol Lira Marín

Cintia Aguilar Delgadillo

Mariel Godoy Alcalde

Dulce Medina Estrada

Fátima Itzayana Reyes Osorio

Víctor Lizama Sierra

Nora Robledo Frías

Irma Gaxiola López, madre de un joven con discapacidad intelectual.

Manuela González, madre de un joven con discapacidad intelectual.

Vicente Salazar Melchor

Angélica Ospina-Escobar

Felipe Orozco Salazar

Rodrigo Martínez Lara

Alma Mendoza Orozco

Rebeca Dalia Mendoza Cruz

Zeferina Catalina Torres Cuevas

Cintya Laurel Loza

Agustín Marte Pérez Cordova

Ruth Carolina Rosales Flores

Paulina Domínguez Salazar

María Angelina Silveyra Baquedano

Laura Nohemí Acosta Martínez

Esther Negrete Pérez de Alba

Yamith Bátaz Carballo

Nancy Reyes, Accesibility Lab

Zara Snapp

Jonathan Balam Trejo Vázquez

Javier Reyes San Juan

Laura Cortés Hernández

José Adrián Velázquez Duque

Jonathan Bañan Trejo Vázquez

Ivonne Vike Tiscareño

Ilse Ivonne López

Ricardo Chávez

Ricardo Castillo Hernández

Óscar Miguel Lupa Estrada

Nancy Cerón Martínez

Marco Antonio Anguiano

Luis Antonio Resendiz Beldrán

Rogelio Gómez Huitrón

Natalia Santos Estrada

Raúl Montoya Santamaría

Eunice Díaz de la Vega Escobar

Ricardo Sánchez Aguilar

Isabel Cancino Licona